Shakira y su interminable presunto fraude fiscal: un juez le abre otra causa por sus IRPF y Patrimonio de 2018

• Patricia Sanz
• Abogado, periodista y máster tributario de Garrigues. Antes, asesora fiscal por Luxemburgo y España, ahora, redactora jefe de Economía de OKDIARIO.
• • 20/07/2023 10:06
  • Actualizado: 20/07/2023 14:37

La cantante colombiana vuelve a la palestra y no por una pegadiza canción. Un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha abierto una segunda causa a Shakira a raíz de una querella de la Fiscalía ante un supuesto fraude fiscal a la Hacienda española por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Patrimonio (IP) correspondientes al ejercicio 2018.

Se trata de la segunda causa del fisco español contra la artista, pues aún tiene pendiente de aclarar qué sucedió con los tributos que presuntamente dejó de ingresar correspondiente a los ejercicios de 2012 a 2014. De hecho, la ya no residente fiscal en España está citada para el próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona, por supuestamente haber defraudado hasta 14,5 millones de euros por esos tres ejercicios -más de 12 millones por el IRPF y más de 2 millones por el IP, reclamados, respectivamente; por la Abogacía del Estado y por la Generalidad-.

La clave: la residencia fiscal

Ambas causas se han iniciado por una querella interpuesta por la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona, según ha informado Efe este jueves a primera hora. En el caso de la segunda causa, según el Ministerio Público, la cantante ya vivía en Barcelona, junto a su expareja, el futbolista Gerard Piqué, aunque tributaba en el extranjero. Según Shakira, ella vivía en el archipiélago caribeño de Bahamas; pero según el fisco español, disponía de su residencia fiscal en España al pasar más de 183 días al año en territorio español. Un supuesto delito de fraude fiscal por el que la colombiana podría enfrentarse a 8 años y 2 meses de prisión -reclamado así por la Fiscalía- y hasta 23 millones de euros como sanción pecuniaria.

Respecto del primer supuesto fraude, la cantante calificó de «inaceptable» en un comunicado oficial la falta de respeto de «su seguridad jurídica». En su opinión, ésta «debe garantizarse a cualquier contribuyente». Shakira incluso apuntaló que la Hacienda española no respeta sus «derechos fundamentales», en referencia a una supuesta vulneración de sus derechos a la intimidad y a la presunción de inocencia. Para la cantante, no tenía sentido que España le reclamara la residencia fiscal pues los ingresos de fuente española le suponían en dichos ejercicios «tan solo el 2%» de sus ingresos mundiales. Para la cantante, la Hacienda española no tuvo «en absoluto en cuenta el modus vivendi de los artistas, cuya carrera se desarrolla a nivel internacional».

Según expertos fiscalistas apuntan a este digital, «aunque las islas Bahamas no se consideran un ‘régimen fiscal perjudicial’ -lo que antes entendíamos como paraíso fiscal-» y por ello «no se incluye en la black list española», no obsta para que «el Reino de España pueda reclamar la residencia fiscal de la cantante por el requisito de haber residido más de 183 días durante el año natural». De hecho, «a efectos de la Hacienda española, se computan las ausencias esporádicas, salvo que acreditara su residencia fiscal en otro país que, hasta donde sabemos de lo que ha trascendido, no fue el caso de Shakira en esos ejercicios».

Se complica el escenario penal

Respecto al segundo posible delito contra la Hacienda pública supuestamente cometido en 2018,  «se trata del ejercicio fiscal más lejano pero no prescrito y en el que la cantante ya había fijado su residencia en España». Según Efe, la Agencia Tributaria reclama a Shakira la cuota de 120.000 euros, a partir de la cual un fraude fiscal se considera delito.

Esta nueva causa complica la situación de la intérprete pues ya devolvió 14,5 millones de euros -más otros 3 de intereses-, pero rechazó la rebaja de la pena planteada por la Fiscalía, a cambio de aceptar los hechos que se le imputaban. La cantante aún dispone de tiempo para pactar las acusaciones hasta el momento de sentarse en el banquillo, el próximo 20 de noviembre. De hecho está previsto que el juicio se prolongue también durante 11 sesiones más, fijadas para los próximos 22, 23, 28, 29, y 30 de noviembre y 4, 5, 11, 12, 13 y 14 de diciembre del presente 2023.