A por el loro de tu abuela

El Gobierno de Sánchez Castejón le roba un loro doméstico y legal a una jubilada de 75 años, obligándola encima a pagar su manutención. No es broma, no. Ha ocurrido en España, claro. ¿Dónde si no?

Sé que con la que nos está cayendo con Koldo, Ábalos, Aldama, Cerdán, Begoña, el Hermanísimo, la fontanera, el fiscal general y la corrupción de este Gobierno imputado y apuntalado por recoge-nueces, sediciosos y filoetarras, pues una columna sobre loros y mascotas varias no interesará a casi nadie, pero, es que si no lo cuento yo, sé que nadie lo hará. Así que, a pesar de las posibles o no visualizaciones y lecturas de este artículo, allá que te voy con otra de animalitos que a lo mejor no leerá ni Dios.

Es plena actualidad. Resulta que en aras siempre de un bien superior (la salud, el bienestar animal o el planeta en general), que es la excusa y mantra del globalismo para cercenar cada vez más derechos y libertades a la ciudadanía, el Estado ha decidido apropiarse de una mascota legalmente en propiedad de una señora desde hacía 23 años, ponerla a nombre del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) y dejarla en depósito en el domicilio de Dori, que es como se llama la ultrajada propietaria legítima del animal.

Fanatismo Eco Vegano Animalista

Es la crónica de una muerte anunciada. Desde el año 2021 en el que se empezó a gestar la nefasta y vigente Ley de Protección de los Derechos de los Animales 7/2023 de 28 de marzo (PSOE/Podemos), se venía advirtiendo del totalitario empeño de los muñidores del texto en controlar a la población y prohibir el derecho de los ciudadanos a tener mascotas en propiedad.

Al arma para conseguirlo recibió entonces en la futura ley el desconocido y novedoso nombre de «listados positivos», que no era otra cosa que una vieja reivindicación del fanatismo Eco Vegano Animalista (en adelante E.V.A.) importado desde Holanda, sede y cuartel general del fanatismo E.V.A. a nivel europeo.

«Listados positivos»

La ocurrencia de los llamados listados positivos consiste en listas unilaterales de los animales de compañía o mascotas que puedes tener. Alguien, es decir, un ideologizado comité de expertos o algo similar elegido a dedo, decide qué animales le parece bien que poseas, y lo incluye en la lista: perro, gato, hurón y canario, por ejemplo; y todo lo que no figure en el listado, es ilegal y no lo puedes tener.

Si el hámster, el periquito, la tortuga, la rana o el pez favorito de tu acuario, no aparece en la lista, es que son ilegales y ya puedes olvidarte de ellos. Así de fácil.

Estos listados y el Decreto para su regulación (que entran en conflicto con leyes superiores como el CITES por ejemplo, que opera con listas negativas), están en este preciso momento en trámite de alegaciones públicas por la puerta de atrás y sin hacer mucho ruido, no vaya a ser que el pueblo despierte y se entere de la tropelía de prohibir mascotas que le va a caer encima.

El robo del loro

Bien, pues como decía, la última víctima de la ley, sus disposiciones y sus futuros listados, ha sido Dori. Con la impunidad propia de la dictadura prohibicionista en la que vivimos, a una anciana el Gobierno de Sánchez le ha robado su loro de 23 años (comprado en el comercio y criado por ella de forma legal), bajo la excusa de que la documentación del animal pudiera estar desfasada o falsificada -lo cual es mentira y lo sabían-.

Dori, la víctima de esta historia, denuncia que, en un mes, no le permitieron ver a su loro, de nombre Kiko: «Siempre me decían lo mismo, que se encontraba bien, pero no me lo daban». Tanto ella como su hija estaban desesperadas.

Después de que su loro, un yaco africano, se escapara accidentalmente hace más de un mes, alguien lo encontró y la policía local lo llevó al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Tres Cantos (CRAS Madrid), pero sus dueñas denuncian que no sólo no les permitieron verle en todo ese tiempo, sino que ni siquiera les dieron nunca una prueba de que siguiera vivo. Según ellas, las trataron peor que a delincuentes.

Si por algún casual el loro se les hubiera muerto a los del CRAS o lo que es peor, ya no hubiera estado en ese momento en su poder, el asunto hubiera sido un escandalazo de dimensiones planetarias. Afortunadamente no fue así.

Abuso de poder

Estamos aquí ante un flagrante caso de abuso de poder absolutamente intolerable, porque, aunque hoy el yaco africano (Psittacus erithacus) es una especie exótica protegida, la señora, cumplía y cumple con todas las bendiciones legales que en su momento le impusieron al adquirir el animal (factura de compra y número de CITES -que es el documento que demuestra que el animal no procedía del tráfico ilegal-).

El ave, fue importada desde Bélgica por una tienda madrileña de mascotas en el 2002, cuando se podía comerciar libremente con esta especie ya que, en aquel momento, los yacos eran CITES 2.

En el 2017 cambiaron a CITES 1, quedando protegidos y prohibida su captura en el campo. A Dori, le cambiaron las reglas del juego a mitad de partido, sin pensar en el bienestar del animal, ni tampoco en el de ella misma, que no paraba de salir en televisión llorando amargamente y reclamando que le devolvieran a su loro… un miembro más de su familia.

Un loro propiedad del estado

El chantaje del MITECO de Sánchez fue vomitivo: o la señora firmaba el cambio de titularidad del loro a favor del Estado, o no le devolvían el animal. Ni siquiera le permitieron objetar y que en el documento figurara un «no conforme». Eran lentejas.

Según los ingenieros del MITECO, no había forma humana de identificar al ave porque no estaba marcada (pese a los 23 años de documentos, testigos y fotos o vídeos del animal, y pese también a que el loro hablaba por los codos y reconocía a su dueña).

Pero el desconocimiento (o prevaricación) de los técnicos del ministerio era de alcance estratosférico pues, la ley de 2017 sólo obligaba a marcar con anilla cerrada o microchip a aquellos ejemplares de yaco destinados a su venta, lo cual, no era el caso del loro de esta señora, anterior además a dicha norma.

Un microchip estatal

El documento del MITECO al que he tenido acceso (quien estas líneas escribe fue solicitado presencialmente como testigo el día de la firma y entrega del ave), señala que este loro es un animal CITES confiscado porque «no existe constancia de su legítima posesión». ¿Perdón? ¿Con una factura de compra y un número de CITES no existe constancia de quién es el loro? Menuda caradura que se gastan Sánchez y sus mafiosos.

Vamos a ver: la ley, sólo permite el cambio forzoso de titularidad CITES, en los casos de un animal confiscado en firme. Aquí, no es que haya una sentencia en firme… ¡es que no hay ninguna sentencia! pues le han colocado un microchip del Estado al loro y le han hecho un certificado CITES de propiedad estatal… ¡saltándose cualquier procedimiento administrativo o judicial!

Y lo han hecho así, ante el miedo a que la señora siguiera peregrinando por los platós de televisión llorando a moco tendido. Temen a las cámaras más que a un nublao. Que, si no fuera por el miedo a la prensa, ni le hubieran devuelto el loro.

De 150 inspectores a 10

En el 2021 los animalistas de Unidas Podemos -en una anomalía histórica-, tocaron moqueta, consiguiendo que las competencias CITES del Ministerio de Comercio (que hasta ese momento funcionaban como un reloj suizo), pasaran a Transición Ecológica (sueño húmedo largamente acariciado por ellos).

Esto conllevó la reducción del personal especializado de 150 inspectores a menos de diez, sin experiencia alguna y externalizados de empresas como Tragsa y similares. Con el anterior equipo de Comercio, a Dori nunca le hubieran robado a su loro. Esta mujer ha sido una víctima, otra más, de la política ideológica de conflicto y competencias ministeriales».

«A mi Kiko, me lo han robado»

Lo que ha hecho el Gobierno es un atraco a mano armada. El Estado no puede adjudicarse al loro porque sencillamente, se requiere un procedimiento administrativo o uno judicial; es decir, aquí se omitieron trámites que son obligatorios antes de quedarse el ave (artículo 3 del Real Decreto 7/2018 en materia de comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, que dice que la propiedad puede demostrarse con la copia original del CITES).

«Yo no entiendo de leyes, pero ellos han cogido a mi Kiko, me lo han robado, y no puedo hacer nada».

De momento, el loro Kiko ha vuelto a su casa de toda la vida y con su familia y su dueña, que fue quien lo crio hace 23 años. Habla cuanto quiere porque es feliz. Lo que él no sabe es que Dori ya no es en verdad su dueña, sino un Estado bajo las órdenes de una mafia, empeñada en que ningún ciudadano tenga mascotas en su casa.

¡Todos al Congo, con los monos!

El de Dori no es el único caso de loro incautado por las autoridades a su legítimo dueño, aunque sí quizás el más mediático hasta ahora. En Zaragoza tenemos otro ahora mismo de un chico que compró un yaco hace siete años en una tienda Kiwoko con todos sus papeles legales, y que el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) también ha incautado por no haber puesto el establecimiento el documento UE de transacción específico a su nombre. Está a la espera de juicio.

Pareciera que, desde la publicación en el BOE de la citada Ley de Derechos Animales, se hubiese declarado una guerra contra algunas mascotas, entre ellas muy especialmente los loros. Veamos:

Operación Thunder

Año 2022, Operación Thunder, que el Seprona presenta codo a codo con el MITECO en AAP Primadomus, la sede alicantina de la mafia E.V.A. holandesa. Entre flores y autobombo, destacan la incautación en Barcelona de más de 100 tortugas rusas (Testudo horsfieldii) y una treintena de loros yacos (Psittacus erithacus). Ambas especies, sin identificar, y vulnerables por su comercio ilegal según el UICN.

Las tortugas, compradas a un mayorista en Alemania donde no es obligatorio el chip y que se marcaban según salían a la venta, fueron intervenidas en un almacén al por mayor.

Los loros, nacidos en cautividad hasta el 2017 no necesitaban como he dicho antes más que un número de CITES 2 (ni siquiera el documento físico); bastaba con la factura de compra.

Nacidos en cautividad y eran doméstico

Pues bien, el Seprona, loro que ve sin CITES físico (en papel, vamos) lo declara ilegal y lo decomisa, porque no guardaste un ticket de compra de hace una década. Los decomisaron todos y, lo más asombroso del asunto… ¡es que los enviaron al Congo! Concretamente a la Fundación Jane Godall (sí sí, la de los chimpancés).

Unos loros estos, que jamás fueron expoliados del medio natural, porque habían nacido en cautividad y eran domésticos. Ninguno había nacido en el Congo. Esto es oro molido porque el titular, es que España, exporta loros yacos domésticos para, supuestamente, soltarlos en la selva.

Lo que en verdad han hecho es decomisar aves que eran la mascota de alguien, porque no tenían el certificado CITES 1 ¡obligatorio sólo desde el 2017! (a ver quién demonios guardaba en los años 90 el ticket de compra de un loro), para que acaben sus días en una jaula del Congo, de la que, si son liberados, van a acabar en una sartén fritos en grasa de mono.

De España al Congo

Y esto es casi literal porque los comentarios de los congoleños entonces fueron que: «Nosotros exportando cientos de loros fuera, y los españoles van a enviarnos 34 loros aquí, donde apenas tenemos agua y comida para alimentarlos: qué buena sopa nos van a hacer los pajaritos esos… no se os ocurra migrar a España, que os deportan acá».

Esto último es literal: «cientos de loros fuera». Resulta que, unas fechas antes, el gobernador congolés interino de Mariema, Alfani Idrissa Mangala, había autorizado la exportación de 400 yacos. Es decir, que nosotros mandándoles al Congo docenas de loros criados en cautividad e incautados a sus dueños, y ellos exportando yacos cogidos de la selva a centenares. Todo en orden. Ah, y encima, la aerolínea utilizada por España para exiliar a las aves con sombras en su historial relacionadas con el tráfico irregular de loros.

Atentos al titular del informe de la autoridad científica CITES España: La misión de repatriación dirigida por Wild at Life e.V. Turkish Cargo & JGI de 34 loros grises congoleños introducidos de contrabando en España. ¡Mentira!: Son 34 loros nacidos en España y confiscados por no tener la documentación correcta, según el MITECO, involucrado en el chanchullo junto al CSIC, el FIEB, el TIFIES y el propio Seprona.

Por cierto, el TIFIES (Plan de acción español contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres), otro chiringuito del MITECO, está compuesto por AAP Primadomus, ANDA, Proyecto Gran Simio y el propio FIEB, y no se ha incorporado nadie que no sea de la cuerda animalista desde su creación en el 2019. El Imperio de la ley es una utopía en España.

Peanut y Fred

El asunto de la incautación ilegal de mascotas invocando supuestas normas de bienestar animal o prohibición de tenencia, no lo ha inaugurado el loro de Dori en España, sino que viene de atrás en el tiempo tanto en nuestro país, como allende nuestras fronteras.

Aún recordamos como en las pasadas elecciones de EE.UU. la autoridades demócratas neoyorquinas sacrificaron a Peanut, la ardilla influencer, con casi un millón de seguidores en Instagram, y que se había convertido en símbolo del apoyo al entonces candidato a la presidencia Donald Trump. La muerte del roedor -y de su compañero Fred, un mapache igualmente famoso en redes-, impactó de increíble manera en la recta final de esas elecciones.

Los dueños de la famosa ardilla, exigieron en aquel entonces 10 millones de dólares al Estado de Nueva York, por redada y ejecución injustificada. Los Inspectores del Departamento de Conservación neoyorkino (DEC) se dirigieron al refugio hogar de los dos animales bajo la excusa de que era ilegal adoptar ejemplares silvestres.

Argumentaron luego que, Peanut, había mordido a uno de sus agentes, razón por la que lo sacrificaron. Sus dueños afirman que el DEC abusó de su poder. Aunque se descartó la rabia, nunca devolvieron los cuerpos. Peanut, célebre por sus fotos vestido de cowboy, sigue hoy recibiendo homenajes en las redes sociales

Multas a las ancianas

Tras la publicación en el BOE de la Ley de Protección de los Derechos de los Animales (la norma más contestada de la democracia española por cierto), la maquinaria represiva del Estado se puso en marcha para aterrorizar a la ciudadanía amante de sus animales de compañía, bajo amenazas de multas millonarias.

Los más indefensos, nuestros abuelos, a los que se les quería prohibir la tenencia de sus mascotas a base de hacerles pasar por obligatorios cursos de pasea-perros, o de contratar elevados seguros para sus mascotas.

La multa por el galgo

En Vigo, el 29 de septiembre del 2023, la policía local llegó a multar con 500 euros a una señora que dejó atado a su perro dálmata en la puerta de una farmacia mientras ella entraba a comprar unos medicamentos. Ocurrió en la calle Ronda de Don Bosco.

La acción, prohibida por la ya recientemente entrada en vigor dos días antes, Ley de Protección de los Derechos Animales, recogía en su artículo 27 que «quedaba expresamente prohibido mantener a los animales de compañía atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial de la persona responsable de su cuidado y comportamiento» bajo multa de entre 500 y 10.000 euros.

El escándalo saltó a los medios y fue de tal magnitud, que el ayuntamiento vigués no tuvo más remedio, ante la creciente presión social, que retirar la sanción por la puerta de atrás y sacar a su concejal de Seguridad, Patricia Rodríguez, a afirmar en El Faro de Vigo que todo el asunto era un bulo de la prensa y que no existía ninguna copia de ninguna denuncia de esa naturaleza en las dependencias de la Jefatura, y que, de existir, sería una sanción únicamente a título informativo.

La disposición transitoria segunda

En la recta final de la aprobación en el Parlamento de la Ley de Protección de los Derechos de los Animales, el PSOE introdujo a última hora y sin previo aviso ni consenso, una disposición, la transitoria segunda, que prohibía preventivamente la tenencia de una serie de animales domésticos como mascota.

Lo hizo, para que mientras se elaboraban los famosos listados positivos (varios años de espera), quedaran prohibidos de momento una serie de animales que el Gobierno no quería que los españoles tuvieran como mascota. Entre ellos, todos los animales con algún tipo de toxina o veneno, los reptiles de más de dos kilogramos (excepto tortugas), todos los primates, y los mamíferos de más de cinco kilos de peso.

La disposición, que no se apoyaba en ningún estudio científico existente, obligaba asimismo a los propietarios de estos animales a auto-denunciarse por su tenencia (aunque hasta ese momento fuera legal), y a entregar los ejemplares a la Administración para que acabaran sus días en cualquier centro de fauna de mala muerte del país. Tal cual. Prohibicionismo estalinista en estado puro, vamos. Esto fue en septiembre del 2023 como digo.

Desde entonces hasta ahora, no se conoce ninguna auto-denuncia de este tipo, pero sí que han aumentado los avistamientos de animales domésticos en pleno campo, incluidos muchos exóticos. Conocidos son los casos de dos caimanes capturados en ríos y lagos de Toledo en los últimos meses, el caso de la iguana Rocky, o el mediático caso del caimán de Torrijos.

Salvado por la campana

Estos eran los titulares de prensa del 20 de junio del 2024: Un cocodrilo de un pueblo de Toledo se salva de ser el primer animal decomisado por la Ley de Derechos Animales. Se trataba de Charlie, un cocodrilo enano de 9 años que vivía en un núcleo zoológico de Torrijos (Toledo).

