UGT, CCOO y 26 cargos del Gobierno elegirán la ‘comisión de la verdad’ sobre el franquismo

De los 30 puestos del Consejo de la Memoria Democrática que ha aprobado el este martes el Gobierno, 28 son simpatizantes… del propio Gobierno. Este organismo, que tiene entre sus funciones elegir a los integrantes de la comisión de la verdad sobre el franquismo, estará compuesto por dos representantes sindicales de Comisiones Obreras y UGT, entidades memorialistas elegidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, profesionales «en el campo de la recuperación de la memoria democrática» y hasta 12 miembros de diferentes ministerios. Cabe recordar que esta comisión de la verdad fue una de las exigencias de Bildu al PSOE para apoyar su Ley de Memoria Democrática.

Este martes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto que regula la composición y el funcionamiento del Consejo de la Memoria Democrática. Este nuevo organismo, que según el Gobierno, «es el órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas», estará presidido por Ángel Víctor Torres y la vicepresidencia estará ocupada por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

Además, formarán parte de este Consejo 12 representantes de nueve ministerios, 10 vocales entidades memorialistas seleccionadas por el Gobierno, dos profesionales «de la recuperación de la memoria democrática», un vocal de UGT, un vocal de Comisiones Obreras y dos representantes de la patronal. De esta forma, de los 30 asientos de este órgano, 28 están ocupados por personalidades vinculadas al Ejecutivo.

Entre las funciones del Consejo está informar el plan plurianual de búsqueda, localización, exhumación e identificación de víctimas del franquismo, o elabora informes y recomendaciones sobre la política de memoria democrática. Además, este organismo -por mayoría de tres quintos- elegirá a los miembros de la comisión de la verdad. «Su finalidad será contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura», asegura el Ejecutivo, que remarca que la comisión deberá dar cumplimiento a su cometido en un plazo de 18 meses desde su constitución, con la entrega de sus conclusiones y recomendaciones.

Esta comisión de la verdad fue una de las exigencias de Bildu a Sánchez para aprobar su Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en 2022. Fue a instancias del partido de Arnaldo Otegi que el PSOE aceptó poner en marcha esta comisión, como parte de un acuerdo para obtener su respaldo parlamentario. Además, se amplió el periodo contemplado por la norma hasta el 31 de diciembre de 1983. Desde la perspectiva de Bildu, los casos de tortura no se limitaron a la dictadura franquista, sino que continuaron durante los primeros años del proceso democrático, afectando a quienes, según ellos, defendían la consolidación de ese nuevo régimen.

Ahora, el Gobierno cumple con las exigencias de sus socios y da forma a esta comisión de la verdad que estará integrada por un máximo de diez personas independientes de reconocido prestigio en el mundo académico, profesional y en el de los derechos humanos. Según el departamento que dirige Ángel Víctor Torres, se prevé que esta comisión cumpla con su cometido en un plazo de 18 meses desde constitución, con la entrega de conclusiones y recomendaciones.

Año de los fastos de Franco

Todos estos movimientos se dan en el año en el que el Gobierno ha vuelto a resucitar la figura de Franco con el objetivo de mover el foco de todos los casos de corrupción que asedian al entorno personal y profesional de Pedro Sánchez. Bajo el lema España en libertad, el Ejecutivo llevará a cabo más de un centenar de gastos que comprenden exposiciones, pero también actividades curriculares para llevar a cabo en los centros educativos.

Para seguir con la batalla de la memoria democrática, el Gobierno ha acelerado la búsqueda de muertos. Pedro Sánchez quiere elaborar un censo de fusilados dentro de su estrategia guerracivilista para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco. Por este motivo, el Gobierno destinará casi medio millón de euros para acelerar los trabajos de identificación e investigación en los registros civiles de toda España.

Además, el Ejecutivo ha proseguido con una de sus luchas insignia: el Valle de los Caídos. Patrimonio Nacional ha decretado el cierre de la tienda de regalos y recuerdos que está situada dentro de este enclave, por razones de «interés general». En la primera sala de la Basílica del Valle de los Caídos se encuentra un pequeño espacio luminoso y acristalado que contrasta con la mole de mármol y piedra que lo envuelve: se trata de la tienda turística del lugar, pensada para que los visitantes que acuden a este emplazamiento puedan comprar algún recuerdo.

Sin embargo, tal y como consta en un contrato de gestión de actividad, la vida de esta tienda ha llegado a su fin. «Patrimonio Nacional ha decidido el cierre de la tienda del Valle de Cuelgamuros», reza el pliego modificado en diciembre de este año.