El director del sótano de los horrores de la Complutense acepta una condena de 18 meses de cárcel

 El caso de los 534 cadáveres hacinados en el sótano de los horrores de la Complutense, se ha cerrado con un acuerdo de conformidad entre las acusaciones y el ex director del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina. El acusado, doctor José Ramón Mérida, asume una condena de 18 meses de cárcel por los delitos de lesiones, contra la seguridad de los trabajadores y contra la integridad moral.

En la sentencia de conformidad, el acusado reconoce que incumplió sus obligaciones en materia de seguridad y salud con los cinco trabajadores a su cargo, ignorando las advertencias de los servicios de prevención durante una década (2004 a 2014).

Durante ese tiempo, los trabajadores estuvieron expuestos sin protección alguna a los compuestos químicos con los que se trataban los cadáveres y a los efluvios y agentes biológicos que desprendían los cuerpos, en un sótano sin ventilación.

El acusado, según el pacto al que han llegado ambas partes y la Fiscalía, no les informó de los riesgos a los que se enfrentaban, «obligándoles a prestar sus servicios durante años en condiciones insalubres, degradantes y peligrosas».

La situación se agravó aún más cuando en los últimos años el director fomentó la acumulación exagerada de cadáveres en ese sótano de los horrores. Aunque para uso docente universitario la Facultad de Medicina sólo necesita unos diez cuerpos al año, el condenado obligó a que se acumularan sin control muchos más cadáveres en el sótano (hasta alcanzar los 300 cuerpos) para abastecer de material humano a los cursos que impartía a empresas privadas.

Todos esos cadáveres se almacenaban en el sótano sin protocolo de actuación, sin identificación ni referencia a su origen o infecciones, por orden expresa del acusado, que así ganaba dinero con los cursos privados sin autorización ni conocimiento de los responsables de la Universidad. La falta de control sanitario sobre los cuerpos que iban llegado hizo que los trabajadores quedaran expuestos a riesgos biológicos o infecciosos como salmonela, hepatitis, tétanos o tuberculosis.

Además, la cámara frigorífica donde se conservaban los cadáveres se averió en agosto de 2012. El acusado ordenó que sacaran más de 50 cuerpos y los dejaran en una sala para incinerarlos, pero eran tantos que se quedaron pudriéndose en la habitación. Cuando los técnicos advertían al acusado de que los cadáveres extraídos comenzaban a oler mal, éste manifestó: «las puertas cerradas y que no se hable nada».

El horno crematorio se averiaba continuamente y carecía de libro de instrucciones y de mantenimiento periódico, por lo que a partir de 2013 los cuerpos comenzaron a desbordar esa sala, amontonándose en pasillos y repisas, desprendiendo fluidos que corrían por los pasillos provocando las caídas de los trabajadores y fomentando una plaga de insectos y gusanos.

Como consecuencia de semejantes condiciones de trabajo, los técnicos de laboratorio sufrieron todo tipo de lesiones y enfermedades. Impidiendo su jefe que los delegados de Prevención de Riesgos Laborales pudieran inspeccionar el sótano hasta que el año 2014. Después de varios intentos frustrados, la Inspección de Trabajo consiguió acceder al sótano de los horrores de la Complutense provocando la dimisión inmediata del responsable y ahora condenado.

Ahora, diez años después, se le condena a 18 meses de cárcel en un pacto que tiene en cuenta los atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño a las víctimas para reducir la pena. Igualmente las víctimas percibirán una indemnización de 277.000 euros de la aseguradora y, tras la insistencia del despacho Vegas-Legal que las representa, el acusado tendrá que resarcirlas personalmente con otros 38.000 euros.