El Consejo General de Dentistas exige las razones por las que se rescató a Vivanta con dinero público

• Alicia Bonilla
• Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
• • 11/03/2026 09:07
  • Actualizado: 11/03/2026 09:07

Cerca de ocho años después del cierre de iDental, muchos de los pacientes afectados todavía no han recibido una solución a sus problemas bucodentales ni han recuperado el dinero de sus tratamientos sin finalizar. Sorprendentemente, tampoco se ha elaborado una ley de publicidad estatal que regule los mensajes que se lanzan para que la información que se difunda sea clara, veraz y esté basada en la ética y el conocimiento. También es preocupante que la Administración no haya tomado ninguna medida para evitar que se repitan hechos como el de iDental y, por lo tanto, nada impide que pueda suceder de nuevo.

La actuación Consejo ha sido firme y continuada desde el primer momento:

• Está personado en la causa judicial seguida ante la Audiencia Nacional como acusación popular para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
• Coordinó actuaciones con los Colegios Oficiales de Dentistas en todo el territorio nacional.
• Publicó información con las directrices que podían seguir los pacientes afectados.
• Trasladó a las autoridades sanitarias y de consumo la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre determinadas estructuras empresariales en el ámbito sanitario para evitar que se reprodujeran modelos que pudieran comprometer la calidad asistencial.

El rescate de Vivanta

En cuanto a la situación de Vivanta, cabe recordar que, a finales de 2021, dicha compañía de clínicas odontológicas, propiedad de un fondo de capital riesgo, pidió a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) un préstamo de 40 millones de euros, una solicitud que fue aprobada por el Gobierno alegando que era una empresa estratégica, aunque nunca se han conocido las circunstancias que llevaron a catalogarla de esta forma.

El Consejo General de Dentistas se mostró contrario a esta decisión, pues ese rescate público supuso un agravio comparativo respecto a miles de clínicas dentales que, con recursos propios y asumiendo endeudamiento, siguieron ofreciendo asistencia sanitaria durante la crisis de la pandemia.

En mayo de 2023, el Consejo General de Transparencia estimó el recurso presentado por el Consejo General de Dentistas frente a la resolución de la SEPI por la que se denegaba el acceso a todos los informes y documentos en los que se basaron para declarar a Vivanta como empresa «estratégica». Es decir, Transparencia consideró «innegable» el elevado interés público en conocer la justificación de estas ayudas públicas. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda (al que pertenece la SEPI) recurrió esta decisión y, por ahora, no hay sentencia al respecto.

Asimismo, Vivanta alcanzó un acuerdo con la SEPI para retrasar hasta julio de 2028 la devolución del rescate financiero de 40 millones de euros que recibió en 2022, De nuevo, una clara situación de privilegio de Vivanta frente a otras empresas y autónomos que no recibieron ningún tipo de ayuda estatal y que tuvieron que recurrir a préstamos privados con condiciones mucho más exigentes. Por ello, el Consejo General de Dentistas insiste en conocer el porqué de esta decisión.

La personación del Consejo en estas causas no es simbólica. Es un compromiso con los pacientes afectados y con la dignidad de la profesión. Por tanto, seguirá exigiendo responsabilidades hasta el final en ambos casos.