La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid ha supuesto un nuevo y decisivo impulso para el proyecto de la Superliga y, en particular, para los intereses del Real Madrid. El tribunal madrileño ha confirmado el criterio ya establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al considerar que la UEFA y la FIFA actuaron de forma abusiva al tratar de impedir la creación de la nueva competición europea. La resolución no solo refrenda que ambas organizaciones ejercieron una posición de dominio incompatible con el derecho comunitario, sino que abre la puerta a reclamaciones millonarias por parte de los clubes perjudicados.
El fallo reconoce que la UEFA utilizó su doble papel de regulador y operador para bloquear la libre competencia en el mercado del fútbol, actuando como juez y parte. Esa posición —que le permite autorizar o vetar competiciones al margen de su propia estructura— ha sido declarada contraria al principio de libertad económica que protege la legislación europea. En otras palabras, la UEFA no puede actuar como monopolio absoluto del fútbol continental.
A partir de esta sentencia, tanto A22 Sports Management, la empresa promotora de la Superliga, como el Real Madrid tienen vía libre para demandar a la UEFA por los daños sufridos desde 2021, cuando el organismo europeo emprendió una campaña de sanciones y presiones contra los clubes fundadores. Los cálculos preliminares apuntan a que el Real Madrid podría reclamar más de 4.000 millones de euros por perjuicios económicos y lucro cesante, una cifra que refleja tanto la pérdida de ingresos potenciales como la afectación a su reputación e intereses comerciales. No será desdeñable tampoco la inversión hecha por parte del club.
Sin embargo, más allá del plano judicial, esta sentencia puede tener un efecto político y estratégico. Marca un punto de inflexión en la negociación entre el entorno de la Superliga y la UEFA. Las conversaciones —que en los últimos meses han seguido discretamente abiertas— giran en torno a tres ejes fundamentales.
El primero es la gobernanza de la Champions League, donde los clubes reclaman un papel más decisivo en la toma de decisiones, frente a la estructura centralizada que mantiene el control en manos de la UEFA. El segundo se refiere a la forma de retransmitir los partidos, un aspecto donde el Real Madrid quiere introducir un modelo más flexible y moderno, con una parte de las emisiones gratuitas o de libre acceso. No es casual que el club haya aludido en su comunicado al ejemplo del Mundial de Clubes de la FIFA, que se emitió en abierto: el mensaje apunta a una nueva concepción de la distribución audiovisual.
El tercer punto es el formato de la competición, que debe combinar la meritocracia deportiva con la estabilidad económica. La sentencia refuerza la legitimidad de buscar un modelo alternativo, libre de las imposiciones de un ente monopolístico. La Superliga pretende, dentro del marco de la Champions actual, propiciar más partidos entre equipos grandes y evitar en la medida de lo posible partidos que acaban en goleadas sin interés competitivo. El ejemplo del partido en Almaty es claro.
En definitiva, la Audiencia Provincial de Madrid no solo ha confirmado una victoria jurídica: ha devuelto a la Superliga y al Real Madrid la legitimidad para soñar con un fútbol más plural y competitivo. El tablero europeo ha cambiado, y esta vez, la partida no se jugará en los despachos de Nyon, sino en los tribunales… y en las mesas de negociación.
