El Gobierno plantea un órdago al Supremo para que trague con el pucherazo

Después de que el Tribunal Supremo instara a la publicación en el BOE de la orden de suspender el voto de los falsos nietos del exilio, el Gobierno sigue practicando la estrategia de no hacer nada, cuando el próximo lunes se cierran las reclamaciones al censo. La trampa es clamorosa: como los nacionalizados en fraude de ley ya están inscritos en el censo y los consulados no están en disposición de determinar cuántos de estos adquirieron la nacionalidad sin cumplir los requisitos de la Ley de Memoria —demostrar de forma fehaciente el exilio de sus antepasados—, podrán votar el 29-N, salvo que el Supremo intervenga para evitar el pucherazo.

La maniobra del Gobierno es dejar pasar el tiempo para que, finalmente, la situación alcance un punto irreversible, ya que los falsos españoles están inscritos a día de hoy en el censo y, presumiblemente, no van a darse por aludidos de aquí al día 19, fecha tope para hacer reclamaciones. ¿Para qué van a reclamar si están inscritos en el censo y podrán votar el 29-N?

De modo que habrá que esperar al próximo lunes para saber qué pasa, pero la estrategia del Ejecutivo está clara: forzar al Tribunal Supremo a tomar una decisión trascendental a falta de poco más de un mes para la celebración de los comicios. Llegado ese momento, el alto tribunal —ante la negativa del Gobierno a determinar quiénes de los ya inscritos alcanzaron la nacionalidad de forma fraudulenta— verá reducido su margen de maniobra.

O asume que, pese a las evidentes irregularidades, los miles de falsos españoles voten, o suspende las elecciones al considerar que en esas circunstancias no se dan las suficientes condiciones para garantizar la pureza democrática de los comicios. A eso va el Gobierno de Pedro Sánchez: al choque directo con el Tribunal Supremo. La estrategia es clara: el desacato como fórmula para conseguir su propósito.