Ni la ITV ni las etiquetas de la DGT: el último palo a los coches viene de Europa y te va a afectar

Actualmente, los conductores deben adaptarse constantemente a nuevas normas, restricciones y requisitos que afectan directamente al uso de sus vehículos. Si antes bastaba con tener el carnet en regla y pasar la ITV, hoy en día hay que preocuparse por etiquetas medioambientales, zonas de bajas emisiones y cada vez más trabas administrativas. A esta larga lista de requisitos podría sumarse próximamente una nueva medida de la Unión Europea que, de aprobarse, podría dejar fuera de juego a miles de vehículos de segunda mano en cuestión de meses.

La idea parte de una revisión del concepto de «vehículo al final de su vida útil», ampliando los criterios para declarar un coche como inservible. Aunque por ahora la normativa está en fase de propuesta, de salir adelante afectaría a millones de conductores, especialmente a quienes, por razones económicas, han optado por un coche de segunda mano.

Europa apunta a los coches de segunda mano

Las estadísticas hablan por sí solas: por cada coche nuevo que se matricula en Europa, se venden dos usados. Ante este escenario, la propuesta que se debate en Bruselas ha generado un clima de preocupación entre conductores, vendedores de vehículos de segunda mano, talleres y profesionales del sector. Si se endurecen los criterios para decidir cuándo un coche deja de ser apto para circular, se abriría la puerta a retirar de la circulación a una gran cantidad de vehículos que, aunque no sean los más modernos, siguen funcionando perfectamente.

El objetivo que defiende la Comisión Europea es claro: rejuvenecer el parque automovilístico, reducir las emisiones contaminantes y acelerar la transición hacia una economía más sostenible y circular. Bajo este enfoque, se propone modificar el marco legal que define qué se entiende por «vehículo al final de su vida útil». Hasta ahora, este término hacía referencia a coches irreparables o cuyo coste de reparación superaba ampliamente su valor en el mercado.

Sin embargo, con el nuevo enfoque, se pretende aplicar una evaluación más estricta, en la que aspectos como la antigüedad, las emisiones contaminantes o el tipo de motor puedan ser suficientes para que un vehículo sea declarado inservible, incluso si sigue funcionando sin problemas evidentes. La implicación directa es que el coche no podría seguir en circulación ni ser vendido a otro particular, sino que tendría que ser entregado directamente en un desguace autorizado.

Una ITV más severa y talleres con nuevas competencias

Una de las grandes novedades de esta propuesta es que el dictamen sobre si un coche ha llegado al final de su vida útil podría emitirse durante la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) o en talleres autorizados para tal fin. Esto supone un cambio de paradigma, ya que hasta ahora la ITV sólo comprobaba que el coche cumpliera con los requisitos técnicos y de seguridad mínimos para seguir circulando.

Con la nueva normativa, una revisión rutinaria podría acabar con un informe que determine que el coche debe ser retirado definitivamente. La decisión ya no estaría basada únicamente en fallos mecánicos o técnicos, sino también en criterios medioambientales, lo que podría dar lugar a casos en los que un coche perfectamente operativo y bien mantenido termine siendo considerado como residuo automovilístico.

Transición ecológica vs. realidad económica

La intención de Bruselas forma parte de un marco más amplio que busca cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo y reducir la huella de carbono en el sector del transporte. No obstante, muchas voces critican que este tipo de medidas se están aplicando sin tener en cuenta la realidad económica y social de millones de ciudadanos.

En lugar de fomentar alternativas accesibles o implementar planes de ayuda para renovar el coche, se apuesta por establecer nuevas restricciones que perjudican especialmente a quienes menos opciones tienen. De hecho, existe el temor de que esta medida suponga una «muerte administrativa» para muchos vehículos que podrían seguir circulando durante años sin representar un riesgo para la seguridad vial ni generar un impacto ambiental desproporcionado.

Una propuesta en debate

Por el momento, la iniciativa se encuentra en fase de estudio y no ha sido aprobada definitivamente. Sin embargo, la Comisión Europea ha dejado claro que quiere avanzar rápidamente en su implementación. Si el texto legislativo se aprueba a finales de este año, la medida podría entrar en vigor en 2026, dejando un margen muy reducido para adaptarse a la nueva normativa.

Mientras tanto, asociaciones de consumidores, organizaciones del motor y fabricantes de vehículos están presionando para que se revisen algunos puntos clave de la propuesta. Entre las demandas más repetidas está la necesidad de establecer criterios claros, objetivos y transparentes que eviten arbitrariedades y situaciones injustas, así como la exigencia de ofrecer ayudas económicas a quienes se vean obligados a retirar su coche sin tener recursos para reemplazarlo.

Ante esta posible nueva realidad, muchos se preguntan qué pueden hacer si su coche de segunda finalmente se ve afectado. Por ahora, lo más importante es mantenerse informado y seguir de cerca los avances de esta normativa.