Aída Nízar acusa a la pareja de Ángel Nozal de usar "tácticas dilatorias"
Aída Nízar sigue en su lucha por esclarecer posibles irregularidades en la gestión de una comunidad de propietarios en Marbella
Ha presentado un escrito urgente ante el juzgado denunciando lo que podría interpretarse como tácticas dilatorias por parte de la administración
La denuncia radica en la falta de presentación de las delegaciones de voto solicitadas hace más de dos meses
La reconocida reportera Aída Nízar sigue en su lucha por esclarecer posibles irregularidades en la gestión de una comunidad de propietarios de una urbanización de Cabopino en Marbella donde viven sus padres. Ahora ha presentado un escrito urgente ante el juzgado denunciando lo que podría interpretarse como tácticas dilatorias por parte de la administración de fincas Servicios Alcántara propiedad del ex alcalde de Mijas, Ángel Nozal y su pareja, la holandesa Michelle Van Gaalen.
La denuncia radica en la falta de presentación de las delegaciones de voto solicitadas hace más de dos meses, situación que podría poner en riesgo la transparencia del proceso. «Existe una preocupación real sobre la posibilidad de que se estén adulterando delegaciones o incluso creando nuevas de manera fraudulenta», señalan fuentes cercanas al caso. Esta situación ha llevado a solicitar una medida urgente para que la administradora, Michelle Van Gaalen, presente la documentación requerida en un plazo improrrogable de una audiencia, bajo la seria advertencia de incurrir en un delito de desobediencia.
Aída Nízar en un programa de televisión. (Foto: Gtres)
El caso, que se tramita bajo el número 102/2024, ha generado especial interés debido a la relevancia pública de Aída Nízar y las graves implicaciones que podría tener para la transparencia en la gestión de comunidades de propietarios. Los tribunales de Marbella deberán ahora decidir sobre esta solicitud urgente, que podría marcar un precedente importante en la lucha contra las irregularidades administrativas en comunidades de propietarios.
Según ha podido conocer este medio, el juez Leopoldo Salvador Torres López ha ordenado una auditoría completa de las cuentas comunitarias, designando como perito oficial a Juan Ronda Santana, quien deberá examinar minuciosamente toda la documentación financiera de la comunidad.
La investigación se centrará en tres aspectos fundamentales:
- La veracidad de las cuentas aprobadas en la última Junta de Propietarios
- La adecuación de los gastos a los valores de mercado
- La legitimidad de los gastos no presupuestados inicialmente
Además, el juzgado ha requerido a la administradora de la comunidad, Michelle Van Gaalen, la presentación urgente de las delegaciones de voto correspondientes a la controvertida Junta celebrada el pasado 13 de octubre de 2023, donde se habrían tomado importantes decisiones económicas cuya legalidad está ahora en entredicho. «Estamos ante lo que podría ser un caso significativo de mala gestión comunitaria», señalan fuentes cercanas al caso. La demanda, que ha sido admitida a trámite bajo el número de procedimiento 102/2024, busca esclarecer si ha existido una gestión irregular de los fondos comunitarios.