Asturias seguirá controlando al lobo: el TSJA tumba la paralización cautelar pedida por los ecologistas

El lobo seguirá siendo objeto de control en Asturias. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha denegado la paralización cautelar del programa de control del lobo para la temporada 2026-2027, que permite extraer hasta 67 ejemplares hasta finales de 2027.

La suspensión había sido solicitada por Ecoloxistes n’Aición d’Asturies y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, que recurrieron el programa ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo y pidieron frenarlo mientras se resolvía el pleito.

Según ha informado la Fundación Artemisan, una de las entidades personadas en defensa del plan, el tribunal considera en un auto que debe prevalecer el interés general, que abarca tanto la conservación de la especie como la realidad social y económica del medio rural.

Qué supone el auto

La consecuencia más inmediata es que el programa sigue plenamente vigente. Los controles autorizados por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria podrán ejecutarse mientras avanza el procedimiento principal, que puede prolongarse durante meses.

El auto no zanja, sin embargo, la cuestión de fondo. La propia Sala advierte de que la legalidad definitiva de las medidas deberá analizarse en la sentencia, por lo que la decisión sólo resuelve si el plan se aplica mientras dura el litigio.

Las entidades que defendían el programa alertaban de que una suspensión podría retrasar los controles durante meses o incluso años. Artemisan llegó a pedir que, si se paralizaba, los ecologistas depositaran una fianza de 1.910.000 euros para cubrir los posibles daños.

Los argumentos del tribunal

El TSJA subraya la necesidad de tener en cuenta los intereses de los ganaderos y de prevenir los importantes perjuicios que los ataques de lobo causan al ganado. A su juicio, la conservación de la especie no puede abordarse al margen de su impacto en las explotaciones y las comunidades rurales.

La Sala recoge además los informes de la Administración asturiana y de Artemisan que sostienen que la población presenta un estado de conservación favorable, con más camadas detectadas desde los años noventa y más grupos con reproducción confirmada pese a las extracciones.

Frente a ello, el tribunal concluye que las asociaciones ecologistas, que alegaban daños irreparables para la especie, no han aportado datos suficientes para justificar la suspensión. Recuerda también que paralizar una disposición general es una medida excepcional.

67 lobos hasta 2027

El programa fue aprobado por resolución de 26 de agosto de 2026, tras pasar por el Comité Consultivo del Lobo. Fija un máximo de 67 extracciones y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, con opción de ampliarlo hasta marzo de 2028 si no se agotan los cupos.

El cupo supone 14 ejemplares más que el programa anterior, que fijaba 53. Para calcular las extracciones de cada zona se suman tanto los controles legales como las muertes de lobos constatadas por otras causas.

La cifra se aplica sobre una población estimada de entre 412 y 460 lobos, repartidos en 50 manadas identificadas, de las que 46 son reproductoras. En 2001, el Principado contabilizaba 22 manadas.

Cupos por zonas

El reparto no es uniforme: responde al censo de 2025 y a los daños registrados en cada área. Las zonas sin gestión específica concentran el mayor cupo, con 18 lobos, ampliable si fuera necesario, tras sumar 1.066 ataques el año pasado.

Le siguen la zona centro-oriental, con nueve; El Palo-Esva, la centro-occidental y la central, con ocho cada una; la noroccidental, con siete; Picos de Europa fuera del Parque Nacional, con cinco; y la suroccidental, con cuatro.

Los mayores daños se concentraron en El Palo-Esva, con 1.022 cabezas de ganado afectadas en 2025, y en la zona centro-occidental, con 540. En el extremo opuesto, la suroccidental apenas registró 31 reses atacadas.

Cómo y cuándo se actuará

Los controles se realizarán sobre todo en dos periodos: de enero a abril y de septiembre a diciembre. Entre mayo y agosto sólo se permitirán actuaciones puntuales sobre ejemplares que causen daños reiterados.

Entre los métodos previstos figuran los aguardos y recechos selectivos a cargo de agentes medioambientales o personal autorizado, el apoyo durante cacerías de otras especies en las reservas regionales de caza y, si es preciso, batidas coordinadas por los agentes.

