Detectan otros 77.000 € en 16 adjudicaciones al margen de la ley del alcalde socialista de Ferrol

• Ángel Moya @AngelMoyatv
• Periodista en activo desde 1994, especializado en información de sucesos y actualidad. En OKDIARIO desde el año 2018. Fui redactor del Diario de Las Palmas, pasé por los Informativos de Telecinco, me ocupé de sucesos en Telemadrid hasta el 2006, fui prescriptor en plató de sucesos y actualidad para Las Mañanas de Cuatro y el Programa de Ana Rosa hasta el año 2019 y desde entonces colaboro con TVE. Desde hace dos años, también me puedes escuchar en el programa Por Fin de Onda Cero en la sección "De buenos y malos". Coautor de los libros "Los reyes latinos", "Red de mentiras" y "Tras el muro".
• • 05/05/2023 06:59
  • Actualizado: 05/05/2023 08:55

La denuncia interpuesta por prevaricación contra el alcalde socialista de Ferrol, Ángel Mato, detectó otros 77.000 euros en 16 adjudicaciones al margen de la ley que fueron aprobadas por votación del pleno municipal. A esta cifra habría que sumar los 166.327 euros en facturas que incumplían la normativa y que el regidor aprobó por decreto. En total, la documentación que obra en poder de la juez del caso ya suma un total de 30 facturas cuyo pago rechazaron los interventores del ayuntamiento porque no cumplían la normativa legal, pero fueron aprobadas vía plenaria o vía decreto de Alcaldía, pagándose la cifra total de 243.000 euros por servicios prestados al consistorio en cuatro meses de los años 2022 y 2023.

Según estos datos en poder del Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol, el pasado mes de febrero de 2023, el alcalde Ángel Mato llevó a su aprobación en pleno un total de 16 reconocimientos extrajudiciales de crédito para un número similar de facturas por valor de casi 77.000 euros. Se trata de facturas de servicios prestados para fiestas y eventos siempre de la misma consejería, la Consejería de Cultura. Las más antiguas son de octubre de 2022 y las últimas del mes de enero de 2023. Todas esas facturas habían sido catalogadas como irregulares por los interventores municipales, ya que no tenían expediente o directamente no se habían presupuestado antes de encargar los servicios, así que suspendieron su pago. Sin embargo, el Ayuntamiento las llevó al pleno municipal y allí se aprobaron para su abono inmediato.

Por otro lado, como ya adelantó OKDIARIO, el alcalde recurrió a la vía rápida para aprobar otras 14 facturas irregulares mediante la fórmula del Decreto de Alcaldía.

La Intervención Municipal también rechazaba pagar estas facturas porque estaban fraccionadas, no habían sido presupuestadas con anterioridad o ni siquiera tenían un expediente asignado. La respuesta del alcalde de Ferrol fue saltarse el veto de los interventores y pagar los contratos por decreto. Según la documentación que obra en poder del juzgado, el alcalde lo hizo en al menos tres ocasiones.

En la primera tanda del 4 de julio de 2022, el regidor aprobó por decreto seis contratos valorados en 67.113 euros. El 12 del mismo mes, aprobó de la misma forma el pago de 18.327 euros a una empresa por el desmontaje de la carpa de las fiestas en el centro de Ferrol. En la última tanda, Ángel Mato aprobó por decreto y en contra de la opinión de la Intervención Municipal, otros seis contratos más que sumaban un total de 80.886 euros. Así se alcanzó la cifra de 166.327 euros.

Ahora, sumadas estas facturas a las aprobadas en el Pleno, el recuento arroja que los interventores municipales rechazaron pagar 30 facturas por irregularidades en su procedimiento, pero el Ayuntamiento de Ferrol se saltó el veto aprobándolas por Decreto de Alcaldía o por votación en pleno hasta sumar 243.000 euros.

En total, el alcalde de Ferrol consiguió aprobar el pago de 30 facturas irregulares, aunque los denunciantes aseguran que la cifra de facturas comprometidas llegan a 60 y el Ayuntamiento llegó a pagar cientos de miles de euros. El caso está en manos del juzgado que ha abierto diligencias al entender que «los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa».