España aprueba la ley que cambia la movilidad: adiós a vuelos cortos y recuperación de trenes nocturnos

El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Movilidad Sostenible, una normativa histórica que marca un antes y un después en el modelo de transporte español.

La votación ha sido ajustada, con 174 votos a favor del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV, cuatro abstenciones de Podemos y los votos en contra del Partido Popular, Vox y UPN.

El texto, que ahora pasa al Senado para completar su tramitación, constituye la primera ley estatal de movilidad sostenible y resulta fundamental para acceder a cerca de 10.000 millones de euros en fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tres años de tramitación

La aprobación de la ley culmina más de tres años de intensa tramitación parlamentaria que se inició en 2022 con el anteproyecto. Durante este periodo, el texto ha recibido cientos de enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios y ha sido objeto de intensas negociaciones.

El acuerdo final se alcanzó in extremis tras días de conversaciones entre el Gobierno y Podemos, que finalmente aceptó abstenerse a cambio de garantías sobre el aeropuerto de El Prat. Esta aprobación da cumplimiento a una obligación emanada de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021.

El mortífero efecto de las emisiones

El sector del transporte es el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, contribuyendo con el 33,3% del total en 2024. El transporte por carretera, por sí solo, es responsable del 32,1% de las emisiones totales.

Además, el transporte causa 30.000 muertes prematuras anuales por contaminación atmosférica, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, incluyendo 18.500 por partículas PM 2,5, 5.500 por dióxido de nitrógeno y 6.100 por ozono troposférico.

Planes obligatorios de movilidad para empresas

Una de las medidas más significativas de la ley es la obligación para empresas con más de 200 empleados por centro, o 100 por turno, de elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo en un plazo máximo de dos años.

Inicialmente, el proyecto contemplaba esta obligación solo para empresas de más de 500 empleados, que representan apenas el 1% del total, pero durante la tramitación se rebajó el umbral para ampliar significativamente su alcance. Estos planes deberán incluir medidas para fomentar los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público.

Promoción del coche compartido

Los planes empresariales también deberán promover el coche compartido, facilitar el uso de vehículos eléctricos y contemplar fórmulas de teletrabajo y horarios flexibles para reducir los desplazamientos en hora punta.

Esta medida busca reducir la dependencia del vehículo privado en los trayectos laborales, que representan una parte significativa de la congestión urbana. Las empresas que incumplan esta obligación se enfrentarán a sanciones dentro del nuevo régimen sancionador que establece la ley.

Emisiones empresariales

La norma establece además que los grandes centros de actividad deberán contar con planes similares. El objetivo es transformar los patrones de movilidad asociados al trabajo y reducir las emisiones generadas por millones de desplazamientos diarios.

El Gobierno considera esta medida imprescindible para avanzar en el impulso de la movilidad sostenible y reducir la huella de carbono del sector empresarial español.

Reducción de vuelos domésticos

Otra medida destacada es el impulso a la eliminación de vuelos domésticos cuando exista una alternativa ferroviaria de hasta 2,5 horas. Esta disposición no se aplicará a trayectos que conecten con aeropuertos de vuelos internacionales para no perjudicar las conexiones globales.

La reducción de los vuelos de corta distancia, tendría un impacto muy débil en las emisiones. La excepcionalidad de los vuelos de conexión internacional dejaría fuera de su aplicación a prácticamente todos los trayectos a los que pudiera afectar. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) asegura, además, que este tipo de vuelos son responsables de apenas el 0,9% de las emisiones.

El Ministerio de Transportes deberá elaborar en los próximos seis meses un estudio de impacto que determine cómo y cuándo podría aplicarse esta reducción de forma efectiva y proporcional.

Promoción del ferrocarril

La ley apuesta además por la recuperación de trenes nocturnos y el fortalecimiento de conexiones ferroviarias con el resto de países de la Unión Europea.

Se establece un nuevo programa de apoyo al sector del transporte ferroviario de mercancías, con el objetivo de reducir las emisiones del transporte de bienes. El Gobierno aprobará en el plazo de un año los objetivos estimados de reducción de gases de efecto invernadero hasta 2030, alineados con el incremento previsto del uso del ferrocarril de mercancías.

