El Constitucional da la razón al Estado para derribar dos complejos turísticos de Riu en Canarias

Dos hoteles y un complejo de apartamentos pertenecientes a la cadena hotelera Riu, que según el Estado deberían ser derribados por estar en zonas protegidas, es el foco de una discusión entre el Gobierno de España y el ejecutivo de Canarias.

Estos complejos turísticos, situados desde hace décadas en el Parque Natural de Corralejo, en Fuerteventura, son los objetivos del expediente de caducidad iniciado por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) sobre la licencia del Hotel Riu Oliva Beach Resort, de la cadena Riu, que también afecta al establecimiento Riu Palace Tres Islas.

Tras el fallo del Tribunal Constitucional a favor del Estado en relación con las competencias relativas al expediente de caducidad de estos dos hoteles y el complejo de apartamentos de la cadena hotelera Riu «queda despejado el camino para el derribo de estas infraestructuras turísticas», según indica SEO/BirdLife.

Competencias sobre las costas

En el ojo de la discusión están las competencias de las costas de Canarias, que el gobierno insular defiende como suyas para paralizar la caducidad de la concesión emitida por el MITECO.

El pasado 22 de agosto ambas partes se reunieron para abordar las competencias en costas que el Gobierno canario defiende que dichas competencias le pertenecen íntegramente según el Estatuto de Autonomía de 2018.

Ahora, el pleno del Constitucional decide por unanimidad rechazar el recurso del ejecutivo de Canarias contra la caducidad de la concesión y da vía libre al ministerio para seguir adelante con la tramitación del derribo de estas instalaciones del Grupo Riu.

Concesión estatal

La concesión otorgada hace décadas permitía que los complejos de la cadena hotelera Riu operaran turísticamente en este espacio, un permiso que es competencia del Estado español, según el alto tribunal.

Sin embargo, las dunas de Corralejo, al norte de la isla de Fuerteventura, fueron declaradas parque natural en 1982 cuando el hotel Oliva Beach de la cadena Riu llevaba más de cinco años en las dunas.

Fue en 2003 cuando el Estado decidió dar la concesión, tres décadas de autorización a contar desde el año 1992, fecha en la que las autoridades dejaron por escrito que el hotel invadía dominio público.

Caducidad de la concesión

La licencia concedida a la empresa Geafond fue modificándose y prorrogándose con el paso de los años hasta que en 2020, cuando se constató que el hotel y los apartamentos habían crecido más de lo previsto.

En ese mismo año, el secretario de Estado de Medio Ambiente firmó la caducidad de la concesión y comunicó a la concesionaria su obligación de demoler el hotel por incumplir la normativa de costas.

Todo gira en torno a la protección de la zona, ya que «tanto los apartamentos como los hoteles Oliva Beach y Tres Islas, además de una anomalía visual de gran impacto dentro del complejo dunar más relevante de Canarias, generan graves perjuicios y deterioro tanto al espacio como a un buen número de especies protegidas de aves» según SEO/BirdLife.

Un hotel que incumple

Así, tras varias décadas de concesión, en febrero de 2020, el Estado firmó la caducidad de la misma por incumplir la normativa de costas, y comunicó a la concesionaria la obligación de demoler.

El Gobierno de Canarias, inmerso en el proceso de transferencia de competencias en esta materia por parte del Gobierno Central, acudió al Tribunal Constitucional en defensa de lo que consideraba sus intereses.

Ahora, este tribunal rechaza las alegaciones planteadas por el ejecutivo canario y determina que la toma de decisiones en cuanto a la caducidad de la concesión de los hoteles y apartamentos corresponde al Estado y no a la comunidad autónoma.

Decisión de demolición

Queda, por tanto, en manos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) «garantizar que se procede a demolerlos, y que se realiza la restauración ecológica pertinente», anota la entidad conservacionista.

«Celebramos el fallo del Tribunal Constitucional, que confirma la competencia del Estado en esta circunstancia, y pedimos al ejecutivo regional que ponga el mismo celo que muestra, a la hora de reclamar competencias al Estado, en garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en el archipiélago», señala Yarci Acosta, delegado de la SEO/BirdLife en Canarias.

Un proceso de años

Desde el Grupo RIU  informan que «esta resolución del TC no significa, ni implica, el derribo del Hotel Riu Oliva Beach, de Corralejo. Desde RIU vamos a mantener la defensa de nuestros derechos a través de la vía judicial; algo que siempre hemos dicho que íbamos a defender», reconociendo que «es un proceso que puede durar años».

La compañía hotelera sostiene que en Canarias «no hay argumentos jurídicos ni hechos que justifiquen la caducidad de la concesión administrativa otorgada al hotel Riu Oliva Beach. Así lo defenderemos en los Tribunales de Justicia en defensa de nuestro legítimo interés, en amparo de los más de 400 puestos de trabajo directos de dicho establecimiento y, también, del interés general de la isla de Fuerteventura; que ha expresado de forma diáfana, a través de todas sus instituciones, su respaldo a la continuidad de la concesión».

Como ya lo han expresado en otras oportunidades, Riu considera que las infracciones que el Ministerio de Transición Ecológica les atribuye en el Oliva Beach en Canarias»carecen de fundamento y describen una situación que no coincide con la realidad física del hotel».

Soluciones para los trabajadores

Por otra parte, SEO/BirdLife solicita, tanto a la administración regional como central, colaboración y diálogo para identificar opciones para los trabajadores, cifrados según la empresa en 400, que se vieran afectados por un eventual derribo y el cese de la actividad económica que llevaría aparejado.

La zona afectada es un espacio declarado Zona de Especial Conservación (ZEC Corralejo) y Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA Dunas de Corralejo e Islote de Lobos), ambas pertenecientes a la Red Natura 2000.

Entre otras especies, aparecen la hubara canaria (Chlamydotis undulata fuertaventurae), catalogada como «en peligro de extinción», y el corredor sahariano (Cursorius cursor) o la ganga ortega (Pterocles orientalis), ambas en la categoría de «vulnerable» en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas.