Ampliación del Popular, quiebra catalana y deuda eléctrica hasta 2028

Comienza la semana y con ella la actualidad económica. Los principales diarios especializados dedican sus portadas a una variedad de temas, entre los que destacan la nueva ampliación de capital del Banco Popular, la difícil situación de las finanzas públicas catalanas tras la retirada del apoyo de la CUP al gobierno de Puigdemont y el elevado volumen de deuda eléctrica que se ha generado como consecuencia del déficit de tarifa, alcanzando una cantidad superior a los 23.000 millones de euros.

El diario Expansión asegura que el Popular ha recibido “peticiones para su ampliación por 4.000 millones de euros”, superando ampliamente el objetivo de 2.500 millones que se ha marcado la entidad. Más de 200 inversores institucionales han manifestado al banco que preside Ángel Ron su intención de acudir a la operación, durante el road show que hizo el directivo la pasada semana. Otra cosa son los minoristas, que estudian si deben aceptar la propuesta del Popular para no diluir su participación en el capital de la entidad.

El segundo tema de portada es la “guerra de precios en la gran distribución”, para atraer a los consumidores y ganar mercado ante el aumento de la competencia. La debilidad del consumo ha llevado a grandes grupos como Mercadona, Lidl, Carrefour, Eroski, Leroy Merlín, Ikea y Fnac a reducir sus precios en los puntos de venta “para ganar terreno a sus competidores e impulsar sus ingresos”. Además, “las campañas promocionales se generalizan en una situación de mercado donde crece la marca blanca”.

El diario publica también una entrevista al director de Empresas y Corporaciones de BBVA España, Fernando Alonso, en la que apunta que “la incertidumbre política retrasa muchas inversiones”. En otro orden de cosas, el ejecutivo admite que “hay entidades financieras que están asumiendo más riesgos de los recomendados en la concesión de créditos”, una situación que se produce por los incentivos que da la política monetaria a la banca para aplicar criterios más laxos a la hora de conceder préstamos a particulares y empresas.

Por su parte, El Economista destaca en su primera página que “Moody´s coloca al Gobierno de Puigdemont al borde del impago”, tras la fractura entre Junts Pel Sí y la CUP que hace peligrar la aprobación de los presupuestos autonómicos catalanes. Todas las agencias de calificación han hundido a Cataluña en el bono basura y la deuda de la comunidad tiene el mismo rating que la de Bangladesh, Angola, Georgia o Nigeria. Cataluña está en quiebra técnica y sólo puede hacer frente a sus pagos por el fondo de rescate estatal (el FLA), ya que los mercados están cerrados a cal y canto para el ejecutivo de Puigdemont.

El diario hace referencia también a los problemas del Banco Popular, que “tiene una exposición al ladrillo que triplica a la del resto del sector financiero”. La entidad financiera prevé perder 2.000 millones de euros este año y por ello ha lanzado la ampliación de capital en un intento desesperado por cubrir los agujeros de su balance. Tarde o temprano tendrá que ser fusionado con otro gran banco, pero para eso será necesario que haya nuevo Gobierno y que se estudie la operación en el seno del Banco de España, bajo la atenta mirada del Banco Central Europeo (BCE).

Finalmente, Cinco Días revela que “el Gobierno estudia cómo bajar la deuda eléctrica”, que asciende a 23.067 millones de euros como consecuencia del déficit de tarifa. Aunque en 2015 el sistema cerró el ejercicio con superávit, desde el año 2000 se ha ido acumulando un pasivo como consecuencia de la diferencia entre el coste de la electricidad y el precio de su venta, que tarde o temprano habrá que pagar. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha elaborado un informe que apunta que esta deuda no podrá amortizarse hasta 2028, pese al citado superávit de 1.600 millones de euros. El grueso de la deuda (18.000 millones de euros) está titulizada.

Y seguimos hablando de deuda, en este caso de los bonos que están emitiendo los países con vencimiento a 50 y 100 años. Es la vuelta de los “bonos perpetuos”, es decir, aquellos que no vencen nunca y van dando intereses periódicos a los que los poseen. En este caso no son perpetuos, ya que tienen un vencimiento estipulado, aunque sea a muy largo plazo. Los gobiernos aprovechan los bajos tipo de interés para obtener financiación a coste reducido.