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Economía

Romeva busca financiación en el exterior que pague las urnas para sortear así la lupa de Rajoy

Cataluña busca la forma de esquivar la vigilancia del Estado a la hora de organizar el referéndum ilegal. “Ningún euro de los catalanes va a ir destinado a un referéndum ilegal”, advirtió el portavoz ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, hace una semana. Sin embargo, Carles Puigdemont ya busca alternativas, y ya ha mandado a su responsable de exteriores, Raül Romeva, a buscar un país ‘caritativo’ que pague las urnas.

Raül Romeva ha hecho ya varias llamadas a embajadas relativamente afines a la ideología independentista que trata de impregnar en Cataluña de Carles Puigdemont, tal y como han confirmado algunas de las propias embajadas a OKDIARIO. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa, por el momento, en el 100% de las llamadas que el responsable de exteriores de la Generalitat de Cataluña ha hecho a aquellos países que él consideraba afines.

Fuentes del Ejecutivo han asegurado a este periódico que “ninguna embajada se plantearía hacerlo porque sería un ataque frontal contra el Gobierno de España y su soberanía”. De este modo, aunque ya hay empresas que se han ofrecido a Carles Puigdemont para fabricar las urnas, como la china Ballot Expert, especialista en materiales para procesos de votación, que se ha ofrecido, a través del empresario Jordi Roset -uno de los socios de la nacionalista Petróleos Independientes- para elaborar 8.000 urnas por un monto próximo a los 65.000 euros.

Sin embargo, el problema reside en cómo pagar ese monto, ya que la lupa del Gobierno de España sigue y seguirá sobre las cuentas catalanas para tratar de evitar que Carles Puigdemont use fondos públicos para la organización del referéndum ilegal que está programado para el próximo 1 de octubre. En caso de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy vea un atisbo de pago público para tal fin, el Gobierno ya ha advertido de que cerrará el grifo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA); un grifo que riega como a nadie en Cataluña. De hecho, los fondos que el Estado tiene previsto destinar a Cataluña ascenderán este año 3.600 millones de euros.

No podemos olvidar que Cataluña es la comunidad autónoma que recibe más recursos del modelo de financiación autonómica, con 20.134 millones de euros en 2015. Le siguen Andalucía con 19.680 millones, la Comunidad de Madrid con 15.000 millones y la Comunidad Valenciana con 11.248 millones.

En términos per cápita, ocho comunidades autónomas reciben recursos del sistema por habitante superiores a la media (Cantabria, La Rioja, Aragón, Extremadura, Galicia, Castilla y León, Asturias y Cataluña) mientras que otras siete (Castilla La Mancha, Baleares, Andalucía, Madrid, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia) se sitúan por debajo de ella.

El economista Javier Santacruz, explica el FLA como un “préstamo que el Gobierno Central hace a las autonomías que no pueden colocar deuda en los mercados y lo hace a tipo de interés cero”. Es decir, que realmente es una especie de préstamo gratuito bajo unas condiciones de devolución.

Según fuentes del Gobierno, en caso de que Cataluña no tuviera acceso al FLA, no podría “ni pagar las nóminas de los funcionarios ni pagar a las farmacias”. El motivo: en estos momentos el volumen de recursos que tiene disponible la Administración Autonómica no le da para cubrir los gastos más importantes. Javier Santacruz cree, de hecho, que “en los últimos años Cataluña ha priorizado otro tipo de gastos antes de lo que realmente son pagos ordinarios, y son los que realmente mantienen a la Administración en funcionamiento”.

“Las farmacias, los hospitales, y todas las concesiones de las empresas o de aquellos que prestan servicio a cualquiera de los servicios públicos también se quedarán sin cobrar si no hay acceso al FLA”, señalan fuentes del Gobierno, que recuerdan que Cataluña es la región más beneficiada por el FLA, ya que entre 2012 y 2017 ha recibido 66.550 millones de euros a un ritmo más o menos continuado.

En 2012 recibió 12.275 millones, en 2013 14.628 millones, en 2014 bajó a 11.070, en 2015 subió a 14.168 millones y en 2016 decayó a 10.811 millones, de los que 10.090 procedían del FLA; este la cuantía es, por ahora, de 3.600 millones.