Las empresas catalanas son obligadas a pagar al contado tras el golpe de Estado de Puigdemont

Las empresas catalanas que compran bienes y servicios al resto de España están sufriendo una restricción crediticia superior a la registrada en los peores momentos de la crisis financiera de 2008. Sus clientes les están exigiendo que abonen todas las facturas al contado sin permitirles ningún tipo de aplazamiento, debido a la inseguridad jurídica que existe en Cataluña tras el golpe de Estado de Carles Puigdemont y sus socios de ERC y la CUP.

La economía catalana importa del resto de España cada año bienes y servicios por valor de 21.313 millones de euros, siendo la segunda comunidad autónoma que más saldo tiene –tras la Valenciana– según el último informe sobre comercio interregional que elabora el Centro de Predicción Económica (Ceprede). Una buena parte de esta cantidad corresponde a compras que realizan las empresas para poder llevar a cabo su actividad y cuyo pago puede aplazarse –previo acuerdo entre las partes– de 30 a 60 días. Es lo que se denomina un crédito comercial que da el vendedor al comprador.

Sin embargo, en el caso de las compañías catalanas este crédito comercial se ha cortado tras el referéndum ilegal del pasado uno de octubre y el posterior pulso de Puigdemont con el Gobierno. Fuentes gubernamentales admiten a OKDIARIO que las empresas del resto de España han comenzado a exigir a las que operan en Cataluña el pago inmediato en todas las transacciones. Esto está provocando un estrangulamento financiero en el sector privado catalán, lo que obliga a los empresarios a acudir en masa a las entidades bancarias para que les amplíen sus líneas de crédito y así poder hacer frente a los abonos.

La razón de esta exigencia no tiene ningún tipo de componente de ideología política ni se puede atribuir a boicots, sino al temor que tienen las empresas del resto de España a no poder cobrar si es necesario acudir a la vía judicial. “Tenemos miedo de que dentro de un mes no nos paguen las facturas y no podamos ir a un tribunal a pedir el embargo porque el ordenamiento jurídico no sea el español, sino el de la nueva República catalana”, señala a OKDIARIO el director general de una empresa cordobesa que es proveedor de una compañía catalana.

El impacto de una sequía de crédito comercial como consecuencia de la desconfianza es muy elevado y amenaza con llevarse por delante una buena parte del tejido industrial de Cataluña si no se garantiza pronto la seguridad jurídica a todos los que mantienen intercambios comerciales con agentes económicos de esta comunidad autónoma. Si la falta de confianza se extiende a las empresas extranjeras que venden bienes y servicios a las compañías catalanas el golpe sería inasumible, ya que cada año Cataluña importa productos por valor de 77.285 millones de euros.

En la crisis financiera mundial que comenzó con el estallido de la crisis de las hipotecas basura en EEUU (las conocidas como subprime), uno de los primeros elementos que dinamitó la actividad empresarial en España fue la paralización de las operaciones de descuento de papel comercial (pagarés) y la ausencia de crédito comercial. Los departamentos de tesorería de las empresas no están preparados para abonar sus facturas en el momento en el que reciben los bienes y servicios, y cuando existe restricción crediticia se pone a prueba la estabilidad financiera de las compañías. Muchas de ellas no sobreviven al proceso.

Bajo todo esto subyace el hecho de que el riesgo potencial que asume el proveedor cuando otorga un crédito comercial es tener deudas incobrables. Si los compradores no pagan en el plazo establecido se produce un golpe a la posición de efectivo del vendedor y, por lo tanto, se reduce también la rentabilidad de su actividad por tener que hacer frente a mayores costes derivados de su menor capacidad para abonar sus propias facturas.