La UE da carpetazo al caso del policía infiltrado que se acostó con 8 ‘indepes’: «No es asunto nuestro»

Las independentistas catalanas que se acostaron con un agente de la Policía Nacional que estaba en una misión de infiltración han decidido llevar su caso ante el Tribunal Constitucional. Alegan que hubo «abuso sexual y emocional» del agente por no confesarles su profesión, aunque admiten que los encuentros fueron plenamente consentidos. Es el último de los frentes que les queda por explotar, después de que recientemente la Unión Europea rechazase investigar las denuncias alegando que se trata de un asunto interno de España.

La izquierda y el separatismo han hecho frente común para señalar a la Policía por las misiones de infiltración en algunas de sus plataformas. En ocasiones, llegando a intimar sexualmente los agentes con mujeres que formaban parte de estos grupos para obtener información. Pese a que ningún tribunal español ha visto reproche penal alguno a este tipo de situaciones, han llevado estos casos ante el Parlamento Europeo a través de Sumar para reclamar a Bruselas que investigue estas «vulneraciones de derechos y libertades fundamentales».

Sin embargo, la respuesta que han recibido también ha sido la del portazo. «Las cuestiones de seguridad interior, incluidas las medidas adoptadas por las autoridades nacionales para mantener el orden público y salvaguardar la seguridad interior, siguen siendo responsabilidad del Estado miembro de que se trate», señala la Comisión Europea en un escrito remitido a la eurodiputada Estrella Galán.

La Comisión deja claro que «las cuestiones policiales como la mencionada por su señoría entran en el ámbito de competencias de España», y deja entrever que ninguna de las prácticas denunciadas por la izquierda choca con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Recurso al Constitucional

La respuesta de Europa se produce justo cuando el centro de defensa de los derechos humanos Irídia ha anunciado la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), cuestionando la decisión de archivar la querella contra un agente de la Policía Nacional que se infiltró en movimientos sociales en Barcelona. Según un comunicado difundido este lunes, la organización busca que se reexamine el caso.

La iniciativa surge tras la decisión judicial de no admitir la querella presentada el 31 de enero de 2023 por ocho activistas contra el agente encubierto, sus superiores jerárquicos y el Ministerio del Interior.

Infiltrado

Con el falso nombre de Daniel Hernández Pons, llegó incluso a modificar su aspecto, haciéndose distintos tatuajes, cambiando su peinado y adoptando un cuerpo más musculado.

Dani, como así conocían al agente de Información que protagonizó esta misión policial, permaneció dos años como policía infiltrado en ambientes okupas y antisistema. Un tiempo en el que hay acreditadas, al menos, ocho relaciones afectivosexuales con mujeres de estos movimientos. Al menos cinco de ellas le han denunciado. Las mujeres apuntaron hasta cuatro delitos en su querella: abusos sexuales continuados, descubrimiento de secretos, impedimento del ejercicio de los derechos civiles e incluso tortura.

Esta querella acusaba de varios delitos, entre ellos abuso sexual continuado, vulneración de la integridad moral, revelación de secretos y obstaculización de derechos cívicos. Fue rechazada inicialmente por el Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona y, posteriormente, la Sección 5 de la Audiencia Provincial ratificó dicha decisión.

En el recurso elevado al Tribunal Constitucional, Irídia argumenta que se han violado derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, como el derecho a la integridad física y moral, la privacidad, y las libertades de reunión y asociación.

«Abuso emocional y sexual»

Según Irídia, el agente encubierto utilizó su posición para establecer relaciones afectivas y sexuales con varias activistas, sin revelar su verdadera identidad ni su condición de policía. El propósito de estas acciones, según la entidad, era obtener información política del entorno de las mujeres afectadas.

Irídia afirma que este tipo de manipulaciones llevó a las activistas a compartir su intimidad personal y física sin ser conscientes de la realidad, lo que las hizo actuar en contra de sus principios políticos y en detrimento de los espacios en los que militaban. Este tipo de prácticas, señala la organización, generaron serias afectaciones emocionales y psicológicas.

Además, la entidad considera «indiscutible» que, de haber sabido las mujeres la verdadera identidad del agente, no habrían mantenido ningún tipo de relación con él. Según Irídia, estas interacciones no tenían como fin un interés genuino, sino que eran un medio para obtener información mediante engaño.

El impacto, además de afectar la libertad sexual de las mujeres, también tuvo un componente de «manipulación ideológica». Según Irídia, las activistas fueron utilizadas como herramientas involuntarias en contra de sus propios ideales y proyectos políticos, lo que comprometió gravemente sus espacios de militancia.

Mireia Salazar, abogada de Irídia, ha denunciado que no se han llevado a cabo las diligencias de investigación mínimas exigidas por el Constitucional, como identificar a los responsables o tomar declaración a las víctimas. También ha expresado su preocupación por la falta de un pronunciamiento del TC sobre las implicaciones de estas prácticas en los derechos fundamentales de las personas afectadas.