La última amenaza del Gobierno a Almeida: «Antes o después, vamos a hacerlo»

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Torres, mantiene su cruzada contra el Ayuntamiento de Madrid por la posible fosa con restos de brigadistas en el enclave donde se ubicará el cantón de Montecarmelo. A pesar de que fue el propio Gobierno el que no cumplió en tiempo y forma los trámites que tenía que remitir al Consistorio para poder realizar los análisis sobre el terreno, ahora lanza un ultimátum a José Luis Martínez-Almeida.

«Hemos vuelto a pedir que se nos autorice a realizar catas arqueológicas para saber con seguridad si existen o no restos cadavéricos en los aledaños del cementerio de Fuencarral. La primera petición fue desestimada», ha afirmado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. No es la primera vez que lo piden. El Gobierno renunció a investigar esta fosa tras movilizar 17.000 euros para contratar a una empresa que estudiase los terrenos.

Cuando el Ayuntamiento de Almeida requirió a la empresa contratada por el Gobierno que, en un plazo de 10 días, debía definir la superficie afectada y presentar la autorización específica de las actividades de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas, de acuerdo a lo que establece la Ley de Memoria Democrática. Un mes más tarde, la adjudicataria presentó un plano aproximado de la superficie a ocupar y la resolución de adjudicación del contrato por parte del Gobierno, aunque desde el Ayuntamiento han defendido que no se aportó la autorización exigida por la Ley de Memoria Democrática.

«Destruir una fosa es ilegal. Antes o después, vamos a hacerlo. En el momento en el que salga un hueso y se certifique que allí hay cadáveres, hay que exhumarlos», ha sentenciado Martínez, en la rueda de prensa posterior al Consejo Territorial de Memoria, donde se ha aprobado repartir tres millones para exhumaciones y lugares de memoria, de los que Madrid sólo ha recibido 58.000 euros.

Lugares de memoria

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y los Gobiernos autonómicos han aprobado este jueves el reparto a las comunidades de tres millones de euros para este año, que irán destinados a localización, exhumación e identificación de los cadáveres, así como a la divulgación de los hallazgos en las fosas y a la «dignificación» de los lugares de memoria. La Comunidad de Madrid será la región que menos reciba, solo 58.829 euros.

Según ha detallado Francisco Martínez, 1,6 millones de euros irán destinados a las comunidades que tienen un mayor número de fosas, mientras que casi 400.000 euros se reparten en función de si las regiones tienen o no fosas comunes. El millón restante está guardado para dar a conocer y divulgar los hallazgos que se han realizado en fosas y también la dignificación de esos lugares de memoria.

La comunidad autónoma que más fondos recibirá de estos tres millones destinados a memoria para este año será Andalucía, a la que se le transferirán más de 520.000 euros para estas labores. Le sigue Cataluña en segundo lugar, con un importe cercano a los 420.000 euros. Castilla-La Mancha será la tercera región que más recibirá, hasta los 313.874 euros.

Tras estas regiones se sitúan la Comunidad Valenciana (289.327 euros); Castilla y León (226.760 euros); Extremadura (192.422 euros); Navarra (140.974 euros); Aragón (126.759 euros); Baleares (124.195 euros); Asturias (105.815 euros); Galicia (77.686 euros); Canarias (74.104 euros); Cantabria (70.163 euros); Euskadi (70.419 euros); Murcia (65.032 euros); La Rioja (59.119 euros); Madrid (58.829 euros); Ceuta (31.868 euros) y Melilla (31.758 euros).