Decenas de sentencias desmienten al Gobierno: hubo fallos masivos de las pulseras en toda España

Decenas de sentencias judiciales recientes contradicen frontalmente las afirmaciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre el correcto funcionamiento de las pulseras antimaltrato. Tribunales de toda España han documentado fallos masivos del sistema Cometa que han provocado sobreseimientos, absoluciones y situaciones de desprotección para las víctimas, desmintiendo la versión gubernamental de que «las mujeres siempre han estado protegidas» tras el escándalo destapado en primicia por OKDIARIO el pasado miércoles.

Las resoluciones judiciales analizadas por este periódico abarcan meses de 2025 y evidencian problemas sistemáticos en, por ejemplo, las Audiencias Provinciales de Madrid, San Sebastián, Almería, León, Valladolid, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife y otras jurisdicciones. Los casos revelan una realidad diametralmente opuesta a la defendida por Redondo.

La ministra ha sostenido reiteradamente que los dispositivos «siempre han funcionado correctamente». Sin embargo, la documentación judicial demuestra que las víctimas han sufrido «gran ansiedad, dolores de cabeza e insomnio» por las constantes falsas alarmas. Redondo podría decir que han funcionado en la medida en que han evitado asesinatos, pero, sin embargo, sí han provocado graves problemas psicológicos a mujeres.

Por ejemplo, en uno de los casos más paradigmáticos, la Audiencia Provincial de San Sebastián ordenó retirar el dispositivo para proteger «la salud mental» de la víctima y para «evitar revictimización». La mujer padecía síntomas graves «por las constantes llamadas policiales por falsas alarmas».

En Almería, una víctima abandonó «literalmente su dispositivo en el juzgado con actitud violenta», dejándolo «tirado en un banco de la ciudad de la justicia». Los jueces constataron que el sistema estaba «causando perjuicios tanto al condenado como a la víctima».

En León, otra víctima manifestó en comparecencia que «no la soportaba» porque «no paraba de pitar» y que «le producía estrés». El tribunal tuvo que retirar la pulsera por su «rechazo explícito» al considerar que su colaboración era «esencial para el funcionamiento del sistema».

Los magistrados leoneses reconocieron una verdad incómoda: «aun con dichos dispositivos colocados, las prohibiciones se pueden incumplir, como de facto acontece a diario». Esta afirmación judicial desmonta la narrativa de protección eficaz defendida por el Gobierno.

En Madrid, un caso revela cómo la pulsera geolocalizadora «se desconectó» o tuvo el «funcionamiento imposibilitado» cuando un agresor accedió al domicilio de su víctima «por la ventana con unas tijeras» profiriendo amenazas de muerte. La geolocalización lo situaba a 23 kilómetros del lugar prohibido.

Las resoluciones documentan «incidencias técnicas graves», «separaciones de brazalete», «descargas de batería», «pérdidas de señal» y «problemas de cobertura» como denominador común. En San Sebastián, se archivaron diligencias por quebrantamiento que resultaron ser «presuntamente errores del dispositivo».

«No se dispone del expediente»

Los tribunales han confirmado múltiples sobreseimientos por la imposibilidad de distinguir entre quebrantamientos reales y fallos técnicos. En Madrid, la Audiencia Provincial confirmó antes de verano la absolución de un sujeto tras «múltiples incidencias», incluyendo «hasta 6 separaciones en un día».

El Centro Cometa declaró en ese juicio que «debido a una migración de datos de una empresa a otra, no dispone del expediente» y no pudo confirmar si las incidencias fueron intencionales. Esta pérdida de información ha viciado procedimientos judiciales en toda España.

En otro caso madrileño, el Centro Cometa reportó 16 incidencias en un breve período. El investigado declaró que «siempre ha tenido muchos problemas con la batería del dispositivo, que hasta llamaba solo» y que «le cambiaron el aparato porque le iba mal».

La Audiencia Provincial de Valladolid anuló un sobreseimiento por «déficit de motivación», exigiendo al juzgado que explicara por qué «a pesar de las alertas del sistema, no existen indicios de la comisión del delito investigado». El juez de primera instancia, otra vez, no daba por buenos los datos de las pulseras.

En Santa Cruz de Tenerife, la Audiencia revocó una condena por considerar que «las alarmas del dispositivo telemático por sí solas no demostraban encuentros voluntarios». El sistema había generado falsas alarmas «por entradas en zona de exclusión móvil a 150-200 metros de distancia sin evidencia real».

Los casos recopilados constituyen una muestra representativa de una problemática más amplia. La Fiscalía General del Estado ya admitió que los errores provocaron «una gran cantidad de sobreseimientos o fallos absolutorios», contradiciendo las cifras minimalistas del Gobierno. OKDIARIO ha recopilado una parte mientras Igualdad no lo consigue. Eso a pesar de que muchas sentencias no son accesibles y sólo están a disposición de las autoridades estatales.

El contraste entre la retórica ministerial y la realidad judicial resulta palmario. Mientras Redondo niega la existencia de fallos significativos, los tribunales españoles han documentado un colapso sistémico que ha comprometido tanto la protección de las víctimas como la persecución efectiva de los agresores, convirtiendo un sistema de seguridad en una fuente adicional de victimización secundaria.