Anticorrupción ‘chequea’ facturas de proveedores de Francis Puig para acreditar los servicios

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 18/07/2022 10:34
  • Actualizado: 18/07/2022 11:13

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Policía Judicial una indagación sobre varios de los proveedores de las empresas Canal Maestrat así como Comunicacions dels Ports (Comunicaciones de los Puertos) y Mas Mut Produccions. Estas 2 últimas administradas por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig, para acreditar la realidad de los servicios prestados. Es decir, si verdaderamente se llevaron a cabo y si fueron cobrados y pagados.

Un paso más en la investigación que denota el ingente trabajo de la Fiscalía Anticorrupción para llegar al fondo de la cuestión y la constatación de que la complejidad del caso requiere más indagaciones comprobatorias, que en su momento apoyen con toda solidez la determinación final de la fiscal en torno al caso.

Las pesquisas de Fiscalía Anticorrupción sobre las que ahora solicita las pertinentes comprobaciones afectan a más de una veintena de proveedores terceros en relación a la empresa Comunicacions dels Ports,así como a proveedores que son personas físicas o jurídicas vinculadas. En relación a Mas Mut Produccions, también, solicita que se efectúen esas mismas comprobaciones con los proveedores, a quienes pide aportar bien el contrato bien justificación de los trabajos realizados. Así como hacer la comprobación a una relación de proveedores de Canal Maestrat. En este caso, se trata de una empresa supuestamente relacionada con Francis Puig, pero no administrada por él.

En el caso que afecta supuestamente a Francis Puig, hermano de Ximo Puig, lo que se investiga son presuntas irregularidades en la obtención de subvenciones de la Generalitat Valenciana y de la Generalitat de Cataluña entre los años 2015 y 2018 por parte de mercantiles supuestamente relacionadas con el citado Francis Puig.

Las indagaciones de esta causa se llevan a cabo en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Valencia, donde se intenta esclarecer si existe un supuesto delito de falsedad documental y otro de presunto fraude en las subvenciones recibidas. Tanto Francis Puig como su socio Adell Bover han declarado en calidad de investigados en esta causa y, precisamente, algunas de las comprobaciones que solicita la Fiscalía Anticorrupción están relacionadas con datos de aquellas declaraciones. Todo, según fuentes próximas al caso.

La enorme cantidad de documentación y la minuciosidad que exige su investigación es lo que han llevado a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar al magistrado, hace unos días, una nueva prórroga o ampliación del periodo de investigación de 6 meses. También, espera tanto de la Generalitat Valenciana como de la de Cataluña el resultado de los informes periciales solicitados para la averiguación de las cantidades supuestamente obtenidas de forma indebida de ambas administraciones.

Se da la circunstancia, de que Adell Bover sostuvo en su declaración que había sido objeto de hasta 7 expedientes de reintegro, por lo que fiscal anticorrupción esperará al resultado del informe pericial sobre las cantidades que supuestamente fueron obtenidas indebidamente, según las mismas fuentes. Una vez conocidos los citados informes de Intervención -de la Generalitat Valenciana y de la de Cataluña- será cuando se plantee la decisión acerca de la aportación de esos expedientes de reintegro a las actuaciones.

Abogacía de la Generalitat

Por su parte, el Partido Popular, que es acusación en la causa, ha vuelto a solicitar la personación de la Abogacía de la Generalitat Valenciana en el caso, porque entiende que debe hacerlo al cuestionarse la obtención de subvenciones de la citada Generalitat, que el PP estima que pueden llegar a  cantidades muy superiores a los 120.000 euros.

«Ximo Puig debe dar la cara, pero sobre todo debe recuperar el dinero que han recibido su hermano y los socios de éste de manera irregular», ha afirmado la presidenta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas la oriolana Eva Ortiz, que también ha criticado que la Abogacía de la Generalitat siga sin personarse mientras la Fiscalía Anticorrupción pide prorrogar a investigación, analizar facturas y que declaren trabajadores de empresas supuestamente relacionadas con este asunto.