Marlaska investiga si la mala evaluación del riesgo de agresión dejó desprotegidas a víctimas de maltrato

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska investigará la existencia de «falsos negativos» que habrían dejado a las víctimas de maltrato fuera del sistema de protección VioGén-2, lo que les habría expuesto al «riesgo de reincidencia en casos de violencia de género».

La Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente de la cartera de Interior, ha licitado un contrato para realizar un «servicio técnico especializado destinado al análisis integral de la eficacia de los formularios empleados en el Sistema VioGén-2 para la Valoración Policial del Riesgo».

La intención es medir el «grado de eficacia de los actuales instrumentos», entre los que están los formularios y otras herramientas que se utilizan para la «valoración del riesgo de conductas violentas». Desde Interior temen que existan «limitaciones operativas y analíticas» que puedan estar «afectando la fiabilidad de las valoraciones realizadas».

Víctimas «clasificadas incorrectamente»

Concretamente, la empresa encargada de este servicio tendrá que calcular las «tasas de falsos positivos y falsos negativos» para revisar «cuántos casos fueron clasificados incorrectamente respecto a la reincidencia posterior». Es decir, dilucidar cuántas mujeres se quedaron sin protección al considerar que no había riesgo de que el maltratador volviera a atacar a la víctima, pero finalmente sí se produjo una nueva agresión.

«El adjudicatario evaluará los errores de clasificación (falsos positivos, falsos negativos) de las herramientas actuales en función de variables demográficas y sociales relevantes», exigen los pliegos de la contratación. Interior sospecha que los errores provienen de «la edad de la víctima, su procedencia (nacionalidad u origen), su lugar de residencia, así como otros factores de vulnerabilidad o características personales que pudieran influir en la equidad del modelo».

Entre otras cosas, se revisará si ha habido «sobreestimación o subestimación del riesgo en algún colectivo». «Se llevará a cabo un análisis de invarianza respecto al lugar de nacimiento de la víctima u otros atributos, con el fin de garantizar la ausencia de sesgos discriminatorios en la evaluación del riesgo», establecen los documentos oficiales de la contratación.

Este es un proceso que evalúa si el instrumento de medición, como son los tests o cuestionarios realizados por Interior, funciona de igual manera en los diferentes grupos de personas, independientemente de su edad o su género, entre otras variables, a lo largo del tiempo. Ese instrumento también medirá si existen sesgos en los formularios que implican una medición

Equipo con diferentes perfiles

La empresa contratada realizará esta tarea durante medio año y deberá contar con un equipo en tres perfiles diferenciados.

Por un lado, un experto jurídico-criminólogo especialista en prevención del crimen que cuente con, al menos, «2 años de experiencia mínima en proyectos» con esa misma materia.

En segundo lugar, el adjudicatario tendrá que tener un «analista estadístico especializado en tratamiento de datos epidemiológicos y de salud». Para este perfil también se exige una experiencia mínima anterior de al menos dos años.

Por último, se hace necesaria la presencia de un especialista en modelos predictivos y análisis de datos que cuente con experiencia en implementar «modelos predictivos mediante machine learning», así como en trabajo con inteligencia artificial.

El trabajo, encargado a una empresa externa al Ministerio, también persigue la «formulación de propuestas orientadas a la mejora sustancial de su capacidad para detectar, categorizar y gestionar adecuadamente el riesgo de reincidencia en casos de violencia de género». El contrato tiene un valor estimado de 54.979,39 euros, impuestos incluidos.

«Revisión, actualización, y mejora»

El departamento encabezado por Marlaska argumenta que el sistema VioGén-2 «permite determinar el riesgo existente de reincidencia respecto de sufrir violencia de género o violencia letal de una manera muy fiable». Sin embargo, reconoce que existen métodos aparecidos recientemente que «han concretado de manera más ajustada cuáles son los factores que pueden incrementar o neutralizar dicho riesgo».

«Es un momento idóneo para afrontar la revisión, actualización, y mejora de los formularios utilizados para llevar a cabo una mejor valoración policial del riesgo en materia de violencia de género», valoran desde Interior.

Con ello, «se busca una mejora en la gestión del riesgo mediante la revisión del sistema supervisor de procesos que coordina la relación entre las evaluaciones del riesgo, y las diligencias de casos especiales».

Todo ello después del escándalo con los fallos de las pulseras telemáticas que controlaban las órdenes de alejamiento de los condenados por maltrato. Tal y como reveló la Memoria de la Fiscalía General del Estado, el cambio de proveedor de estos dispositivos impidió a los juzgados el acceso a los datos de incumplimiento de la condena.

A su vez, se evidenciaron las deficiencias materiales que existían en estas pulseras. Tanto era así que algunos juzgados comprobaron cómo algunos agresores podían quitárselos «perfectamente», según confesó uno de los maltratadores ante un juez.