La justicia exige a Montoro que aclare ya si Rato cometió un delito de fraude fiscal

La justicia exige a Montoro que aclare ya si Rato cometió un delito de fraude fiscal. El juez de Instrucción número 31 de Madrid ha requerido a la ONIF, Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, para que realice «con la máxima urgencia» un informe definitivo que determine de forma «exacta» las cuotas supuestamente defraudadas por el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

El magistrado Antonio Serrano-Arnal atiende en un auto las peticiones tanto del exministro como de la Fiscalía Anticorrupción, partidaria de que la ONIF practique una nueva liquidación de los presuntos delitos fiscales por importe de 6,8 millones que atribuía a Rato tras once informes y tres años de pesquisas.

Fechado el pasado 12 de abril, el documento considera «pertinente y de utilidad» para la causa que investiga el origen del patrimonio del que fuera director gerente del FMI dicha prueba, razón por la que urge a la oficina para que aporte su versión final de los hechos dada «la duración de la instrucción», que se remonta a 2015.

En febrero de 2017, Hacienda acusó a Rato de haber defraudado en torno a 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015 a través de una maraña societaria en un informe de 642 páginas enviado al juzgado de la madrileña Plaza de Castilla.

En él, la ONIF apuntaba a que el exvicepresidente del Gobierno obtuvo rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros a lo largo del periodo, años en los que variaron las cantidades defraudadas.

Con todo, si se excluían los ejercicios anteriores a 2009, fiscalmente prescritos, el supuesto fraude ascendía a unos 5,4 millones de euros, obtenidos mediante «ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado; ganancias sin previa transmisión de rentas, rendimientos como conferenciante y gastos no deducibles».

Sobre las supuestas irregularidades en la facturación de 1,7 millones de euros por sus servicios como conferenciante a través de la sociedad Arada, Rato se pronunció el pasado 5 de abril, fecha de su última declaración, cuando defendió que desde 2002 es «plenamente lícito» cobrar a través de empresas.

Según aseguró entonces a los medios, no sólo la ONIF después de once informes no ha logrado acreditar los delitos que se le imputan, sino que se «ha puesto de manifiesto que la acusación inicial sobre la defraudación de más de ocho millones de euros por divisas ha quedado reducida a cero».

Una «caza de brujas» por la que ya denunció a Hacienda ante el juez, al que ahora el fisco deberá concretar y acotar las cuantías de los distintos delitos fiscales aún sin prescribir y vinculados a actividades sobre las que pesa la sospecha.