La federación de gitanos amenaza con romper el acuerdo para desmantelar Son Banya si no reciben 35 pisos

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 09/01/2024 14:42
  • Actualizado: 18/09/2024 16:31

El presidente de la Federación de Entidades Gitanas de Baleares, Carlos Cortés, ha amenazado este martes con salir del acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Palma para desalojar el poblado narco de Son Banya si durante esta semana no reciben «una respuesta de verdad» sobre la entrega de viviendas a cambio, en torno a 35 pisos, para que otras tantas familias puedan abandonar el inframundo del súper de la droga.

Así se ha expresado Cortés este martes en declaraciones a los medios de comunicación después de ser recibido en audiencia por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, al que ha trasladado los problemas del pueblo gitano.

En este sentido, el presidente de la federación ha señalado que «los acuerdos no se están cumpliendo» y que el Govern, a través del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), «debe entregar ya viviendas para desmantelar Son Banya». Una cuestión que, según ha explicado Le Senne, trasladará a la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Después de dos legislaturas donde el anterior gobierno municipal, con el ex alcalde socialista José Hila, y la ex presidenta del Govern Francina Armengol incumplieron sus compromisos para desmantelar este asentamiento de chabolas de propiedad municipal, el proceso para el desalojo y reubicación de las familias afectadas en diferentes barrios de la capital balear lleva más de un año en punto muerto.

Aunque el ex alcalde Hila prometió por activa y por pasiva que a finales de 2023 habría desaparecido el mayor foco de marginalidad de Palma, ubicado en las inmediaciones del aeropuerto de Son Sant Joan, la realidad fue otra bien diferente y quedan por realojar las mismas 35 familias, además de otras, que no se han incluido en el programa de realojo, al no cumplir los requisitos requeridos.

Detrás de esta falta de respuesta municipal está la escasa colaboración del Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) del Govern balear, que la pasada legislatura no proporcionó los pisos sociales necesarios para poder trasladar a los núcleos familiares que desean abandonar este asentamiento marginal.

La última actuación municipal en Son Banya fue el pasado mes de mayo, antes de las elecciones del 28 de mayo, cuando el Ayuntamiento de Palma derribó cinco chabolas de la manzana dos, y aseguró que había realojado a seis familias. Un total de 12 adultos y 14 menores que se sumaron a las 177 personas que desde 2018 han ido abandonado el poblado, 104 adultos y 73 menores.

Pero el proceso de realojo en estos momentos está encallado y, como ha afirmado hoy Cortés, «las tres instituciones, tanto el Govern, Consell de Mallorca y Ayuntamiento, tenemos que llegar a un acuerdo de verdad para desmantelar Son Banya», porque como ha remarcado «no se puede continuar así». «Nosotros necesitamos una respuesta esta semana o desaparecemos del acuerdo», ha concluido Cortés.

Un desmantelamiento que de hecho figura en el pacto suscrito entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Palma. En concreto, en el punto 46 del acuerdo programático municipal rubricado entre las dos formaciones, se comprometen a «proporcionar las viviendas necesarias para completar el desmantelamiento de Son Riera (Son Banya) acompañadas de las medidas sociales necesarias con una fecha objetivo: septiembre 2025 designando como interlocutor a la Federación de Asociaciones de Gitanos y Gitanas de las Baleares».

Por tanto, el compromiso del gobierno municipal en minoría del alcalde del PP, Jaime Martínez, para culminar el desalojo del poblado narco es a año y medio vista.

En principio, las viviendas sociales que serían cedidas por el Ibavi al Ayuntamiento, y éste a renglón seguido a los afectados, serán siempre de alquiler social y nunca de propiedad, con el compromiso además añadido de que las prestaciones sociales que recibirán los beneficiarios serán las que están incluidas en el catálogo general de los servicios sociales, tal y como recoge el compromiso suscrito en el plan de realojo aún en vigor.