Reino Unido juzga a 14 marcas de coches por el fraude de emisiones diésel en un proceso histórico

Unos 1,6 millones de conductores británicos participan desde este lunes en el mayor juicio colectivo de la historia legal de Inglaterra y Gales, al demandar ante el Tribunal Superior a catorce fabricantes de coches por un presunto fraude en las emisiones diésel.

El proceso se centra en Mercedes, Ford, Renault, Nissan y Peugeot/Citroën, seleccionados como demandados principales por la corte debido a la magnitud del caso. Estos cinco gigantes automovilísticos enfrentan acusaciones por el supuesto uso de dispositivos de manipulación instalados en sus vehículos.

Se prevé que el juicio se amplíe posteriormente a otros nueve fabricantes que también afrontan reclamaciones por presuntas irregularidades en las emisiones diésel. Estos son Volkswagen/Porsche, BMW, Jaguar Land Rover, Toyota, Mazda, Hyundai-Kia, Volvo, FCA/Suzuki y Vauxhall/Opel, según indicó en un comunicado el despacho jurídico Leigh Day, que representa a los demandantes. El caso podría marcar un antes y un después en la responsabilidad corporativa de la industria automovilística.

Precedente judicial

El proceso, que podría sentar un precedente judicial para toda la industria, busca establecer si los fabricantes vulneraron las normas medioambientales británicas y europeas mediante el empleo de mecanismos fraudulentos.

Los propietarios alegan que entre 2009 y 2019 esos fabricantes instalaron software diseñado específicamente para engañar las pruebas oficiales de emisiones. Este software reducía temporalmente la contaminación durante los tests de laboratorio, pero permitía emisiones diésel mucho más altas en condiciones normales de circulación por carretera.

Emisiones peligrosas para la salud pública

Se estima que los vehículos afectados emitían niveles peligrosos de óxidos de nitrógeno y partículas contaminantes, perjudicando gravemente la salud pública y el medio ambiente.

Las emisiones diésel reales en circulación superaban con creces los límites legales establecidos por la normativa europea, exponiendo a millones de personas a contaminantes atmosféricos. Los demandantes sostienen que fueron engañados al comprar vehículos que creían respetuosos con el medio ambiente.

El proceso principal durará tres meses y se prevé que las conclusiones finales se presenten en marzo de 2026, con la sentencia esperada para el verano del próximo año. Si se falla en contra de los fabricantes, un juicio posterior determinará las compensaciones económicas que deberán abonar en otoño de 2026. Los expertos legales estiman que las indemnizaciones podrían alcanzar miles de millones de libras si prosperan todas las reclamaciones.

Confianza corporativa quebrada

El bufete Leigh Day, que lidera la representación de los conductores junto a otros 21 despachos jurídicos, afirmó que si se demuestran las acusaciones, se tratará de «una de las más graves violaciones de la confianza corporativa en tiempos modernos».

Martyn Day, socio principal del despacho londinense, declaró que «una década después de que el escándalo dieselgate saliera a la luz, 1,6 millones de automovilistas del Reino Unido tienen ahora su oportunidad de probar si sus vehículos contenían tecnología diseñada para engañar las pruebas».

El escándalo «dieselgate» y sus consecuencias

El escándalo «dieselgate» estalló en septiembre de 2015 cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos acusó a Volkswagen de manipular las emisiones diésel mediante software fraudulento.

El caso provocó una onda expansiva en toda la industria automovilística global y obligó a revisar los sistemas de control de emisiones. La compañía alemana admitió haber instalado dispositivos ilegales en 11 millones de vehículos en todo el mundo.

Sanciones millonarias

Volkswagen pagó 32.000 millones de euros en sanciones, multas y compensaciones a nivel mundial, incluyendo 193 millones de libras (222 millones de euros) abonados a 91.000 conductores británicos en 2022.

El escándalo tocó la reputación de la marca, provocó la dimisión de varios altos ejecutivos y generó investigaciones criminales en múltiples países. Desde entonces, las autoridades han intensificado los controles sobre las emisiones diésel y los procedimientos de homologación de vehículos.

Las marcas niegan categóricamente las acusaciones

El caso británico actual representa el mayor intento colectivo de responsabilizar a múltiples fabricantes simultáneamente por prácticas similares.

Los demandantes argumentan que el problema fue mucho más generalizado que el caso Volkswagen y que prácticamente toda la industria habría participado en el engaño sistemático a reguladores y consumidores.

Los fabricantes implicados en el juicio de Londres niegan categóricamente las acusaciones y defienden la legalidad de sus sistemas. En declaraciones recogidas por la BBC, Mercedes afirmó que los sistemas utilizados eran «justificables desde el punto de vista técnico y legal» y que siempre cumplieron con la normativa vigente. Renault y Stellantis (matriz de Peugeot/Citroën) dijeron que sus vehículos cumplían las normas aplicables en el momento de su comercialización.

Demandas sin fundamento legal

Ford aseguró que las demandas «no tienen fundamento legal» y confía en que el tribunal desestimará las reclamaciones. Nissan destacó su «compromiso inquebrantable con el cumplimiento normativo en todos los mercados en los que opera» y rechazó haber utilizado dispositivos fraudulentos.

Todos los fabricantes sostienen que los sistemas de control de emisiones diésel instalados respondían a necesidades técnicas legítimas para proteger los motores.

«Engañados por los fabricantes»

Adam Kamenetzky, uno de los demandantes del caso y propietario de un Mercedes, afirmó que si se demuestra que las acusaciones son ciertas, «los reguladores, los políticos y los ciudadanos habrán sido engañados por fabricantes que se benefician de vender coches diésel mientras eluden las leyes sobre aire limpio».

Kamenetzky añadió que los propietarios merecen una compensación justa por haber pagado precios premium por vehículos supuestamente ecológicos que contaminaban ilegalmente.

El veredicto del Tribunal Superior británico, esperado para mediados de 2026, será seguido de cerca por reguladores y consumidores de toda Europa, donde millones de conductores podrían emprender acciones legales similares si se establece la responsabilidad de los fabricantes.