Las carreteras acumulan un déficit de inversión de 15.000 millones mientras el Gobierno recauda un 46% más de los conductores

Cuando la opinión pública en España está centrada en el fatal accidente ferroviario acaecido en Urda (Toledo) el pasado miércoles y en la cadena de errores que provocaron aquella tragedia, incluyendo los factores a corto plazo —posibles fallos técnicos y humanos el día de autos— y a largo plazo —insuficiencia de la inversión en mantenimiento de la red férrea—, cabe preguntarse cuál es el estado real de conservación del resto de las infraestructuras críticas de nuestro país.

En un reciente informe, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) cifraba en 12.000 millones de euros el déficit inversor acumulado en las infraestructuras españolas; es decir, que esa es la cantidad que habría que poner sobre la mesa para que el stock de capital del sector —léase, carreteras, vías, puertos, estaciones, etc.— se recuperara de la depreciación que ha sufrido en los últimos años. Añádase a esto el dinero que será necesario en los próximos ejercicios para mantener la obra civil en un estado óptimo de modernidad y adaptación a lo que hoy son los estándares de calidad, y la cifra sube a 113.809 millones de euros en gastos necesarios de aquí a 2035.

Como ya se ha avanzado, esto afecta a carreteras, vías de tren, puertos, aeropuertos, presas o pantanos, aunque hay un orden de prioridades de las cosas que más preocupan a los españoles. Después del ferrocarril, que este año ya se ha llevado por delante las vidas de 115 personas en tres dramáticos accidentes, y con permiso de las infraestructuras hidráulicas —la elevada mortandad de la DANA en Valencia es achacable en parte a una mala planificación en la gestión de las cuencas—, lo que más sufren los españoles es la mala condición de las carreteras.

Esto es importante porque al volante también mueren personas, y muchas más que en accidentes de tren; en 2025, y según datos de la DGT, las víctimas mortales en carretera alcanzaron las 1.775, cifra que es prácticamente idéntica a la del curso anterior y que revela un estancamiento en los resultados del esfuerzo por reducir la siniestralidad. Aparte de menos segura —y, por supuesto, nunca un accidente es solo o ni siquiera culpa del firme—, una calzada mal conservada también es menos cómoda, cosa que no es poco importante, ya que en nuestro país el 96% de las mercancías viajan en camión y seis de cada diez personas van al trabajo en coche.

Sobre la falta de conservación de la red vial hay una gran variedad de datos, aunque todos apuntan en la misma dirección. Recientemente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció un déficit acumulado de más de 5.000 millones de euros en vías de todo tipo, aunque desde el Instituto Juan de Mariana —un think tank liberal— elevan la cifra a 15.000 millones. El IEE, por su parte, la sitúa en 1.300 millones si sólo se trata de recuperar el terreno perdido en mantenimiento en el período 2013-2024 y en 3.700 millones para restituir el stock de capital depreciado, mientras que Seopan, la principal patronal de la construcción de obra civil en nuestro país, calcula unos 11.500 millones en inversiones pendientes, y la Asociación Española de la Carretera, unos 13.400.

Es evidente que las cosas no se han hecho bien o, cuanto menos, que las Administraciones no han gastado lo suficiente, extremo que resulta paradójico si se tiene en cuenta que durante los últimos años el actual Ejecutivo ha gozado del viento de cola que le proporcionaban los buenos datos de avance del PIB, los casi 80.000 millones recibidos en fondos europeos del programa Next Generation y, sobre todo, la recaudación récord.

Desde 2018 se han aprobado más de 140 subidas de impuestos y cotizaciones que han elevado un 40% los ingresos del Fisco —principalmente, por la negativa de Moncloa a adaptar los tramos del IRPF a la inflación galopante—, aunque la comparación más pertinente es la que se obtiene al cotejar los gravámenes que pagan los conductores por tener un coche con el cuidado que las Administraciones le dedican a las carreteras por las que circulan.

Ese es precisamente el cálculo que ha realizado la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) en un reciente informe en el que advierte de que en 2025 el Estado recaudó casi 42.000 millones a los españoles que tienen un coche, un 4% más que un año antes, sin que eso se haya traducido en una mejoría del gasto en conservación de la red vial. Concretamente, el esfuerzo inversor en este campo es de apenas 3.000 millones al año, según el Instituto Juan de Mariana, lo que equivale a decir que los conductores pagan 15 euros en impuestos por cada euro que se invierte en conservar la red.

Evidentemente, los gravámenes que abonan los dueños de un coche no están necesariamente ideados para dedicarse al mantenimiento de las calzadas, pero sirven para hacerse una imagen de lo que los españoles han recibido a cambio por lo que han pagado durante estos años.

Y han pagado más, mucho más. Desde 2017, un año antes de que Mariano Rajoy dejara el Gobierno, los ingresos totales del Fisco por los impuestos que guardan relación con la compra, mantenimiento o circulación de un vehículo (IVA, Impuesto de Circulación, Transferencias o tasas por obtención de licencias, entre otros) se han incrementado un 46%, mucho más que la inflación registrada en el período (31%).

Y mientras esto ocurría, el estado de las carreteras se deterioraba hasta el punto de que más de la mitad de éstas presentan defectos importantes y cerca de 34.000 kilómetros deberían ser reconstruidos a corto plazo, tres veces más de lo que se estimaba hace un par de ejercicios. Se trata de «la peor situación desde finales de la década de 1980», apuntan desde el Instituto Juan de Mariana.