Puig bloquea una iniciativa popular con 38.000 firmas contra la inmersión lingüística

La desidia legislativa del tripartito valenciano de izquierdas, que preside el socialista Ximo Puig y que conforman los propios socialistas junto a los nacionalistas de Compromís y Unidas Podemos ha bloqueado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la plataforma Hablamos Español, que preside la gallega Gloria Lago, con más de 38.000 firmas que la avalan. Esa ILP pone en jaque la inmersión lingüística y defiende la plena libertad de las madres y padres en la elección de la lengua vehicular de sus hijos. Los retrasos en la reforma del reglamento de las Cortes Valencianas impiden a sus promotores defender la ILP ante el Pleno a pesar de que la ley está de su lado, según la citada plataforma.

La Iniciativa Legislativa Popular es la herramienta prevista por la Constitución Española que prevé la participación de los ciudadanos en los procesos de producción de las leyes. En este caso, la ILP  impulsada por Hablamos Español defiende la libre elección de la lengua vehicular entre las oficiales de la enseñanza, con 3 líneas: una en español, otra en valenciano y, la tercera, con el 50% de cada una de ellas. Y plantea además unos postulados que ponen en jaque la inmersión catalanista en la Comunidad Valenciana. Entre ellos, la utilización de las 2 lenguas en las administraciones, una función pública sin aranceles lingüísticos, la recuperación de la oficialidad de los topónimos en español y la apertura de ayudas a los creadores en español y en valenciano.

Esta iniciativa granjeó simpatías en el seno de una sociedad valenciana hastiada de la imposición catalanista y alcanzó las 38.605 firmas. Por tanto, 28.605 más que las 10.000 necesarias para presentar una ILP ante las Cortes Valencianas. Las citadas firmas fueron presentadas en la sede parlamentaria valenciana a finales de febrero de este año. El siguiente paso de Hablamos Español era concretar el procedimiento de defensa de esa iniciativa ante el Pleno de las Cortes Valencianas.

Así las cosas, desde Hablamos Español se inició una correspondencia con los servicios técnicos de las Cortes Valencianas o, lo que es lo mismo, el aparato jurídico que se encarga de establecer los procedimientos para que éstos se ajusten a la legalidad. Pero la sorpresa, según explican desde Hablamos Español, llegó cuando los citados servicios técnicos informaron de que el reglamento de las Cortes Valencianas impide defender esas iniciativas legislativas populares a sus promotores por carecer de la condición de parlamentarios. Dicho en otras palabras, dado el peso legal de un reglamento en el desarrollo de una ley, ese reglamento bloquea o censura la posibilidad de los promotores de la ley de ejercer la defensa de su iniciativa en sede parlamentaria en territorio valenciano. Y ello, a pesar de contar con miles de firmas que sustentan sus postulados.

Los artículos de la ley que regula la defensa de las ILP en las Cortes Valencianas se corrigieron en 2017, cuando el socialista Puig ya era presidente. En concreto, el que nos atañe (artículo 16 de la ley 10/2017), se refiere a la Audiencia de la Comisión Promotora y Tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular. Y dice que «La comisión promotora -Hablamos Español en este caso- nombrará a una persona para que defienda en el plenario la iniciativa presentada, con el mismo tiempo que el resto de portavoces de los grupos parlamentarios y con turno de réplica».

Pero para desarrollar esta ley y conocer cómo aplicarla hacía falta un reglamento. En teoría, y según defendió en esos días el Gobierno de Ximo Puig, la reforma del reglamento se iba a poner en marcha en apenas unos meses. Años después, sigue sin hacerse, si bien, según algunas fuentes, es ahora cuando parece reactivarse esa reforma del reglamento, pero bajo la premisa de que se aplicará en la próxima legislatura.

Ante esa situación, Hablemos Español se ve impotente para defender una iniciativa que está sustentada por 38.000 firmas. Por lo que la plataforma exige un cambio normativo del reglamento por la vía de urgencia que permita lo que es un pilar básico en cualquier democracia parlamentaria: que la voz de los ciudadanos libres e iguales ante la ley pueda escucharse y sus iniciativas sean tomadas en consideración.

Para ello, van a iniciar una ronda entre los grupos parlamentarios en las Cortes Valencianas y están estudiando junto a su gabinete jurídico la articulación de las medidas que sean necesarias para defender la iniciativa que permitirá la libertad de elección lingüística en territorio valenciano y con ello, el fin de la inmersión y de la imposición. Todo, menos, que las 38.605 firmas se conviertan en papel mojado.