Fuera de las zonas de gestión, además, podrán efectuarse extracciones durante todo el año cuando las circunstancias lo hagan necesario, según recoge el programa aprobado por la Consejería.

Daños al alza

El Gobierno asturiano justifica el plan por la evolución de los ataques. En 2025 se confirmaron daños a 3.893 cabezas de ganado bovino, ovino, caprino y equino, un 30% más que en 2021, antes de que el lobo entrara en el régimen de protección especial.

Las indemnizaciones abonadas por la Administración alcanzaron ese año los 1.911.171 euros, un 59% más que en 2021. Según el Principado, el lobo ocupa ya alrededor del 83% del territorio asturiano, unos 8.300 kilómetros cuadrados.

El sector ganadero sostiene que las medidas preventivas no bastan para frenar los ataques y que las compensaciones no cubren las pérdidas reales, en un contexto en el que algunas explotaciones están al límite de su viabilidad.

Un largo pulso judicial

La decisión llega tras años de vaivenes. En 2021, el Gobierno central incluyó las poblaciones al norte del Duero en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), lo que impedía su control como especie gestionada.

En 2025, una enmienda a la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario sacó al lobo de ese listado al norte del Duero. Sin embargo, en febrero de 2026 el Tribunal Supremo anuló el II Plan de Gestión del Lobo de Asturias y el programa de 2022-2023.

En abril, el propio TSJA declaró nulo el programa 2025-2026, que preveía 53 extracciones, por falta de base legal. Entonces también había denegado las cautelares y, antes de la sentencia, se habían abatido cerca de 45 lobos, según los recurrentes.

Choque con el Ministerio

Para recuperar la cobertura jurídica, el Principado modificó este verano el II Plan de Gestión. Aun así, el programa sigue en el centro de la polémica: la ANPBA ha presentado otro recurso en el que pide su nulidad y cuestiona la base científica del cupo.

El Ministerio para la Transición Ecológica también discrepa. Su informe sexenal cifra en 333 las manadas en España, por debajo de las 500 que la Comisión Europea toma como referencia de estado favorable, y sostiene que no puede haber controles letales. Asturias defiende la validez de sus datos.

Fundación Artemisan ha celebrado el auto y ha anunciado que seguirá personándose en los procedimientos que pretendan restringir la actividad cinegética sin criterios técnicos y científicos. La última palabra sobre el plan, no obstante, la tendrá la sentencia.

Asturias seguirá adelante

El Gobierno del Principado de Asturias seguirá adelante con el programa de control del lobo para 2026 y 2027, que contempla la extracción de un total de 67 ejemplares, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) haya rechazado la pretensión de paralizar cautelarmente las medidas impulsadas por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria.

Así lo ha indicado el director general de Planificación Agraria, Marcos Da Rocha, que ha manifestado que el grado de ejecución del programa se sitúa actualmente en el 19,4 por ciento, según ha señalado el Ejecutivo autonómico tras conocer la resolución judicial.

El Principado ha manifestado su respeto y valoración por la decisión del TSJA y ha defendido la necesidad de una gestión del lobo que permita dar respuesta a los daños que, según el Gobierno autonómico, sufren los ganaderos asturianos.

En este sentido, De la Rocha ha destacado que el auto recoge expresamente las consecuencias de los ataques sobre la viabilidad de las explotaciones, el relevo generacional y la continuidad de la ganadería tradicional.

Protección de la biodiversidad

«No se puede defender la conservación de una especie ignorando a quienes sufren sus consecuencias ni condenar al medio rural a convivir con los daños sin respuestas eficaces», ha señalado.

El Gobierno autonómico ha defendido que la protección de la biodiversidad debe ser compatible con el mantenimiento de la actividad ganadera, la economía de los pueblos y la supervivencia de las razas autóctonas.

Desde el Principado han asegurado que continuarán defendiendo una política de gestión del lobo basada en criterios técnicos y en la «responsabilidad política» de proteger a los ganaderos.