Su dueño temía que pudiera morir si abandonaba el hogar. El animal, se libró de convertirse en la primera mascota decomisada al amparo de la Ley de Protección de Derechos Animales y su famosa Disposición Transitoria Segunda, después de que la orden prevista de decomiso quedara en suspenso gracias a que la abogada del dueño del saurio se plantara en la puerta del inmueble y no dejará pasar ni a Dios para robarlo.

Como habían notificado a su dueño, a primera hora de esa mañana los agentes del CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) habían acudido a la tienda de animales exóticos de Fran Torres para llevarse a este reptil de la especie (Osteolaemus tetraspis).

Un decomiso sin orden del juez

La orden de decomiso tenía su origen en una inspección realizada por agentes del Seprona junto a personal especializado que certificaron que el animal superaba los famosos dos kilos de peso: la barrera que estipulaba la Disposición Transitoria Segunda para la tenencia de reptiles de la recién entrada en vigor Ley de Derechos Animales.

No existía orden alguna del juez. Ante esta situación, Torres además denunció que el personal que asistió al Seprona en la inspección no se identificó con arreglo a la normativa vigente en el acta.

Esta presunta irregularidad, la no existencia de una orden judicial, y la advertencia tanto de Torres como de su letrada sobre las consecuencias que podría acarrear el traslado al estado de salud de Charlie, llevaron finalmente a los agentes a no ejecutar el decomiso de la mascota.

La presencia de los miembros del CITES no estaba exenta de tensión. Según reconoció el dueño del animal, no sabía si al proceso -que aún hoy sigue su curso- le añadirían una denuncia por desacato al haber impedido el acceso al lugar donde se encontraba el cocodrilo.

«En ningún momento quisieron hablar con nosotros ni entrar en razón. Ni siquiera nos dijeron qué animales se querían llevar. Es mi mascota. No sólo yo lo voy a pasar mal sino que él va a acabar muriendo», se lamentaba Torres ese día, y que aseguraba que los agentes contaban con una lista en la que se encontraban una veintena de animales como geckos o serpientes.

No obstante, su principal miedo era que Charlie pudiera morir si le separaban de él: «Aquí está en un estanque de cuatro por tres metros que nos ha costado un dineral y que está adaptado al doble de capacidad de la que necesita. Cuando le cambiamos a esta instalación, con moverle 100 o 200 metros estuvo un mes sin comer».

Fran y Charlie también contaron en esos momentos con el apoyo de la Federación Fauna. Luis Olmedo, miembro de su junta directiva, cargó con dureza contra una ley que calificó de «desastre» y que «batió todos los récords de nuestra democracia en cuanto a haber sido la más protestada, la que más consultas llevó e incluso la más desobedecida».

Cuatro animales muertos ya

Quizás el caso más grave de abuso de poder en este asunto de la Ley de Derechos Animales que se esté dando ahora mismo, sea el de los loros, cacatúas y guacamayos del núcleo zoológico El Jardín de las Aves, sito en la isla de El Hierro y propiedad del avicultor Carlos Simón.

Este hombre, veterano criador herreño de psitácidas de Frontera, de reconocido prestigio internacional y registrado como criador profesional desde hace más de cuarenta años, fue objeto de una vandálica redada del Seprona en su centro, motivada supuestamente por una denuncia de la Fundación Neotrópico por presunto maltrato animal. La Guardia Civil le incautó más de una treintena aves, todas en perfecto estado y con todas las bendiciones legales.

La actuación, absolutamente desproporcionada y carente de fundamento, ya ha sido denunciada públicamente por la Asociación Internacional de Criadores de Aves Silvestres (Aviornis).

«Como sacarlas por la puerta de la jaula era excesivamente laborioso para la Guardia Civil y los responsables del centro CITES que los asistían, cortaron los barrotes con cizallas y sierras radiales, aterrorizando a las aves y salpicándolas con las chispas», explicaba el avicultor a la prensa local, tras sufrir, lo que él considera, una «desproporcionada actuación» por parte del Seprona con orden de entrada y registro de su finca dictada por el Juzgado de Frontera (El Hierro), por unos supuestos delitos de maltrato animal y relativos a la fauna y la flora.

El núcleo zoológico en el que se hallaban las más de sesenta aves del centro estaba registrado ante las autoridades canarias y Carlos Simón, la víctima, acreditado como criador reconocido por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico e inscrito en la base de datos Cites LinCeX desde hace casi dos décadas.