Transporte más sostenible

Para facilitar la transición hacia modos de transporte más sostenibles, se introduce también el Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS), que servirá como marco para la planificación y gestión sostenible del transporte.

El Gobierno tiene 18 meses para aprobar el primer DOMOS tras la entrada en vigor de la ley, estableciendo objetivos claros y medibles para la descarbonización del sector.

Paradas de bus en todos los municipios

Por primera vez en España, una ley reconoce la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía. Esta deberá ser accesible e inclusiva, y las administraciones trabajarán de forma coordinada para garantizarla. En este contexto, la ley consolida el sistema concesional de autobuses, garantizando que ningún ciudadano perderá oportunidades de viaje.

El Ministerio asegurará la parada en todos los municipios actualmente atendidos, y si una comunidad autónoma no puede asumir un servicio, el Gobierno central lo mantendrá mediante financiación propia.

Marco de financiación

La norma establece por primera vez un marco de financiación estatal estable para el transporte público municipal, que hasta ahora dependía de transferencias puntuales.

Esta medida proporciona seguridad jurídica a los ayuntamientos para planificar sus políticas de transporte a largo plazo. Se rediseña también el mapa de concesiones de autobuses interurbanos con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

Contra la «pobreza de transporte»

La ley incluye además la obligación de elaborar una estrategia estatal contra la Pobreza de Transporte, reconociendo que el acceso a la movilidad es fundamental para la cohesión social y territorial.

Esta estrategia estará dirigida a paliar las carencias del sistema de transportes desde el punto de vista tanto de infraestructuras como de servicios, garantizando que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la movilidad, independientemente de su lugar de residencia o nivel de renta.

Revisión de etiquetas ambientales y electrificación

El Gobierno deberá revisar en el plazo de un año el sistema de distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico. Las etiquetas actuales (ZERO, ECO, C y B) se reformarán incorporando las emisiones reales de CO₂ como criterio adicional, no sólo los contaminantes locales.

Esta modificación busca reflejar de manera más precisa el impacto climático de cada vehículo y orientar mejor las decisiones de compra de los consumidores.

Electrificación de las gasolineras

La norma impulsa la electrificación del parque automovilístico, obligando a las estaciones de servicio con mayor volumen de ventas a instalar puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos.

Concretamente, las gasolineras que superen los 10 millones de litros anuales en ventas de gasolina y gasóleo deberán contar con al menos un grupo de recarga eléctrica de 400 kW, incluyendo un punto de recarga de 150 kW en corriente continua. El Ministerio publicará un mapa con la localización de todas las infraestructuras públicas de recarga.

Impulso a la bici

La ley elabora también una estrategia estatal de impulso del uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano. Todas las administraciones deberán promover su utilización y mejorar las infraestructuras ciclistas, incluyendo aparcamientos y carriles específicos.

Se fomenta además la intermodalidad para que las bicicletas puedan combinarse con otros modos de transporte, facilitando desplazamientos mixtos más eficientes y sostenibles.

Reacciones de la sociedad civil

Quince entidades de la sociedad civil, incluyendo organizaciones ecologistas, ambientales, sindicales y juveniles, han celebrado la aprobación de la ley. En un comunicado conjunto, manifiestan que «la Ley de Movilidad Sostenible constituye un paso adelante en la descarbonización del sector transporte-movilidad», aunque reconocen que «el texto no presenta la ambición que nos hubiera gustado».

Las organizaciones valoran positivamente el apoyo de Sumar, EH Bildu, ERC, Podemos y BNG a las propuestas de enmienda presentadas durante la tramitación.

Neutralidad climática

Las entidades destacan que la ley contiene «elementos significativos con capacidad real para reducir los impactos del sector y mejorar la vida de las personas, la salud pública y el medio ambiente».

Entre los logros conseguidos durante la tramitación, subrayan el compromiso de alcanzar la neutralidad climática del transporte en 2050, el reconocimiento de la multimodalidad y la justicia social como principios rectores, y la promoción de la movilidad infantil en la planificación urbana.