El whatsapp de Ábalos a Aldama que demuestra que el ministro estaba involucrado en la trama de mascarillas

José Luis Ábalos gestionaba personalmente los contratos de mascarillas de la trama Koldo. Así se desprende de una conversación vía mensajes de WhatsApp entre el ex ministro de Fomento y el empresario Víctor de Aldama en la que hablan de autorizaciones aeroportuarias para traer material sanitario de China. Pese al amplio volumen de contratación de su ministerio y a que no era su función específica, Ábalos se encargó de estos contratos en los que la Audiencia Nacional ha detectado mordidas millonarias. El entonces ministro tenía trato directo con Aldama, que fue quien trajo el material sanitario solicitado.

OKDIARIO ha tenido acceso al intercambio de mensajes entre José Luis Ábalos y Víctor de Aldama a través de sus teléfonos móviles intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ambos hablaban sobre contrataciones públicas que el entonces ministro de Fomento iba a licitar desde su departamento debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus. La más urgente era la de traer mascarillas y Ábalos contactó con Aldama para traerlas. El empresario era entonces consejero de Air Europa.

Los WhatsApp revelan que Ábalos daba autorizaciones para que esta aerolínea trajera material. «Los chinos ya han cerrado la persiana. En cuanto se levanten mañana nos lo dan. También hemos pedido autorizaciones de vuelo a todos los países en tránsito», reenvía Ábalos a Aldama informándole de que el permiso estaba dado. A lo que Aldama responde: «Ok gracias». También dio autorizaciones a Iberia, según fuentes de la investigación.

Previamente a este intercambio de mensajes, Aldama envía a Ábalos la ubicación del Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao’an. En esa infraestructura china operan vuelos públicos y comerciales. También sirve como hub de mercancías y al año salen más de medio millón de toneladas de carga desde este aeropuerto. Los mensajes están fechados en el año 2020 y se enviaron a última hora de la tarde. 

Las mascarillas llegaron a España y, en algunos casos, eran defectuosas. Tanto es así, que existe un procedimiento abierto en el Tribunal de París en el que se investiga un pufo de tres millones de euros de mascarillas vinculadas a la trama. También se entregó material anómalo al Gobierno de las Islas Baleares y cuya reclamación millonaria trató de evitar la trama gracias a sus contactos con la Administración socialista. 

La declaración

José Luis Ábalos intentó desvincularse de estos negocios en el Tribunal Supremo aludiendo a que su interlocutor en los contratos de mascarillas era su entonces subsecretario. Las conversaciones, sin embargo, revelan que era él mismo el que se encargaba directamente de controlar, a través de su teléfono personal, cómo llegaba este material. Se le preguntó en sede judicial si tuvo que hacer alguna gestión como que Iberia tuviese que involucrarse, a lo que contestó que desconocía si se llegó en los plazos.  

En otro momento de la declaración, Ábalos siguió su estrategia de marcar distancias con los negocios de la trama y dijo que no dio la orden de que se contratase a Soluciones de Gestión. Esta empresa es la principal compañía investigada en la trama al adjudicarse 53 millones de euros de distintas Administraciones Públicas.

«No entré en nada, había mucha ansiedad por conseguir material, era consciente de que en ese ámbito tan flexible de declaración podría ser un nicho de irregularidades», dijo ante el instructor. La conversación revela que era él mismo el que estaba en contacto con Aldama, que era la persona que iba a traer las mascarillas. 

Ábalos en el Supremo

La Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, comenzó a investigar el pasado mes de febrero la trama de mascarillas. A raíz de las averiguaciones, el instructor elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo para pedir que se investigase a Ábalos en su condición de aforado al ser diputado del Congreso. El Alto Tribunal acogió la causa y se nombró instructor a Leopoldo Puente, juez de la Sala de lo Penal.

El magistrado escuchó el pasado 12 de diciembre a Ábalos en la sala de vistas. Días después se produjeron las declaraciones de su ex asesor Koldo García y de Víctor de Aldama. Una vez terminada la batería de testificales, el juez ha acordado solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad parlamentaria del exministro al apreciar «indicios bastantes» de la comisión de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

El auto recoge que Ábalos «prevaliéndose de su condición de ministro y a cambio de determinados beneficios económicos que obtuvo por ello para sí, determinó la adjudicación de varios contratos de la administración pública o del sector público institucional con empresas privadas, en el marco de la situación de emergencia determinada por la pandemia del Covid-19, en particular relativos a la adquisición, por vía de urgencia y emergencia, de material sanitario, mascarillas, trajes especiales y laboratorios para identificar vestigios de la enfermedad».