La banca española se hace a un lado y da por hecho que los fondos tomarán el control de Celsa

La banca española, que mantiene 525 millones de euros de deuda de circulante (para pagar los gastos corrientes) del grupo siderúrgico Celsa -los principales, Santander, CaixaBank, BBVA y Sabadell- da por hecho que los fondos acreedores de la compañía acabarán por hacerse con el control de la compañía al transformar deuda en capital.

La multinacional catalana, uno de los mayores productores de acero de Europa, que emplea en España a 4.500 personas, pasa por una crítica situación al no haber podido cumplir con vencimientos de parte de su deuda, de 2.800 millones de euros.

Los mayores fondos de inversión del mundo, entre ellos Goldman Sachs y Deutsche Bank, son los principales acreedores de Celsa, y ya han presentado en un Juzgado de Barcelona un plan de reestructuración que contempla una quita de la deuda a cambio de quedarse con el 100% del capital.

En esta ocasión, la banca española no tiene nada que hacer en el proceso de reestructuración de Celsa. Las entidades financieras españolas no son acreedores del grupo, vendieron hace tres años la deuda que manejaban, y únicamente gestionan deuda circulante, que vence a finales del mes de octubre.

«Mientras los Rubiralta [la familia propietaria de Celsa] no lleguen a un acuerdo con los fondos, los bancos no se van a mover», comentan fuentes cercanas a las entidades financieras españolas que han trabajado con Celsa. «Lo normal sería que los fondos acuerden capitalizar la deuda y se hagan con el 100% del capital del grupo, que ahora vale cero porque no puede hacer frente a sus deudas», señalan. «Cuando eso ocurra, los bancos negociarán la revisión del circulante», añaden. «Aquí no va a ocurrir que los bancos españoles se conviertan en accionistas de Celsa, eso no va a pasar», subrayan.

Los fondos, en su propuesta enviada al Juzgado, contemplan reducir en 1.291 millones el endeudamiento del grupo mediante la capitalización de la deuda convertible y extendiendo los vencimientos del resto de la deuda cinco años, según explicaron el lunes en un comunicado, en el que no se identificó a ninguno de los fondos inversores. No obstante, otra fuente asegura que la deuda restante tampoco podrá pagarse en el futuro y también tendrá que convertirse en capital.

Además destacan que su propuesta «no requiere ninguna financiación de Sepi ni el correspondiente sacrificio del Estado español y de los contribuyentes».

Al igual que los bancos españoles, también la Sepi está a la espera de que los fondos y la familia Rubiralta -que en la última década ha firmado 14 operaciones de refinanciación de deuda del grupo- alcancen un acuerdo para liberar los 550 millones de euros de ayuda aprobada.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de junio una ayuda del fondo de rescate de la Sepi de 550 millones para Celsa, la mayor entregada por el organismo público. Pero esta ayuda está condicionada a que los fondos y los Rubiralta acuerden la refinanciación del grupo, para evitar igualmente que la Sepi se convirtiera en accionista de la compañía con sede en Barcelona.

A falta de unas semanas de que se produzcan relevantes vencimientos de la deuda de Celsa, las partes están totalmente enfrentadas. La familia Rubiralta carga contra «los fondos buitres», mientras que los fondos sostienen que a los propietarios del grupo industrial «sólo les interesa preservar sus intereses financieros».