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Conflicto lingüístico

Advierten a Armengol de que habrá fuga de sanitarios si no se modifica la ley del catalán

El CSIF exige que el catalán en la función pública sea un mérito que sume y no un requisito que reste

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares advirtió al Govern de que el decreto estaba mal legislado

La consellera de Salud ha dicho que "si hay categorías con dificultades para ser cubiertas, el requisito puede aplazarse"

Armengol subirá el requisito del catalán a los sanitarios tras la decisión del Supremo

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El CSIF ha advertido al Govern de que si aplica la ley de capacitación lingüística y sube el requisito de catalán en la sanidad, «habrá una fuga de profesionales». Y es que ahora que ha sido anulado el decreto que regulaba la titulación exigida a los sanitarios, estos quedan a merced de Francina Armengol. No hay que olvidar que la ley mencionada establece que el catalán debe ser obligatorio para acceder a un plaza de empleo público en Baleares.

«Exigimos que el uso del catalán en la función pública sea un mérito que sume y no un requisito que reste. En el caso del Servicio de Salud, se dificulta de manera grave la cobertura de las necesidades de personal para atender a la ciudadanía», ha señalado el CSIF. Cabe recordar que el decreto anulado fue la solución que adoptó el Govern ante las manifestaciones de sanitarios por la exigencia del título de catalán. Dicho decreto establecía que si un profesional obtenía una plaza, tenía dos años para sacarse el certificado pertinente. De no lograrlo, se quedaba con la plaza pero perdía el acceso a la carrera profesional y derechos de movilidad. La norma fue recurrida por el evidente perjuicio a los sanitarios.

«Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) dictó la sentencia que anulaba el decreto, ya advirtió al Govern de que estaba mal legislado. Pero en lugar de hacer algo se han mirado el ombligo», ha criticado el sindicato. Conscientes de que sin decreto ahora queda una ley todavía más restrictiva,  han pedido sentido común al ejecutivo balear. «La lengua no puede restar valor a la calidad asistencial de la sanidad pública. Tampoco puede suponer una rémora a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad».

Precisamente, el sindicato ha incidido en que si no hay cambios, Baleares tendrá un serio problema. «No habrá personal para atender a los ciudadanos y las listas que hay ahora no serán nada comparadas con las que habrá». A pesar de que el decreto podía parecer menos malo que la ley en sí, «vulneraba los dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público».

No hay sanidad sin profesionales

Por su parte, el PP de Baleares ha pedido a Armengol que no ponga más obstáculos «para ocupar plazas en Sanidad». Los populares han valorado la decisión del Supremo y han asegurado que «sin profesionales no puede haber sanidad pública de calidad».

«Estamos frente a un nuevo fracaso del Govern de Armengol en materia jurídica, que sólo crea incertidumbre. El catalán ha de ser un mérito y no un requisito para los sanitarios, a los que se les debería compensar el coste de la insularidad. De esta forma se incentivaría su incorporación al puesto de trabajo», ha reclamado el PP.

La formación ha lamentado que la izquierda castigue a los sanitarios en un momento en el que todavía no se ha superado la pandemia. «Son profesionales que se han esforzado mucho y merecen reconocimiento».

También Ciudadanos de Baleares ha pedido que se modifique la ley de Función Pública «para acabar con las barreras lingüísticas del catalán impuestas a  los sanitarios». «Creemos firmemente que debe ser un mérito y no un requisito. Hay que evitar que nadie tenga que renunciar a su empleo público por motivos de lengua».

En cuanto a la postura del Govern, la consellera de Salud, Patricia Gómez, ha dicho que «no conocer el catalán no es un impedimento para trabajar en Baleares». «Si hay categorías con dificultades para ser cubiertas, el requisito del catalán puede aplazarse». Cabe señalar que esto es lo que se hacía con el decreto que ha quedado anulado.

«Siempre hay que respetar los derechos de los ciudadanos y facilitar a los profesionales la formación y cursos para aprender el idioma. Así, los usuarios podrán dirigirse a la Administración tanto en castellano como en catalán», ha afirmado. Ha insistido en que la Administración debe favorecer que «los profesionales puedan tener el requisito de catalán cuanto antes».