Nuevo desencuentro en Doñana: Junta y ecologistas rechazan el deslinde de marismas del Gobierno
La Junta de Andalucía anuncia recurso contra el procedimiento por carecer de informes preceptivos del Consejo
WWF pide suspender el deslinde por errores técnicos y crear una comisión científica independiente
El Gobierno central se enfrenta a un frente común de rechazo institucional y ecologista tras aprobar el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en las marismas de Doñana.
La Junta de Andalucía ha anunciado que recurrirá la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica, publicada en el Boletín Oficial del Estado, por considerarla plagada de errores técnicos y jurídicos. A su vez, la organización ecologistas como WWF han criticado duramente el procedimiento por no ajustarse a criterios científicos.
El Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana ha aprobado informar desfavorablemente de la propuesta y elevar una queja formal al Ministerio.
Posición del Ejecutivo andaluz
El viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Sergio Arjona, ha trasladado la posición firme del Ejecutivo andaluz en una sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de Participación celebrada en el Centro Administrativo El Acebuche.
Durante su intervención, Arjona ha anunciado que los servicios jurídicos autonómicos ya trabajan en la presentación del correspondiente recurso contra el deslinde que afecta a los términos municipales de Hinojos, Almonte y Aznalcázar.
Falta de respeto
El procedimiento, impulsado por la Dirección General de la Costa y el Mar, ha sido calificado por el viceconsejero como una actuación tramitada «sin consenso y sin respeto al informe preceptivo del Consejo de Participación».
La principal crítica andaluza se centra en la forma en que el Gobierno central ha ejecutado el procedimiento administrativo. Según ha explicado Arjona, el Ministerio ha aprobado el deslinde de las marismas de Doñana sin contar con el informe preceptivo del Consejo de Participación, pese a conocer desde el 26 de septiembre la convocatoria de una sesión extraordinaria para abordar precisamente esta cuestión.
«No entendemos cómo se ha podido proceder a su publicación en el BOE sin esperar a que este órgano emitiese su parecer, cuando precisamente la legislación exige su consulta en procedimientos que afectan de manera tan directa a un espacio natural protegido», ha señalado el viceconsejero.
Cuestionamientos técnicos y científicos
La oposición de la Junta de Andalucía al deslinde no es nueva. El ejecutivo autonómico ya había trasladado su rechazo mediante informes remitidos por el Espacio Natural de Doñana los días 20 de noviembre y 5 de diciembre de 2023.
En dichos documentos técnicos, el equipo especializado manifestaba que la propuesta del Ministerio excede los límites naturales de influencia mareal y carece de justificación científica adecuada.
Los informes advertían que los ecosistemas, hábitats y especies presentes en la zona no guardan relación con los procesos de flujo y reflujo de las mareas, como pretende argumentar el expediente gubernamental para justificar la reclasificación de terrenos.
Inundación de las marismas
Los técnicos andaluces cuestionan especialmente la referencia ministerial a la denominada Montaña del río como barrera artificial que impide la conexión de la marisma con la marea.
Según los informes autonómicos, esta infraestructura fue concebida precisamente para favorecer la inundación de las marismas de Doñana, cuya dinámica hidrológica responde a un origen pluvio-fluvial y no marino.
Esta diferenciación resulta fundamental desde el punto de vista ecológico, ya que determina las características de los ecosistemas presentes y las especies que los habitan. La conversión administrativa de estos espacios en dominio marítimo-terrestre podría obligar a una gestión incompatible con su naturaleza real.
Terrenos estatales
El alcance del deslinde aprobado por el Gobierno central resulta especialmente significativo en términos patrimoniales y de gestión. Según ha precisado Arjona, la medida afecta al 56% de las fincas públicas del espacio, incluyendo la totalidad de las marismas de la provincia de Sevilla.
Estos terrenos fueron adquiridos por el Estado en 2006 a propietarios privados y posteriormente transferidos a la Comunidad Autónoma mediante decreto de traspaso. «Se trata de fincas perfectamente conservadas, con una gestión ambiental ejemplar, que han sido objeto de restauración, seguimiento científico y control permanente», ha defendido el viceconsejero.
Incertidumbre jurídica y operativa
La reclasificación de más de la mitad del patrimonio público gestionado por la Junta en Doñana genera, según Arjona, una incertidumbre jurídica innecesaria que puede derivar en conflictos administrativos y operativos en la conservación del espacio.
