El alcalde de Palma prorroga seis meses a las dos ‘comisarias’ de catalán con sueldo de director general

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 08/12/2022 06:45
  • Actualizado: 08/12/2022 06:45

El alcalde socialista de Palma, José Hila, prorroga el contrato seis meses más a las dos comisarias de catalán con sueldo de director general, embolsándose de enero a junio cada una de ellas 25.284 euros (4.214 brutos al mes), cantidad por encima incluso de lo que cobra esta categoría de altos cargos municipales: 3.500 euros mensuales.

El acuerdo avalado por la Junta de Gobierno de socialistas, independentistas de Més y Podemos prorroga medio año más, hasta un mes después de que concluya la presente legislatura en mayo, la labor de estas dos dinamizadoras o comisarias de catalán del denominado servicio de dinamización lingüística territorial, aprobado en plenas restricciones de la pandemia y a la conclusión del último estado de alarma del mes de junio, en concreto, el 1 de julio de 2020.

Con la industria turística con el agua al cuello por aquel entonces, al igual que miles de pequeños empresarios, trabajadores, comerciantes y autónomos, el gobierno municipal puso en marcha este servicio que tenía como objetivo promover el acceso al conocimiento de la lengua catalana en todos los ámbitos y sectores de la sociedad, comercios, centros de enseñanza, bares, restaurantes, empresas privadas, colectivos y entidades locales, que en plena crisis, según el alcalde Hila, lo que necesitaban era más catalán.

Y desde hace dos años, el gobierno municipal, ha ido prorrogando el mismo sucesivamente, hasta esta última prórroga, para el primer semestre del próximo año.

Y más allá del oneroso desembolso de dinero público que está costando a los sufridos contribuyentes palmesanos, a los que el gobierno municipal no ha recortado un solo impuesto en estos cuatro años, si nos preguntamos por los resultados obtenidos en estas dos anualidades, la realidad palpable es que ha sido un notorio fracaso.

Baste indicar que cuando se puso en marcha en julio de 2020, según la memoria justificativa que avalaba su creación, «el 41,3% de la población palmesana» tenía el catalán como lengua habitual (27,9% como única y el 13,4% compartida con el castellano)».

Y en estos momentos, según recoge esta última prorroga del servicio, los datos son elocuentes sobre la nula trascendencia del mismo a pie de calle: «el 41,3% de la población palmesana tiene el catalán como lengua habitual (27,9% como única y 13,4% compartida con el castellano)».

Idéntico resultado, por tanto, con la salvedad de los 250.000 euros que los contribuyentes han tenido que aportar, para que los independentistas de Més que dirigen el proyecto de dinamización lingüística territorial de Palma, paguen el sueldo a estas dos empleadas municipales.

Según el acuerdo firmado por el concejal del área delegada de Educación y Política Lingüística, Llorenç Carrió, las dos dinamizadoras de catalán se embolsarán en estos seis meses más de 25.000 euros cada una, con un horario semanal de 37,5 horas, con la particularidad, además, de que tendrán horario escolar de 09.00 a 14.00 horas, y nada menos que 12,5 horas móviles semanales, a distribuir a su conveniencia según las necesidades del servicio, bien por las tardes, o si lo prefieren, los sábados.

Entre los objetivos a cumplir y en los que está fracasando su labor, continúa estando, tal y como se recoge en la justificación de esta última prorroga del contrato, el hecho de «consolidar la lengua catalana como propia de la ciudad y elemento integrador de su sociedad» y «evitar la exclusión social y la discriminación por razones de desconocimiento de la lengua catalana».

Un hecho, este último que se sigue produciendo a diario, en Palma y en todas las Islas, dado que los certificados de conocimiento de catalán en diferentes grados y niveles, son requisito imprescindible para trabajar en el sector público desde 2015, año en que la socialista, Francina Armengol, empezó su gobierno en Baleares, excluyendo con ello a decenas de miles de ciudadanos que no disponen de estas titulaciones.