Un informe policial asegura que los socios de Moreno blanquearon 5 millones con empresas de un ‘narco’

• Luis Miguel Montero @Luismimontero
• Periodista de Investigación en OKDIARIO.
• • 07/07/2022 06:45
  • Actualizado: 07/07/2022 08:57

Un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Policía Nacional sobre los registros efectuados a los detenidos en el marco de la Operación Titella, que investiga al productor José Luis Moreno como cabecilla de la trama, sostiene que tres de los socios de José Luis Moreno, Antonio Aguilera, Antonio Salazar y Javier Villalba, usaron las empresas de Carlos Brambilla, calificado como narcotraficante colombiano por la Policía española. El informe fue entregado en la Audiencia Nacional, que instruye la causa contra Moreno y los demás, el pasado mes de mayo.

Una hoja de Excel, titulada «relación Cheques Carlos», localizada en poder de este presunto narco tenía recogidas operaciones con 40 pagarés «emitidos por sociedades asociadas a Antonio Aguilera, Antonio Salazar de Castro y Javier Villalba Catalá a favor de las sociedades controladas por Carlos Brambilla». Según la UDEF, «este documento es de suma importancia ya que muestra el modo de proceder de la organización, emitiendo pagarés por servicios inexistentes para conseguir introducir en el dinero procedente de actividades delictivas en el circuito financiero común». En esta lista aparece el número de pagaré emitido y la cantidad hasta sumar 5.268.000 euros entre el 5 de febrero y el 10 de diciembre de 2021.

La Policía también registró un trastero alquilado por Brambilla en la avenida de los Toreros 8 de Madrid. En él encontraron documentación de la empresa ecuatoriana Renfid, de la que Brambilla se presentaba como gerente, aunque la Policía le atribuye la propiedad de la misma. Esta empresa se dedicaba a exportar fruta de Ecuador a España, en concreto a una sociedad de Antonio Aguilera, considerado por la Policía número 2 de la operación Titella y encargado de financiar las operaciones de Moreno. Sin embargo, para la UDEF, Brambilla «es la persona que controla el circuito mercantil, desde su origen hasta su destino final en nuestras fronteras, y que claramente no refleja beneficio comercial alguno, ya que el precio de la mercancía en origen es superior al del producto en el destino final, lo que no tiene otra explicación factible que no sea la de establecer una ruta segura para el narcotráfico». El informe de la Policía fue entregado a la Audiencia Nacional que instruye la causa contra Moreno y sus socios el pasado 12 de mayo y el productor siempre ha negado conocer a Brambilla y a otros encausados en la trama.

En otro documento, éste de las autoridades portuguesas, encontrado en el registro a Gerardo Mauricio García Quintero, también imputado en la trama Titella y uno de los hombres de confianza de Brambilla, se informa de que «dos contenedores de banana no disponen de la documentación pertinente, quedando la mercancía paralizada llegando a madurar y sufrir daños; aún así intentaron realizar la venta del producto no llegando a conseguirlo, por lo que fue donado al banco de alimentos» y para los investigadores «ésta no es sino otra de las evidencias que acreditan la escasa atención que prestan a los productos importados, que no solo venden por cantidades inferiores al precio de compra, sino que a veces directamente el producto llega a perecer, con el consiguiente perjuicio económico que sufriría una empresa cuya actividad se base en la venta de dicha mercancía».

Carlos Brambilla recibía además «trimestralmente la cantidad de 5.500 dólares de la sociedad Renfid en calidad de asesor comercial en ventas y marketing en Europa (…)». Brambilla poseía una oficina alquilada en la calle Orense y su sociedad había abonado facturas por valor de 575.770 euros, «lo que da una idea del volumen de negocio para una sociedad que únicamente dispone de una oficina de alquiler en la calle Orense, sin más actividad conocida».

La Policía también detectó facturas entre sociedad por servicios no prestados o prestados por particulares, por ejemplo, una de la sociedad Black Iuris Europe por importe de 12.100 euros en «concepto de honorarios pro asesoramiento jurídico contra CU29 International» y la UDEF especifica que «recordamos que la sociedad Black Iuris Europe es administrada y controlada por Javier Villalba Catalá, por lo que se trataría de un pago por los servicios prestados por éste, sin que medie actividad alguna entre las sociedades».

CU29 International, la sociedad en España ligada a Brambilla, es según la Policía, «una sociedad que no tiene actividad ninguna en su domicilio social, más allá de una oficina en la calle Orense, manteniendo siempre una actividad comercial con empresas del círculo próximo a Brambilla, por lo que se puede aseverar que nos encontraríamos ante sociedades pantalla utilizadas al efecto para el lavado de capital procedente de otras actividades ilícitas». En total,  la UDEF constata en su informe entregado a la Audiencia Nacional que hay 14 empresas investigadas en la causa además de a presuntos testaferros que realizaron compras a varias sociedades como personas físicas.