Un salvaconducto para seguir delinquiendo

Con independencia de la lluvia de millones -1.700- que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez invertirá en la ampliación del aeropuerto de El Prat, la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat se ha saldado con la madre de todas las claudicaciones: el Ejecutivo se compromete con los golpistas catalanes a no recurrir las decisiones de estos -sean cuales sean- al Tribunal Constitucional. Quiere decir que Pedro Sánchez abdica de su obligación de defender los intereses de España y los españoles, otorgándoles a los sediciosos vía libre para hacer y deshacer a su antojo. No se puede caer más bajo: renunciar al recurso ante el TC es dejar desprotegida la piedra angular sobre la que pivota el Estado de Derecho. Es una cesión intolerable, porque la obligación de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España es, precisamente, la de utilizar al Constitucional cuando las decisiones de quienes pretenden subvertir el orden constitucional constituyan una amenaza al ordenamiento jurídico. Es tanto como concederles un salvoconducto para seguir delinquiendo.

Tras el indulto a los golpistas catalanes, Sánchez sigue con su estrategia de demolición de las instituciones del Estado. Hizo oídos sordos a la opinión del Tribunal Supremo contraria al perdón a los sediciosos y ahora deja maniatado al Tribunal Constitucional renunciando a defender al Estado frente a los nuevos desafíos de los separatistas. Todo por mantenerse en el poder.