FCC provisionará 15 millones de euros ante la avalancha de auditorías en Cataluña por la recogida de basuras

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 15/12/2016 16:39
  • Actualizado: 15/12/2016 20:52

Los ayuntamientos catalanes auditan en masa a FCC tras las dudas en la recogida de basuras, algo de lo que es consciente la compañía que controla el magnate Carlos Slim, que está muy cerca de aprobar una provisión próxima a los 15 millones de euros por los presuntos delitos de estafa en su servicio de gestión de recursos urbanos.

Tras el presunto fraude de FCC Servicios Ciudadanos en la gestión de residuos urbanos, los ayuntamientos catalanes se han mostrado reticentes hacia la compañía y han empezado a encargar auditorías de urgencia, además de destinar a distintos funcionarios a supervisar calles y vertederos para comprobar si se están cumpliendo o no los contratos.

En Barcelona, según adelantó el diario El País, el presunto fraude se elevaría a 800.000 euros por facturar servicios que teóricamente no se prestaron. En Badalona, por otro lado, el fraude se podría elevar, incluso, a los 12,8 millones de euros, toda vez que en este caso la sospecha recae en unas facturas no conformes a las condiciones del concurso, revisión de precios al alza por costes de mano de obra o inversiones que no se han realizado. 

Así las cosas, según adelanta el Economista Digital, todos los ayuntamientos que han adjudicado el servicio de recogida de basuras a FCC Servicios Ciudadanos están revisando los números, algo que ha podido confirmar OKDIARIO. Por ejemplo, el alcalde de Mataró (Maresme), David Bote, ha pedido a la Gerencia Municipal y a la Dirección del Área de Gestión del Espacio Público del Ayuntamiento que encarguen la elaboración de un informe y de una auditoría para ver el nivel real de desempeño del contrato del servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y de playas.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con FCC sin éxito, con lo que la única información que tenemos es un escueto comunicado, emitido en noviembre, en el que reconocen haber “abierto una investigación interna para conocer los hechos» y brindan su «colaboración» a los ayuntamientos.