El alcalde del PP de Palma con el apoyo de Vox fulmina las políticas sectarias de memoria democrática

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 24/01/2024 06:55
  • Actualizado: 24/01/2024 06:55

El alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, que gobierna en minoría en la capital balear con el apoyo programático de Vox, fulmina las políticas sectarias de memoria democrática.  Ambas formaciones con 17 de 29 concejales en el salón de plenos han rechazado sendas propuestas de separatistas de Més y socialistas, que abogan por mantener el compromiso con las políticas públicas en esta materia, que sólo admiten como víctimas de la Guerra Civil, a las del bando franquista.

Sendas iniciativas han sido rechazadas ya en la comisión informativa previa al pleno del próximo jueves día 26, en la que los socialistas instan al alcalde Martínez a mantener la organización y la programación de actos, junto con la Comisión 24 de febrero y el Ayuntamiento de Inca, del Día del Recuerdo de las Víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.

Fue en 2018 cuando el Ayuntamiento de Palma oficializó esa fecha como Día del Recuerdo de las Víctimas de la Guerra Civil y el franquismo para tenerlas presentes y con la voluntad de conseguir la reparación moral de ellas.

Algo a lo que el propio ex alcalde socialista, José Hila, se negó la pasada legislaturas cuando incumplió en hasta en dos ocasiones la Ley de Memoria y de Reconocimientos Democráticos de Baleares, para homenajear a las víctimas civiles de los bombardeos ejecutados por la aviación republicana en 1936 en Palma.

Los bombardeos republicanos sobre la capital balear fueron especialmente virulentos, el 14 de agosto de 1936, los días 23 y 24 de mayo de 1937 que en esta ocasión, afectaron a la barriada de Santa Catalina y provocaron el destrozo de la céntrica Porta de Sant Antoni causando un gran número de víctimas, y el 11 de junio de ese mismo año, cuando la aviación republicana lanzó más de media tonelada de bombas, causando la muerte de 10 palmesanos en el casco antiguo.

Unas personas a las que el artículo 4 de la Ley 2/2018, de 13 de abril, de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Illes Balears, considera víctimas, al morir como consecuencia de bombardeos aéreos, pero cuyo reconocimiento y condición de víctimas el Ayuntamiento de Palma y Govern balear de los socialistas Hila y Francina Armengol, les negó la pasada legislatura una y otra vez.

Ahora el PSOE de Palma con la portavoz Rosario Sánchez al frente, continúa exhibiendo su sectarismo y doble vara de medir y afirma en su propuesta que los acuerdos de gobierno de PP y Vox » amenazan con dinamitar los consensos estatutarios y hacernos retroceder cuarenta años».

«Una regresión impuesta por la extrema derecha y ejecutada por el PP como hemos visto los últimos meses en Palma, que se ha traducido en una involución y retroceso en derechos y libertades», aseguran los socialistas.

Por ello, además, exigen que el nuevo gobierno municipal continúe subvencionando a entidades afines a los socialistas y mantenga la convocatoria de ayudas para promover la memoria histórica de la ciudad, haciendo especial hincapié en la memoria democrática, así como reconocer la labor de las entidades memorialistas y asociaciones de víctimas para restituir la memoria de éstas y reclamar justicia.

En la misma línea que sus socios socialistas, los separatistas de Més ahora compartiendo con ellos bancada en la oposición, aseguran en su moción que «rechazamos cualquier tipo de violencia que sea utilizada para imponer las ideas. Consideramos que el equipo de gobierno debe continuar apoyando a las víctimas y trabajando por el conocimiento y la reparación de aquellos hechos».

Por eso califican de «necesario» que el Ayuntamiento continúe organizando la conmemoración de este acto de homenaje en colaboración con la Comisión 24 de febrero «y dando difusión a actividades de recuperación de la memoria democrática». Las dos mociones, si no hay novedades inesperadas, serán rechazadas por la mayoría de concejales del salón de plenos de Palma.