Más de 300 jueces especializados en violencia de género denunciaron «graves fallos» en las pulseras

Una encuesta elaborada por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puso de manifiesto graves deficiencias en el sistema de dispositivos telemáticos para el control de las órdenes de alejamiento. El 69,4% de los jueces consultados expresaron su descontento con los procedimientos de comunicación y resolución de incidencias, contradiciendo las declaraciones optimistas de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y su equipo.

El informe, presentado el 9 de julio de 2025 ante el Pleno del CGPJ, refleja «carencias muy extendidas» e «importantes diferencias» entre territorios en el funcionamiento de estos órganos judiciales especializados. La encuesta fue respondida por cerca de la mitad de los 477 juzgados con competencia en violencia sobre la mujer durante febrero y marzo de este año.

Los dispositivos electrónicos obtienen una valoración especialmente negativa, con apenas 2,2 puntos de media sobre 5. El País Vasco logra la puntuación más alta (2,9), mientras que Andalucía y la Comunidad Valenciana registran la más baja (1,7).

Las quejas más frecuentes se centran en la demora en la instalación de los dispositivos. En el 39,1% de los casos el tiempo de espera oscila entre tres y cinco horas, y en el 30% supera las cinco horas. Esta morosidad contrasta con las promesas gubernamentales de instalación en un plazo menor.

Los datos revelan que el índice global de satisfacción con las instalaciones en general apenas alcanza 2,9 puntos sobre un máximo de 5. Baleares registra la puntuación más baja con solo 2 puntos, seguida de Andalucía (2,6) y Asturias (2,8).

La encuesta revela carencias estructurales alarmantes. El 79% de los órganos judiciales no cuenta con espacios específicos destinados a las víctimas, y el 90,5% carece de punto de encuentro familiar. Únicamente el 38,9% dispone de salas de espera para víctimas acompañadas de menores.

Los juzgados especializados en violencia sobre la mujer muestran el índice de satisfacción más alto (3,1), seguidos de los juzgados de lo penal (2,9) y los compatibles (2,7). Sin embargo, estas puntuaciones siguen siendo claramente insuficientes para garantizar una atención adecuada.

La disponibilidad de letrados de oficio específicos presenta grandes disparidades territoriales. Mientras que Asturias, Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid alcanzan el 100% de cobertura, Extremadura se queda en un preocupante 58,3%.

Durante la comparecencia parlamentaria este jueves, Carmen Martínez Perza, delegada del Gobierno contra la violencia machista, reconoció que «ningún servicio dependiente de la tecnología es infalible». No obstante, defendió que el sistema «funciona con normalidad» y que «no presenta incidencia significativa», afirmaciones que contrastan con los datos del CGPJ.

La delegada admitió problemas durante la transición entre empresas adjudicatarias, que provocó dificultades temporales para acceder a información de la base de datos del anterior proveedor. «La información pudo remitirse más tarde porque se aportó una vez solucionada esta incidencia», explicó ante los diputados.

Se abre a sanciones contractuales a las empresas concesionarias. «Estamos en ejecución de este contrato. Estamos auditando todo esto y ya veremos», declaró cuando fue interpelada sobre penalizaciones por los errores en la migración de datos.

La delegada admitió que en los primeros meses estuvo «centrada en garantizar que se pudiera hacer bien sin que corriera peligro las víctimas», pero evitó comprometerse con medidas sancionadoras concretas. «Las penalizaciones en un contrato están ahí. Nadie ha dicho que no se vaya a penalizar ni que sí», añadió de forma evasiva.

El actual contrato, adjudicado por 42,6 millones de euros, finalizará en mayo de 2026. Ante los evidentes fallos no se prorrogará aunque cabía esa opción. Para la nueva licitación, el Ministerio está elaborando «un borrador muy complejo» de 190 folios de prescripciones administrativas y 70 de técnicas.

Entre las mejoras previstas figuran dispositivos de mayor autonomía, mejor localización mediante GPS, wifi y multisine, y la exigencia de que sean «compatibles con el sistema y no podrán ser manipulables». También se contempla el desarrollo de una aplicación de consulta en tiempo real para la delegación.

La delegada reconoció que durante la transición se produjeron «muchas alarmas a las víctimas» debido a que el nuevo sistema «era muy sensible a cualquier movimiento». El problema se solucionó ajustando técnicamente el momento de comunicar las alertas, pasando de reseteos cada 2 minutos a cada 15 segundos.

Martínez Perza defendió que ha recibido únicamente «ocho quejas» del Consejo General del Poder Judicial y audiencias provinciales, cifra que contrasta con las dimensiones del problema reveladas por la encuesta oficial.

A pesar de lo que dice Rendodo, esta encuesta evidenció la urgente necesidad de reformas estructurales en un sistema que debe garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Los datos contradicen el discurso oficial y ponen en evidencia la brecha entre la retórica institucional y la realidad judicial cotidiana.