Escándalo en los exámenes de conducir: la Guardia Civil destapa trampas con gafas inteligentes
Se trata de un hito en la detección del fraude tecnológico
La Guardia Civil ha interceptado por primera vez a un aspirante que usaba gafas inteligentes para transmitir las imágenes del examen teórico de conducir al exterior. Se trata de un hito en la detección del fraude tecnológico.
Aunque sea frecuente el uso de ‘pinganillos’ y teléfonos móviles ocultos durante los exámenes, las gafas evidencian «una creciente profesionalización de las redes que suministran estos equipos». El dispositivo permitía al aspirante captar la pantalla del examen de forma natural, sin movimientos sospechosos, enviando la señal en tiempo real a una persona situada en el exterior, quien le dictaba las respuestas.
Estos exámenes constan de 30 preguntas. Para aprobar, se permite un máximo de tres fallos, y los aspirantes disponen de 30 minutos para completarlo. Si la prueba se realiza en ordenador, el resultado se puede consultar online ese mismo día, a partir de las 17:00 horas. Si se hiciera en papel, se sabrá al día siguiente a la misma hora.

Sanciones de la Guardia Civil
Los últimos datos de la Guardia Civil muestran que se ha identificado a 20 infractores durante los exámenes de conducir de la DGT en las sedes de Logroño y Calahorra (La Rioja). Ellos son de diferentes nacionalidades (españoles, chinos, indios, marroquíes, portugueses, senegaleses y paquistaníes) y de edades comprendidas entre los 24 y los 59 años.
Los implicados son de provincias como Madrid, Barcelona, Valencia o Murcia y habrían abonado entre 1.300 y 2.500 euros para obtener ayuda externa de manera fraudulenta. Por todo ello, se han aplicado sanciones como multas de 500 euros por el uso de estos dispositivos, prohibición de presentarse a las pruebas para la obtención o recuperación del carnet de conducir y un expediente administrativo, para declarar a todos los implicados como “no aptos” de forma inmediata.
Si se detectan casos de suplantación de identidad, las penas son más severas. Un aspirante que hiciera esto podría incurrir en un delito de usurpación del estado civil, como se denomina en el Código Penal en su artículo 401, lo que conlleva penas de prisión de entre 6 meses y 3 años.