El viceconsejero ha cuestionado la necesidad de intervenir sobre un territorio que ya cuenta con un régimen de protección integral bajo las figuras de parque nacional y parque natural, consideradas las máximas categorías de protección ambiental en España.
Esta doble capa protectora garantiza, según la tesis andaluza, una conservación óptima sin necesidad de modificaciones administrativas que alteran la titularidad y competencias de gestión.
Falta de transparencia y de diálogo
Durante su intervención en el Consejo de Participación, Arjona ha subrayado la falta de transparencia y diálogo previo en la tramitación del expediente. «El Gobierno central ha actuado unilateralmente, sin escuchar a las administraciones que trabajan día a día en la gestión de Doñana, ni a los propios órganos de participación que la ley prevé para estos casos», ha lamentado.
El viceconsejero ha recordado que en otros lugares de España el Ministerio ha optado por dejar caducar procedimientos similares, precisamente por la ausencia de acuerdo con las administraciones territoriales. «Aquí, sin embargo, se ha hecho lo contrario: se ha acelerado el proceso y se ha publicado en el BOE sin el aval del Consejo de Participación y con informes técnicos en contra», ha criticado.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, tras la rueda de prensa de la firma del acuerdo del protocolo del Parque Nacional de Doñana. A 27 de noviembre de 2023. (Foto: Europa Press).
Rechazo al informe del Gobierno
La sesión extraordinaria del Consejo de Participación ha estado presidida por Enrique Mateos y ha contado con la presencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, así como de los alcaldes de Almonte e Hinojos, el director general de Espacios Naturales Protegidos de la Junta, el director del Espacio Natural de Doñana, el comisionado para el Acuerdo de Doñana y representantes de universidades, organizaciones agrarias y ecologistas, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Como resultado de la reunión, el Consejo ha aprobado informar desfavorablemente a la propuesta de deslinde y elevar una queja formal al Ministerio para la Transición Ecológica.
Posición ecologista coincidente
WWF ha destacado el consenso alcanzado en el Consejo de Participación para rechazar la propuesta de deslinde, con la única excepción del propio Ministerio para la Transición Ecológica.
El portavoz de la organización, Juanjo Carmona, ha remarcado en declaraciones a los medios que prácticamente todos los miembros del Consejo han rechazado el procedimiento porque «no se ajusta a los criterios técnicos, científicos y de marco normativo del Parque Natural».
Esta posición ecologista resulta especialmente significativa al coincidir con la de la Junta de Andalucía, habitualmente enfrentadas en asuntos relacionados con la gestión y conservación de las marismas de Doñana.
La organización conservacionista ha solicitado al Ministerio que atienda los recursos y alegaciones presentadas, así como las que se interpondrán en los próximos días, con el objetivo de que suspenda el deslinde por sus errores y fallos en el establecimiento de criterios técnicos.
Constitución de comisión científica
WWF ha pedido además la constitución de una comisión científica independiente que valore toda la información existente sobre Doñana, sus ecosistemas y los compromisos internacionales de conservación, para elaborar posteriormente una propuesta ajustada a la realidad del espacio natural.
«Esperemos que el Ministerio y Costas acojan ese brazo tendido que desde Doñana se le está lanzando por el bien de la conservación de este espacio natural», ha expresado Carmona.
Agua dulce o salada para las marismas de Doñana
El núcleo del conflicto radica en la caracterización de las marismas de Doñana. Carmona ha explicado que la marisma es de agua dulce en su mayor parte, y que dos tercios del territorio no pueden convertirse en marismas salinas sin destruir los valores que hacen de Doñana un lugar único en Europa.
Si se ejecutara el deslinde propuesto por el Ministerio, el Espacio Natural estaría obligado a intervenir para convertir la marisma en agua salada, lo que supondría alterar radicalmente un ecosistema de importancia internacional.
Respetar el Ramsar sobre humedales
Esta transformación forzada contradice los compromisos de conservación asumidos por España en el marco de convenios internacionales como el de Ramsar sobre humedales.
WWF reconoce la necesidad de realizar un deslinde en las marismas de Doñana, pero defiende que debe afectar únicamente a aquellas zonas que son realmente mareales y que históricamente lo han sido de forma continuada. «Aún se puede reconducir la situación en beneficio de la conservación natural de las marismas de agua dulce», ha concluido Carmona, mostrando disposición al diálogo para encontrar una solución que respete la singularidad ecológica del espacio y su específico grado de protección normativa.
