El 83% de las pymes españolas no tiene registrada su huella de carbono
El Real Decreto 214/2025 impone nuevas obligaciones a grandes empresas y administraciones públicas para calcular y publicar su huella de carbono


La entrada en vigor del Real Decreto 214/2025, que establece la obligación para determinadas empresas y entidades públicas de calcular y publicar su huella de carbono y planes de reducción de emisiones, ha puesto de manifiesto una preocupante realidad.
En concreto, la mayoría de las empresas españolas no están preparadas para cumplir con estas exigencias debido a la falta de herramientas adecuadas para medir y gestionar sus emisiones.
Según el Real Decreto 214/2025, las grandes empresas obligadas a presentar el Estado de Información No Financiera (EINF), así como las administraciones públicas estatales, deberán calcular anualmente su huella de carbono y establecer metas concretas de reducción de emisiones.
Desconocimiento para medirla
Sin embargo, un informe de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), publicado en febrero de 2024, revela que el 83% de las pymes españolas no tienen registrada su huella de carbono, y este porcentaje se incrementa hasta el 99% al extrapolar al total de pymes españolas, según datos del INE.
«Nos encontramos con empresas que no saben ni por dónde empezar, o que dependen de informes que tardan meses en generarse y no siempre son fiables», explica Juanjo Mestre, cofundador de Dcycle, solución tecnológica con sede en Madrid especializada en la automatización de datos ESG.
Automatización empresarial
Frente a este contexto, la automatización de la sostenibilidad empresarial se perfila como una necesidad urgente, no como una opción a futuro. Este tipo de plataformas permiten, por ejemplo, cargar una factura eléctrica y extraer en segundos los datos necesarios para cumplir con varias normativas al mismo tiempo: desde la huella de carbono, hasta informes internos o auditorías externas.
«Lo que proponemos no es complicar más, sino simplificar. Convertir datos en decisiones», añade Jacobo Umbert, responsable de expansión de Dcycle. Con más de 2.000 clientes en Europa y un crecimiento del 300% en el último año, la empresa forma parte de un nuevo ecosistema de soluciones que buscan hacer la sostenibilidad empresarial más eficiente y menos dependiente de servicios tradicionales.
El Real Decreto 214/2025 establece un marco regulador para que las empresas españolas calculen y gestionen su huella de carbono, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático.
Cumplir la normativa
Para cumplir con esta normativa, las empresas deben seguir un proceso estructurado que les permita medir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de manera precisa.
El primer paso en el cálculo de la huella de carbono consiste en definir el alcance de las emisiones que se van a evaluar. El Real Decreto clasifica las emisiones en tres alcances: Alcance 1, que incluye las emisiones directas de fuentes propias; Alcance 2, que abarca las emisiones indirectas derivadas del consumo de electricidad, calor o vapor; y Alcance 3, que engloba todas las demás emisiones indirectas, como las asociadas a la cadena de suministro y al uso de productos vendidos.
Recopilación de datos
Una vez definidos los alcances, las empresas deben recopilar datos relevantes sobre sus actividades y consumos. Esto incluye información sobre el consumo energético, los procesos industriales y el transporte, entre otros. Es crucial utilizar metodologías estandarizadas, como las proporcionadas por el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, para garantizar la coherencia y comparabilidad de los datos.
Tras la recopilación de datos, se procede al cálculo de las emisiones utilizando factores de emisión específicos para cada tipo de actividad. Estos factores permiten convertir los datos de consumo en emisiones equivalentes de CO₂. Una vez obtenidas las cifras, las empresas deben elaborar un informe que detalle sus resultados y estrategias para reducir su huella de carbono.
Finalmente, el Real Decreto también promueve la verificación externa de estos cálculos, lo que añade una capa de transparencia y credibilidad al proceso. Así, las empresas no solo cumplen con la normativa, sino que también contribuyen a un futuro más sostenible.