La fotovoltaica sólo en las tierras que no sirven para nada: el campo se moviliza para exigirlo por ley

Los suelos degradados y abandonados son la solución al conflicto entre la transición energética y la soberanía alimentaria. Así lo defienden las organizaciones del sector agrario encabezadas por SOS Rural, que han llevado esta demanda al Senado: los parques fotovoltaicos deben instalarse en terrenos improductivos, no en tierras fértiles capaces de producir alimentos. La exigencia es clara: una ley que priorice los suelos degradados para acoger estas infraestructuras.

España contabiliza 2,32 millones de hectáreas abandonadas y sin aprovechamientos, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Sin embargo, el despliegue de instalaciones fotovoltaicas superará las 100.000 hectáreas para 2030, ocupando en su mayoría zonas fértiles y accesibles. El resultado es que más de medio millón de hectáreas de alto valor productivo han desaparecido en la última década.

Un millón en riesgo

La portavoz del sector ante la Cámara Alta subrayó que donde se instalan fotovoltaicas resulta imposible volver a cultivar. A diferencia del abandono agrario, la transformación del suelo en superficie industrial es irreversible, lo que pone en riesgo directo la soberanía alimentaria y la viabilidad de una agricultura que pierde suelo agrícola a marchas forzadas.

Las zonas rurales generaron el 84% de la electricidad renovable en España en 2024, cifra equivalente a casi la mitad de toda la producción eléctrica nacional. Este dato ilustra la magnitud de la presión que soporta el suelo agrícola ante la expansión de los parques fotovoltaicos, que se concentran precisamente en las tierras más productivas y accesibles del territorio.

Ley urgente

La demanda concreta es que los poderes públicos aprueben instrumentos legales para determinar dónde sí y dónde no pueden desarrollarse usos no agrarios. La prioridad legal debería recaer sobre los suelos degradados, que hoy permanecen sin uso, protegiendo así el suelo productivo de la especulación de intereses privados y públicos.

Sólo orientando las instalaciones energéticas hacia esos terrenos —yermos, minados o industriales en desuso— se puede compatibilizar la transición energética con la producción de alimentos y la preservación del suelo agrícola para las generaciones futuras. La clave está en separar con claridad qué tierra puede albergar fotovoltaicas y cuál debe seguir produciendo alimentos.

Casos reales

Dos ejemplos ilustran la urgencia de esta regulación para SOS Rural. En el Campo de Cartagena se han desmantelado cientos de hectáreas de regadíos protegidos por ley. En la Campiña Norte de Jaén, el olivar tradicional está siendo expropiado para macroinstalaciones fotovoltaicas que sustituyen cultivos centenarios por paneles industriales sobre suelos fértiles.

La propuesta pasa también por reforzar el papel de los alcaldes como primera línea de defensa del suelo rústico. La portavoz animó a los municipios a impulsar un gran Pacto de los Territorios por la defensa del suelo de alto valor productivo, midiendo el progreso no solo por licencias de obra, sino por criterios económicos, sociales y medioambientales reales.

Pacto de Estado

El estudio presentado en el Senado, elaborado con más de 650 encuestas a líderes rurales, concluye que el 93,27% de la España rural considera imprescindible un Pacto de Estado por la Repoblación. El análisis señala que las oportunidades laborales para los jóvenes siguen siendo muy limitadas y que el acceso a la vivienda dificulta el arraigo de las nuevas generaciones en los pueblos.

Más del 86% de los encuestados considera necesario compensar económicamente a quienes viven y trabajan en el campo. Y más del 91% percibe que la España urbana no reconoce el esfuerzo de agricultores, ganaderos y propietarios forestales. La destrucción del territorio avanza sin freno mientras la legislación sigue sin poner límites claros a la expansión de los parques fotovoltaicos sobre suelo agrícola productivo.