El ninguneado Senado tiene más vida más allá de los bloqueos y el 155

El Senado es la cámara más olvidada de nuestro sistema parlamentario. De hecho, en más de una ocasión en el seno de la opinión pública se ha abierto el debate sobre la utilidad o inutilidad del Senado, incluso, los más osados lo ha llegado a tildar de «cementerio de elefantes». Sin embargo, la Cámara Alta tomó un nuevo protagonismo cuando se produjo el golpe de Estado en Cataluña el pasado 2017 y el Gobierno de Mariano Rajoy llevó hasta las Cortes la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

LA intervención de la autonomía de Cataluña tras el referéndum y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) puso de moda al Senado en la pasada legislatura, y hay partidos como el PP o Ciudadanos que instan a que este artículo de la Carta Magna siga adherido de forma indeleble a la Cámara Alta tras el 28-A porque quieren que se aplique de nuevo en la región.

Una misión complicada cuando todos los pronósticos dan por seguro que en las elecciones generales el PP perderá la mayoría absoluta que le permitió activar este precepto constitucional, y porque el PSOE, ahora en el Gobierno, no parece muy dispuesto a esta tarea. Pero el tan denostado Senado tiene vida más allá del famoso artículo 155, algo que ha sabido explotar bien el PP durante la última legislatura, sobre todo en su tramo final, para hacer desde allí oposición a Pedro Sánchez con toda la energía que le ha proporcionado su mayoría absoluta.

Para ello ha explotado al máximo todos los recursos de control al Gobierno, como las preguntas y comparecencias en pleno, incluidas las del presidente Pedro Sánchez, así como el mecanismo de las comisiones de investigación. Durante dos años, el PP promovió y gestionó en solitario una comisión dedicada a indagar en las finanzas de los demás partidos, y a finales de 2018 aprobó otra, interrumpida prematuramente por el adelanto electoral, para investigar la tesis doctoral del presidente del Gobierno.

Pero el grupo popular no ha sido el único en aprovechar la capacidad de control de la Cámara Alta. Muy significativo el caso del senador de Compromís Carles Mulet, con récord de iniciativas presentadas -nada menos que 20.800-, a lo largo de la legislatura, muchas de ellas dentro de una campaña masiva para reclamar a ayuntamientos de toda España que retiraran los nombres franquistas de sus callejeros.

Así que los senadores de la XIII Legislatura se van a encontrar con una Cámara Alta que tendrá muy ensayado todo lo que se refiere a mecanismos de control parlamentario pero que sigue sin cumplir satisfactoriamente con el papel territorial que le adjudica la Constitución, algo en lo que coinciden todos los grupos. La Comisión General de Comunidades Autónomas, el instrumento creado en 1995 para dar cauce a los gobiernos autonómicos, apenas se ha reunido una decena de ocasiones en la última legislatura, y solo para celebrar comparecencias de ministros.

Y aunque en enero de 2017 se celebró en el Senado la Conferencia de Presidentes, de la que salieron 11 acuerdos, entre ellos un pacto contra la violencia de género con importantes medidas aún pendientes de aplicar, se trata de un foro en el que la Cámara Alta se limita a ejercer de anfitrión.

No hubo debate sobre el Estado de las Autonomías, si bien el presidente Sánchez pidió convocarlo para el primer trimestre de 2019. En este caso sí se trata de una previsión recogida en el Reglamento del Senado, que le da una periodicidad anual, pese a lo cual no se celebra desde 2005. Muchos «deberes» para los nuevos senadores, aunque sean los mismos repetidos legislatura tras legislatura: El principal, la reforma que necesita el Senado para convertirlo en una verdadera Cámara territorial de manera que sirva, entre otras cosas, para encauzar la actual crisis del modelo autonómico.

Paralizada desde 2016, hubo un tibio intento de recuperar esta reforma al final de legislatura promovido desde el grupo popular una vez que el PP pasó a la oposición tras el éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Se creó un grupo que trabajo con todas las fuerzas políticas y a finales de 2018 llegaron a un acuerdo de mínimos para avanzar en la modernización y mejora de la Cámara Alta. Pero esta tarea, una vez más, quedará pendiente para la próxima legislatura.