Anticorrupción ve indicios para imputar al PSOE por las cloacas aunque lo ve «prematuro»

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que se opone, por ahora, a la imputación del PSOE como persona jurídica en el caso conocido como las cloacas de Ferraz. El Ministerio Público ha apreciado posibles indicios de tráfico de influencias y de cohecho en la actuación del partido del Gobierno, pero ha considerado que la petición llega antes de tiempo.

Las fiscales han defendido que todavía quedan diligencias pendientes. Entre ellas, ha subrayado el Ministerio Público, figura la declaración del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que está imputado en este procedimiento.

Fuentes fiscales han resumido así la posición trasladada al juez: «Hemos informado que existen indicios pero que es prematura la imputación y que antes de acordarlo deben practicarse las diligencias pendientes, entre ellas la declaración de Santos Cerdán».

El escrito responde a la petición de imputación de la organización de Pedro Sánchez formulada por el Partido Popular. Anticorrupción no ha cerrado la puerta a esa posibilidad, pero ha rechazado acordarla en este momento procesal.

La Fiscalía ha planteado así una cuestión de orden: primero, escuchar a los investigados. Después, valorar si los hechos permiten atribuir responsabilidad penal a la organización como tal.

Cloacas de Ferraz

Uno de los argumentos de peso es que en la causa aún no han declarado como investigados ni Santos Cerdán ni Leire Díez, la militante socialista a la que se conoce como la «fontanera» del PSOE. Ambos han sido señalados como dos de los cabecillas de la presunta organización criminal.

La causa que instruye Pedraz en la Audiencia Nacional ha tenido uno de sus momentos de mayor impacto el pasado mes de mayo, cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron la sede federal del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz.

Santos Cerdán, que llegó a ser el número tres del partido como secretario de Organización, dimitió en junio de 2025 tras la publicación de un informe de la UCO que lo vinculaba con una presunta trama de cobro de comisiones. Desde entonces, su situación judicial no ha dejado de complicarse.

Leire Díez, por su parte, saltó a la primera línea mediática en 2025 tras la difusión de grabaciones en las que se la relacionaba con presuntas maniobras para recabar información comprometedora sobre mandos de la UCO y otros actores del ámbito judicial.

La posibilidad de imputar a un partido político como persona jurídica existe en España desde la reforma del Código Penal de 2012, que incorporó a las formaciones políticas al régimen de responsabilidad penal. Hasta entonces, los partidos estaban excluidos de ese supuesto.

Con su escrito, Anticorrupción ha dejado la decisión en manos del magistrado Santiago Pedraz, que no está obligado a seguir el criterio fiscal. El juez puede acordar la imputación, rechazarla o aplazarla hasta que se practiquen las diligencias reclamadas. No obstante, lo más frecuente es que corrobore las tesis de Anticorrupción.

En la Audiencia Nacional, los tiempos procesales rara vez coinciden con los de la política, y esta vez no ha sido una excepción. Anticorrupción ha decidido no dejar la imputación del PSOE al albur del calendario electoral, sino al de la propia instrucción. La pregunta ya no es si hay indicios, porque la Fiscalía ha admitido que los hay, sino quién hablará primero ante Pedraz y qué contará cuando se siente frente a él. En el caso de las cloacas de Ferraz, la próxima palabra la tiene Santos Cerdán.