El sector del transporte público reclama 12.000 millones anuales para tener una flota más sostenible
El informe de AFI para ATUC cuantifica en 8.800 millones los costes operativos del transporte público.
La flota actual es 69% de combustión: la directiva europea obliga a que el 32,5% sea de cero emisiones en 2030.
Más de 12.000 millones de euros al año: esa es la cifra que el sector del transporte público en España necesita de forma sostenida hasta 2030 para afrontar la renovación de su flota y el crecimiento de la demanda.
La estimación proviene de un informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para la asociación sectorial ATUC, y pone sobre la mesa un debate que ya no admite demoras: la financiación pública de la movilidad colectiva está lejos de estar a la altura de sus propios objetivos.
Una demanda sin presupuesto
El documento desglosa esa necesidad en dos grandes bloques. Por un lado, 8.800 millones de euros anuales para absorber el incremento de costes operativos, que el sector estima en un 44% en los próximos años. Por otro, 3.300 millones de euros para inversión, tanto en ampliación de capacidad como en sustitución de la flota actual y en la infraestructura de carga eléctrica —un punto de recarga por autobús— que exige la transición hacia cero emisiones.
A ese gasto estructural se suman presiones de demanda difíciles de ignorar. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fija como meta trasvasar el 35% de los desplazamientos en vehículo privado al transporte público antes de 2030. Si ese objetivo se cumple, el sistema tendrá que absorber un 36% más de usuarios de autobús y un 50% más de viajeros de metro en apenas cuatro años.
Crecimiento de usuarios
El aumento de la población —impulsado en gran parte por la inmigración— y el récord turístico de 2025, con casi 97 millones de visitantes y previsión de rozar los 100 millones en 2026, añaden presión adicional sobre unas redes que ya operan al límite en las principales ciudades. El transporte público registra 4.800 millones de viajes anuales en España, frente a los 40 millones de la alta velocidad, y uno de cada dos ciudadanos utiliza alguna de sus modalidades.
Frente a esa escala, la aportación del Estado central resulta llamativa por su modestia: apenas el 5% de la financiación del sistema. ATUC reclama que esa proporción ascienda al 25%, un nivel que considera suficiente para reequilibrar el reparto con comunidades autónomas y ayuntamientos, cuya contribución absorbería el espacio entre lo que aporte la Administración Central y los ingresos por billetes, que hoy representan el 37%.
El FECMO, pendiente de dotación
El mecanismo diseñado para canalizar esa mayor implicación estatal es el Fondo Estatal de Contribución para la Movilidad Sostenible (FECMO), contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible, que fija un techo del 50% para la cobertura estatal.
Sin embargo, el fondo sigue pendiente de desarrollo normativo y, lo que es más urgente, de dotación presupuestaria —en un contexto de legislatura sin cuentas aprobadas—. Su activación es la principal palanca que identifica el sector para garantizar una financiación estable del transporte público.
El peso de esa necesidad se mide en términos de ciudadanía: siete de cada diez españoles viven en municipios de más de 50.000 habitantes y dependen del transporte colectivo para desplazarse al trabajo, a centros educativos o a servicios básicos cotidianos.
Flota de combustión ante el relevo eléctrico
La transición tecnológica añade otra capa de urgencia. La Directiva Europea 2019/1161 y el RD 24/2021 endurecen los umbrales de compra pública de vehículos sostenibles: si en el periodo 2021-2025 el mínimo era del 45% de vehículos limpios y el 22,5% de cero emisiones, para 2026-2030 las exigencias suben al 65% y al 32,5% de cero emisiones, respectivamente.
La realidad actual del parque hace esos porcentajes especialmente exigentes. La flota existente es en un 69% de combustión o gas, frente al 18% de híbridos y el 13% de vehículos de cero emisiones. Renovar ese parque en el plazo marcado requiere una inversión masiva que el sector no puede afrontar sin financiación pública garantizada.
El ETS2 como fuente de recursos
ATUC señala el sistema europeo de comercio de emisiones ETS2 —cuya entrada en vigor, retrasada un año, se espera para enero de 2028— como una fuente de recursos clave para cubrir parte de esas inversiones. España tiene asignado el 10,52% de los fondos que genere el mecanismo a escala comunitaria.
En el escenario más optimista, que calcula una recaudación total de 483.000 millones de euros en la UE, destinar un tercio de la parte española al transporte público cubriría el 90% de las inversiones necesarias. Incluso en el escenario pesimista (255.000 millones recaudados), la cobertura alcanzaría el 50%.
Una arquitectura financiera pendiente
Para Jesús Herrero, secretario general de ATUC, el periodo 2026-2030 «no es solo un horizonte de obligaciones normativas, sino la oportunidad para consolidar un modelo de movilidad más óptimo para nuestras ciudades».
Herrero señala que la demanda del sector es una financiación «estable, coherente y previsible» y que el paso necesario ahora es «definir una arquitectura financiera y activar los distintos instrumentos de los que puede disponer el transporte público».
El sector considera que la conjunción del FECMO, los fondos del ETS2 y una revisión del reparto competencial puede proporcionar al transporte público la base que necesita para cumplir sus compromisos de descarbonización sin deteriorar la calidad del servicio que utilizan millones de personas cada día.
