Admiten a trámite otra demanda por «ilegalidades» en el Congreso del PP de Cantabria

Tres afiliados al PP en Laredo han interpuesto una demanda contra el Partido Popular, que ha sido ya admitida a trámite, en la que piden la nulidad por supuestas «ilegalidades» en el proceso congresual por el que María José Sáenz de Buruaga fue proclamada presidenta del partido en Cantabria tras vencer al que hasta ese momento era su líder, Ignacio Diego, por cuatro votos.

Esta demanda, fechada el 23 de junio y admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Santander el día 30, se une a la interpuesta por el diputado regional Santiago Recio y la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valdáliga, Lorena García, que también pide la nulidad del XII Congreso por supuestas «irregularidades» y fue admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de la capital cántabra. De hecho, ya se ha citado a las partes a una audiencia previa ante el juez para el 26 de julio.

Respecto a la presentada por los tres afiliados de Laredo, el pasado 7 de julio ya se dio traslado a la parte demandada, según han informado fuentes cercanas al caso.

Estas mismas fuentes han señalado como «muy probable» que la representación procesal de los tres afiliados del PP de Laredo soliciten la acumulación de ese proceso al del Juzgado de Primera Instancia nº3 «a fin de evitar la posibilidad de que se dicten resoluciones judiciales incompatibles o mutuamente excluyentes entre sí al considerar que el objeto de una y otra demanda es esencialmente el mismo».

En la demanda de los tres afiliados de Laredo se mantiene que el proceso de elección llevado a cabo para presidir el PP en Cantabria y renovar su Comité Ejecutivo Regional ha estado «pergeñado» de un «cúmulo de irregularidades e ilegalidades».

En opinión de la parte demandante, éstas «contravienen» las «más elementales o esenciales principios de democracia y transparencia interna y el derecho a participar en la elección del presidente del partido a través de un proceso electoral limpio, sin triquiñuelas o manipulado». Así, considera que se han «vulnerado» la Ley y los estatutos del propio partido.

Además, consideran que dichas «infracciones» no han sido «debidamente solucionadas de una forma justa» por los órganos internos del PP, razón por la que, según mantienen, deciden acudir a los tribunales a través de esta demanda.

Entre estas infracciones cita la «adulteración o manipulación arbitraria del proceso electoral mediante el pago fraudulento de 491 cuotas de afiliados y compromisarios que no se encontraban al corriente de dicho pago, sin haberse prestado el preceptivo consentimiento
expreso por los mismos a dicha cesión de datos a un tercero afiliado al partido».

Los demandantes subrayan que esta conducta fue «relevante» en los resultados electorales acontecidos los días 8 y 25 de
marzo de este año –cuando se llevaron a cabo las ‘primarias’ y el Congreso, respectivamente– a la vista de la «exigua diferencia final de cuatro votos» entre Sáenz de Buruaga y Diego.

A juicio, lo ocurrido con el pago de estas cuotas se infringieron los Estatutos del partido; la ley de financiación de los partidos políticos, y la de protección de datos de carácter personal.

Este suceso también se cita en la otra demanda que está en curso –en la de Recio– y a él aludía una denuncia que fue presentada por el exconcejal de Laredo Ramón Arenas por supuesta suplantación de personalidad de una persona con discapacidad intelectual para efectuar, a través de una cuenta bancaria y por vía electrónica, los ingresos para el pago de estas cuotas. Hace unos días, la Audiencia Provincial confirmó el archivo de la misma.

Y en la demanda de los tres afiliados de Laredo también se cita la supresión «sin motivación legal alguna» de determinados compromisarios electos en el proceso electoral de 8 de marzo dentro de la circunscripción de Laredo, «sin haberles notificado, tampoco, resolución alguna con la razón de su eliminación de la lista de compromisarios al Congreso del 25 de marzo».

Dentro de las infracciones que se citan en la demanda se incluye también «la inclusión arbitraria» de otros afiliados no electos como compromisarios en el proceso de primarias del 8 de marzo y que, sin embargo, ejercieron el voto en el Congreso celebrado el 25 de marzo.

Además, considera que no se ha respetado el derecho a impugnar con las debidas garantías legales y con la preceptiva transparencia aquellos acuerdos y actuaciones contrarios a la Ley y a los Estatutos del partido, entre otras.