Diplocat dio 565.000 € a una entidad ligada al asesino Carles Sastre y a un diputado del PDeCAT

El consorcio de diplomacia pública de la Generalitat, Diplocat, ha financiado de forma irregular con 565.000 euros a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR) para pagar sus gastos de asistencia a encuentros y foros en el extranjero.

El Tribunal de Cuentas ha determinado que estas subvenciones, otorgadas entre 2012 y 2017, se tramitaron vulnerando la Ley, por lo que los 565.000 euros deben ser devueltos a las arcas públicas de la Generalitat. La FOCIR integra a medio centenar de asociaciones catalanas de distintos ámbitos (desde la abogacía a los excursionistas y las corales de jubilados) con presencia internacional.

Entre los siete miembros de su junta directiva se encuentra un representante del sindicato indepedentista Intersindical CSC que dirige el terrorista de Terra Lliure Carles Sastre, quien fue condenado a 48 años de cárcel como autor material del asesinato del empresario José María Bultó.

Otro de los puestos en la junta directiva de la FOCIR corresponde a la Plataforma per la Llengua, la asociación financiada por la Generalitat que espía a los niños en el patio del colegio para saber qué lengua hablan y pide el boicot contra las empresas que no etiquetan en catalán.

Se quedaron el dinero del Tercer Mundo

Aunque teóricamente la FOCIR es una organización apolítica, tras recibir 565.000 euros de la Generalitat ha convocado actos a favor del proceso de independencia de Cataluña como las jornadas sobre «La diplomacia de la Cataluña Estado: Nuevos horizontes», celebradas en Barcelona en marzo de 2017. El acto fue inaugurado por el propio secretario general de Diplocat, Albert Royo.

Cuando fueron concedidas las subvenciones, también formaba parte de la junta directiva de la FOCIR el periodista Francesc de Dalmases, hoy diputado autonómico de Junts per Catalunya (PDeCAT) y amigo personal del presidente Quim Torra.

Como ha informado OKDIARIO, Francesc de Dalmases ha sido uno de los máximos responsables de la Fundación CATMón, que recibió otros 550.000 euros en subvenciones de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona.

De hecho, Francesc de Dalmases y el ex presidente de la Fundación CATMón, Víctor Terradellas, están imputados en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona por desviar a sus propios bolsillos parte de los 230.000 euros que la Diputación de Barcelona les concedió como ayudas al desarrollo del Tercer Mundo.

Hay que devolver las ayudas

El Diplocat concedió a dedo a FOCIR subvenciones que suman 565.000 euros, mediante sucesivos convenios firmados entre 2012 y 2017. La Generalitat ha alegado que las ayudas se aprobaron sin libre concurrencia porque la FOCIR «es la única entidad que aglutina a las organizaciones catalanas que son miembros de organizaciones de ámbito internacional y promociona la presencia de dirigentes catalanes en los órganos directivos de las organizaciones internacionales».

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha detectado numerosas irregularidades en la tramitación de estas ayudas, destinadas teóricamente a pagar los gastos de viaje y desplazamiento de las asociaciones integradas en FOCIR para acudir a eventos internacionales.

De los 565.000 euros públicos concedidos, la FOCIR se quedó 103.000 euros en concepto de «costes de gestión» y el dinero restante fue a parar a sus organizaciones asociadas. Según el Tribunal de Cuentas, la concesión de este tipo de subvenciones no entra en las competencias reconocidas en los estatutos del Diplocat.

Pero además las bases de las subvenciones otorgadas en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 fueron redactadas por la propia beneficiaria de las ayudas, FOCIR, en lugar de por el Diplocat. Este organismo de la Generalitat no ha sido capaz de aportar al Tribunal de Cuentas los justificantes que acrediten cómo se gastó el dinero concedido en subvenciones.

El ‘cerebro’ del Diplocat está imputado

Tampoco ha podido aportar los informes que acrediten que los destinatarios finales de las ayudas (las asociaciones integradas en FOCIR) cumplieran los requisitos exigidos y estuvieran al día en sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

De la cantidad total abonada, deberían haber sido devueltos al Diplocat 31.274 euros porque no se destinaron a los fines previstos, pero el organismo de la Generalitat tampoco ha acreditado que así sucediera.  Para intentar ocultar estas irregularidades, el Govern de Torra ha alegado que se ha perdido parte de la documentación, debido a que el Gobierno de Rajoy ordenó cerrar el Diplocat durante la aplicación del artículo 155.

El ex secretario general del Diplocat, Albert Royo, está imputado en el juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona porque autorizó un gasto de más de 600.000 euros para comprar tres grupos de observadores internacionales del referéndum del 1-O, y luego mintió al Ministerio de Hacienda y a la Guardia Civil para ocultarlo.