España
Crisis del coronavirus

Vox llevará a Sánchez al Tribunal Constitucional por imponer un «estado de excepción encubierto»

Denuncia que "el Gobierno mantiene en sus puestos a responsables de más de 11.000 muertos"

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El Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados ha decidido llevar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Tribunal Constitucional por imponer un «estado de excepción encubierto» bajo su decreto de alarma y las sucesivas prórrogas.

Así lo ha indicado en las redes sociales la secretaria general del Grupo de Vox en la Cámara baja, Macarena Olona, remitiéndose a un comunicado de su partido. «Vox recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ilegalidad del estado de alarma que ha impuesto este Gobierno criminal», ha recalcado Olona. «Porque han utilizado un fraude de ley constitucional para imponer un estado de excepción encubierto. Sin los límites que la Ley impone al Ejecutivo», ha denunciado.

La diputada por Granada ha acompañado este mensaje de la declaración del presidente de su partido, Santiago Abascal, en la que explica que «por primera vez he declinado la conversación telefónica con el señor Sánchez por las 10 razones que aquí se detallan y que hemos trasladado al Palacio de La Moncloa». «De este gobierno solo esperamos su dimisión pero que antes pague a todos los españoles a los que impide trabajar», ha exigido Abascal.

En concreto, la formación de Santiago Abascal esgrime que su líder no ha atendido la llamada de Moncloa «en primer lugar, porque unilateralmente el señor Sánchez ha cambiado las condiciones del estado de alarma que recibió el apoyo de Vox, para hacerlo al gusto de lo que le pedían separatistas y extrema izquierda».

«Negligencia absoluta»

Además, Vox enuncia que «el Gobierno sigue empeñado en amenazar la salud, la vida y el bienestar económico de los españoles. Y que lo hace tratando de silenciar y demonizar a la oposición, amordazando al Congreso y comprando a los medios de comunicación».

Junto a ello, el partido de Abascal recuerda que «el Gobierno mantiene en sus puestos a personas que han demostrado su negligencia absoluta en la gestión de la crisis, responsables de más de 11.000 muertos. Y que, lejos de rectificar, sigue dando poder a un vicepresidente empeñado sólo en debilitar las instituciones como la Monarquía, el Congreso e incluso derechos fundamentales como la libertad de opinión», subraya.