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Tribunales

Bolaños anuncia 1.004 jueces y fiscales sin oposición en plena ola de escándalos sobre Sánchez y el PSOE

Esta regularización se suma a las 1.500 nuevas plazas para el turno libre y cuarto turno

Jueces y fiscales han reaccionado convocando una huelga a principios de julio

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha anunciado este jueves que regularizará de forma «extraordinaria» a 1.004 jueces y fiscales sustitutos, de los cuales 673 son magistrados y 331, fiscales. Este proceso se hará a través de un concurso, sin oposición, que se llevará a cabo una vez que se apruebe la reforma del acceso a la carrera judicial que prepara el Gobierno. La medida ha despertado el malestar en los profesionales del sector y ha motivado una huelga de magistrados y fiscales que tendrá lugar a principios de julio.

Bolaños ha aclarado desde el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, al que ha acudido este jueves, que la medida responde a «un requerimiento de la Comisión Europea para regularizar a los jueces sustitutos, a los fiscales sustitutos y a los magistrados suplentes».

Además, ha explicado que el proceso se realizará «mediante un concurso-oposición que estará ajustado a los principios de igualdad, mérito y capacidad según la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional».

Además, el titular de Justicia ha justificado que todo ello responde a «reivindicaciones imprescindibles para el buen desarrollo de la Administración de Justicia» y que responde «a una reivindicación histórica de la carrera fiscal y judicial».

Plan para los próximos 3 años

«Vamos a conseguir en tres años hacer que nuestra carrera fiscal y judicial tenga un número adecuado de personas para que tengamos una carga de trabajo en la Administración de Justicia que sea razonable, una carga de trabajo que viene motivada por unas ratios que España no cumple, de número de jueces por cada mil habitantes», ha continuado.

La regularización de los jueces suplentes se suma a las 1.500 plazas que el Gobierno anunció que habilitaría para el turno libre y el cuarto turno una vez aprobada la ley. Bolaños ha explicado que la Justicia «va a estar suficientemente dotada en medios personales y también en medios materiales, con la inversión que se está haciendo en digitalización y en medios tecnológicos».

Las personas que quieran optar a ser jueces sustitutos sólo deben ser graduados en Derecho y no estar incursos en una de las causas de incapacitación previstas en la ley. Además, se valorará positivamente que se haya ejercido, por ejemplo, como letrados de la administración de justicia, procuradores o que hayan pasado alguno de los exámenes de la oposición a la carrera judicial, sin que la hayan aprobado.

Las plazas para poder optar a ser juez sustituto se abren de modo excepcional para cubrir bajas en la carrera judicial que no puedan resolverse con las oposiciones del turno libre o del cuarto turno. El Consejo General del Poder Judicial determina el número de plazas disponibles cada año, que se distribuirá en función de las necesidades de cada una de las provincias.

Huelga de jueces y fiscales

El anuncio de Bolaños llega en la misma semana en la que todas las asociaciones judiciales, excepto las izquierdistas, dieran a conocer que irían a huelga el 1, 2 y 3 de julio por las reformas en el acceso a la carrera judicial y fiscal y por la entrega de la instrucción al Ministerio Público que prepara el titular de Justicia.

Las asociaciones convocantes son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Todas ellas subrayaban que «no se trata de una protesta contra ningún poder del Estado, sino de una exteriorización de la relevancia del Poder Judicial, en defensa de su independencia y de su papel como garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía».

El objetivo, según los organizadores, «no se dirige contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de derecho». También defienden la manifestación «para la defensa» de las «condiciones profesionales de jueces y fiscales».

«Europa como excusa»

Los representantes de jueces y fiscales justifican que convocan la huelga en «un plazo razonable previo que permita a las Cortes Generales reconsiderar la tramitación de los proyectos legislativos y proceder a su retirada». Para corregir la redacción que disgusta a estas asociaciones, las organizaciones muestran su «plena disposición al diálogo institucional, con el objetivo de preservar la integridad del sistema judicial».

Por otra parte, las asociaciones más críticas acusan al Gobierno de aludir «falsamente a Europa como excusa» para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal. A su vez, reprochan que quieren convertir «en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño».

Aun así, el Ejecutivo ha rechazado frenar la ley. Lo que sí ha ofrecido es «mejorar» la reforma en el Congreso, pero las asociaciones creen que puede ser un «brindis al sol» y no una oferta de cambio.