«La Guardia Civil me dijo que las anillas abiertas que identificaban a los animales eran un método obsoleto, por lo que procedí a microchipar cada ave y comunicarlo al Gobierno de Canarias y al MITECO», declara Simón. Además, «según resolución del director general de Política Comercial, notificada el 19 de noviembre, no existe plazo para actualizar las marcas a los ejemplares anillados antes del 2018».

Sin embargo, y según las mismas fuentes, esta subsanación «no fue motivo para parar a los agentes del Seprona, que no dudaron en someter a grave peligro las vidas de las aves, decididos a trasladarlas a un centro CITES por una mera formalidad administrativa», critica.

«Una vez fuera de sus alojamientos, los animales estuvieron a pleno sol sin comer y sin beber durante horas, hasta que acabó la entrada y registro judicial, ante la pasividad de los agentes, el enviado del centro CITES de Tenerife que se debía hacer cargo de ellos, y el letrado de la Administración de Justicia», denuncia.

Pero, además, Carlos Simón revela que «los animales pasaron toda la noche en El Hierro al no poder embarcar a Tenerife. Ignoramos en qué condiciones» se queja Simón, quien añade que «no se entiende cómo es posible que no se hubiese dejado los animales en unos alojamientos adecuados. Hasta que se hubiera comprobado su documentación, debían haber estado en los mejores alojamientos posibles, y este, no era un buen comienzo», remarca.

Llueve sobre mojado

Para la asociación AVIORNIS llueve sobre mojado, y explican que, «al igual que en el sobreseído caso de O’Porriño del 2022, en el que murieron nueve aves de alto valor genético y monetario, el MITECO y la Guardia Civil volvieron a demostrar un absoluto desconocimiento de las normas y procedió a una incautación de animales registrados desproporcionada y sin ninguna garantía.

Y es que desde que el ministerio que dirigía Teresa Ribera se hiciera cargo -gracias a Sánchez y Podemos- de la gestión del convenio CITES en detrimento del Ministerio de Industria y Comercio (que es lo lógico al ser CITES un tratado que regula el comercio de especies), las actuaciones arbitrarias no han hecho más que sucederse», critican.

«Sólo espero que no muera ningún pájaro, llevan décadas conmigo en un entorno ideal para ellos y correctamente registrados. Ellos no merecen este trato». sentencia Carlos Simón. De momento, ya han muerto cuatro.

Simios con derechos humanos

No me gustaría acabar esta panoplia de casos de abusos de poder de la Ley de Derechos de Animales sin comentar otra de las consecuencias de la aprobación de la norma. Desde hace años los grupos E.V.A. andan buscando la manera de acabar con la relación tradicional del humano con los animales, bien sea ésta por ocio, tradición, cultura o negocio.

En este saco van metidos los toros, los circos, los museos de historia natural, el pastoreo, la caza, la pesca, la ganadería, las mascotas, la dieta omnívora y, por supuesto, los zoos. Quieren acabar con todos, por eso desde hace años, la campaña de descrédito hacia ellos no para.

Ley Nacional de Derechos de los Grandes Simios

Se les acusa desde el wokismo ideológico de ser cárceles de animales y están siempre adoctrinando los E.V.A. en pro de su extinción. En eso anda la progre Asociación Proyecto Gran Simio (PGS) -cuya sucursal en España promovió Zapatero junto al eugenista Peter Singer-, y que bajo la excusa de querer otorgar a los grandes simios derechos humanos básicos, busca la manera de robar los animales a los parques para llevárselos a sus chiringuitos llamados santuarios y vivir de ellos.

Y toda esta panda, logró incluir a última hora y por la puerta de atrás en la Ley de Derechos Animales, la Disposición Adicional Cuarta, que obligaba al Gobierno a elaborar en el plazo máximo de tres meses una Ley Nacional de Derechos de los Grandes Simios.

Toda vez que ya han pasado dos años de la entrada en vigor de la Ley, el ministro Bustinduy de Derechos Sociales pensó que ya había transcurrido demasiado tiempo sin hacer cumplir la mencionada disposición, y hace unos días reunió en el Ministerio a toda la parroquia de fanáticos E.V.A. junto a los representantes españoles de los zoos, para echar a andar la futura ley.

De aprobarse esta salvajada, España se convertiría en el primer país del mundo en contar con una norma de esta naturaleza. Quieren declarar a los simios «personas no humanas», prohibir a los zoos que críen con ellos (son especies en peligro de extinción), que incluso los tengan en propiedad… y que se los den a ellos. No son listos ni ná. Así estamos…