Conflicto lingüístico: Hablamos Español pide un cambio legal porque «los jueces no pueden hacer más»

Hablamos Español, una asociación que opera en todo el Estado en defensa de la enseñanza en la lengua materna, ha solicitado hoy un cambio legal, de mentalidad y de aplicación amplia de la Constitución por parte del Gobierno valenciano para revertir el avance del catalán en las aulas porque según ha manifestado su presidenta la gallega Gloria Lago «los jueces no pueden hacer más».

En este sentido, la Asociación efectuará el domingo el recuento de las firmas recogidas para impulsar ante las Cortes de esta autonomía una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se respete la libertad de elección de lengua vehicular entre las oficiales de la enseñanza, el bilingüismo en la Administración, una enseñanza libre de adoctrinamiento nacionalista, una función pública sin aranceles lingüísticos, la recuperación de la oficialidad de los topónimos en español y la apertura de las ayudas a los creadores en cualquiera de las lenguas oficiales.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha enmendado la política lingüística del Gobierno valenciano al decidir que el español y el valenciano deben guardar una proporción razonable en la Educación plurilingüe en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Lo ha hecho en respuesta a 5 demandas presentadas ante ese Alto Tribunal. La presidenta de Hablamos Español Gloria Lago ha sostenido que «los jueces no pueden hacer más» pues deben cumplir la ley y aplicarla y, tal como está, no permite otra decisión.

Sin embargo, ha sostenido también que la Constitución española permite dos opciones, la de la conjunción, que es la que ha puesto en marcha el Ejecutivo que preside el socialista Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, y la de la libertad de elección de lengua, que también está abierta al criterio político y que el esfuerzo que deben hacer los gobernantes en este territorio es el de un cambio de mentalidad para aplicar la vía de la libertad lingüística y no la de la conjunción. Lago ha apelado también a la Carta de Europea (CELROM) «que el gobierno está obligado a cumplir», porque la ratificó. «O se abandona el tratado o se deja elegir lengua vehicular», ha dicho.