Vox lleva al Congreso su propuesta para ilegalizar a los partidos separatistas

Vox defiende este martes en el Congreso su propuesta para ilegalizar a los partidos separatistas que persigan «deteriorar o destruir la soberanía nacional o la indisoluble unidad de la Nación española». Lo hará a través de una proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Partidos Políticos de 2002. El partido de Santiago Abascal propone también que pueda ilegalizarse a los partidos «que vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido», en clara referencia a Bildu y el entorno político de ETA.

La propuesta no cita, lógicamente, a ninguna formación política, pero va claramente dirigida a partidos como ERC, Junts per Cat o la CUP en Cataluña. Los supuestos que establece podrían afectar también al PNV en el País Vasco y a otras formaciones nacionalistas de otras comunidades. En su Exposición de Motivos aporta numerosas sentencias del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La proposición comienza señalando que «los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades y deberán respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos». Y añade que «desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la Nación española».

Vox propone que un partido político sea declarado ilegal «cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, así como cuando persiga deteriorar o destruir la soberanía nacional o la indisoluble unidad de la Nación española». Esta es expresión es repetida constantemente. Para no dejar resquicios legales también apunta a la ilegalización de aquellos que den «apoyo político expreso o tácito a quien promueva, justifique o exculpe el deterioro o destrucción de la soberanía nacional o de la indisoluble unidad de la Nación española».

Bildu y ETA

La proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Partidos, que lleva la firma del portavoz del grupo parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, pide que se pueda ilegalizar también a quienes «vulneren sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas» y, en clara referencia a Bildu y las sucesivas marcas políticas del entorno de ETA, también abre la puerta a que no puedan presentarse a las elecciones.

«No podrán presentar candidaturas -se lee- las agrupaciones de electores que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido». A estos efectos, solicita que se tengan en cuenta «la similitud sustancial de sus estructuras, organización y funcionamiento de las personas que los componen, rigen, representan o administran las candidaturas, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia, el terrorismo, el deterioro o la destrucción de la soberanía nacional o de la indisoluble unidad de la Nación española, permitan considerar dicha continuidad o sucesión». Se busca, a la luz de la experiencia, evitar los vacíos legales de los que tradicionalmente se han valido.

Vox pide también que puedan ilegalizarse a aquellas formaciones que promuevan o practiquen «la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual, o por su defensa de la soberanía nacional o de la indisoluble unidad de la Nación española».

Fue el propio Santiago Abascal quien registró el pasado enero esta proposición de ley con la que, según apuntó entonces, pretenden ilegalizar «a todos los partidos que busquen destruir la unidad y la soberanía de España». Vox constata que en la actualidad existen partidos que expresan en sus estatutos -e incluso desde su posición en las administraciones e instituciones- su voluntad de «romper España» y el orden constitucional, promoviendo referendos o leyes contra la soberanía. También, otros que incitan «a la violencia, a la desobediencia de los tribunales, al incumplimiento de las leyes, al abuso de poder», que justifican y no condenan aún el terrorismo o que creen que la violencia es un «método de acción política».

Vox pretende que las formaciones políticas sean herramientas de participación política y una expresión del pluralismo, pero no «un peligro para la unidad y la convivencia entre españoles» y solicita también que estas formaciones no solo puedan ser ilegalizadas, sino que también tengan que devolver los fondos públicos que hayan recibido.

«El Legislativo no puede hoy abstenerse de intervenir -afirma en el texto- lo que sería tanto como hacer dejación de su alta función en una situación crítica, sin procurar al Poder Judicial medios normativos suficientes para el enjuiciamiento de legalidad de tales partidos, con arreglo a la jurisprudencia constitucional».