El fallo de Nóos listo tras limar las críticas a la Zarzuela: Cristina se libra y 7-8 años para Iñaki

La intención de una de las magistradas de incluir en la sentencia varios párrafos que censuran la actuación de la Casa Real ha demorado el fallo del caso Urdangarin. Tras zanjar este tira y afloja entre las tres magistradas que integran el tribunal (Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín), el texto definitivo de la sentencia podría darse a conocer en los próximos días, según las fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) acordó el pasado mes de noviembre otorgar al tribunal presidido por Samantha Romero un plazo adicional de tres meses para dictar la sentencia del caso Nóos, con carácter «improrrogable y excepcional». Este plazo concluye el próximo mes de marzo.

Además de la complejidad del sumario, esta demora se ha debido en buena medida a las discrepancias existentes entre las tres magistradas sobre las penas que se impondrán a los principales imputados. Desde un primer momento, el sector mayoritario de la Sala (formado por Samantha Romero y Eleonor Moyà) ha sido partidario de imponer a Iñaki Urdangarin una pena de entre siete y ocho años de cárcel, sensiblemente inferior a los 19 años y medio que pedía para él el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach.

Para ello, las magistradas eximirían a Urdangarin de la acusación de prevaricación y de uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública, además de revisar a la baja la calificación de su delito de estafa. En cuanto a la infanta Cristina, también se ha impuesto el criterio de imponerle tan sólo una pena de multa, como partícipe a título lucrativo de los delitos fiscales cometidos por su marido. La hermana del Rey Felipe VI en ningún caso llegaría a pisar la prisión.

Una sentencia «política»

La tercera magistrada, Rocío Martín (hija del ex concejal de IU en Calvià Anselmo Martín) encontraba insuficientes estas penas, aunque ya se ha plegado al criterio de la mayoría. Pero las discrepancias entre los miembros del tribunal no se quedan aquí. Según las mismas fuentes, Rocío Martín pretendía introducir en el borrador de la sentencia –redactado por la presidenta del tribunal como ponente– varios párrafos en los que ponía en entredicho la actuación de la Casa Real.

Para ello, daba crédito a la declaración de los principales imputados que, durante el juicio, utilizaron a la Casa Real como pararrayos para eludir su propia responsabilidad. Desde el banquillo de los acusados, el ex socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, señaló que la Casa Real realizaba un “control total” a las actividades del Instituto Nóos: «No decidíamos nada sin su consentimiento», afirmó.

Del mismo modo, tanto Iñaki Urdangarin como la propia Cristina de Borbón coincidieron en señalar que consultaban todos sus pasos con el secretario de las infantas, Carlos García Revenga.

Acogiéndose a estos testimonios, la magistrada Rocío Martín incluyó en el borrador de la sentencia varios párrafos en los que aludía a la responsabilidad de la Casa Real, que a su juicio conocía las actividades delictivas de Iñaki Urdangarin y no supo pararle los pies a tiempo.

Revés para el fiscal Horrach

Sin embargo, las otras dos magistradas se han negado a aceptar esta enmienda al texto y han alegado que se trata de consideraciones con una carga política que escapa por completo a las competencias del tribunal, cuya tarea debe limitarse a juzgar la actuación de los 18 acusados que se sentaron en el banquillo.

Con todo, las fuentes consultadas señalan que estas discrepancias ya han quedado zanjadas y la sentencia podría darse a conocer en los próximos días. Se habría impuesto finalmente el criterio según el cual se impondrá a Iñaki Urdangarin una pena de entre siete y diez años.

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach solicita para él una pena de 19 años y medio de cárcel por los siguientes conceptos: un delito continuado de malversación en concurrencia con los delitos de prevaricación y falsedad documental (6 años de cárcel), un delito continuado de fraude a la Administración (dos años), un delito continuado de estafa (tres años y medio), dos delitos fiscales (tres años por cada uno de ellos) y un delito de blanqueo (dos años de cárcel y multa de 2,4 millones).

La atenuación de varios de estos delitos, atendiendo a los argumentos jurídicos expuestos por las defensas, hará que la condena de Urdangarin no supere los diez años de cárcel, señalan las mismas fuentes.

El palacete de Jaume Matas

En cuanto a la infanta Cristina, sólo está acusada por el sindicato Manos Limpias, que solicita para ella una pena de ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de los delitos fiscales cometidos por su marido a través de Aizoon, la sociedad de la que ambos socios al 50%.

Sin embargo, tras la detención del presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, acusado de extorsiones, algunos dan por amortizada la actuación del sindicato en el juicio del caso Nóos. El tribunal parece decidido a imponer tan sólo una multa a la infanta Cristina, que ya habría quedado cubierta con las cantidades que aportó para afrontar su responsabilidad civil.

Además de las penas de cárcel citadas, el fiscal Horrach pide una multa de 980.777 euros para Iñaki Urdangarin (por las cuotas defraudadas en los ejercicios 2007 y 2008 a través del IRPF) y otra de 1,1 millones para Diego Torres. Ambos están acusados de apropiarse de 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas (el Govern balear, las instituciones valencianas y el Ayuntamiento de Madrid).

En cuanto al ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, ya en sus conclusiones finales el fiscal Horrach rebajó sensiblemente la solicitud de pena para él, de 11 a 5 años de prisión. Para ello, alegó que ha colaborado con la Justicia y ha intentado reparar el daño causado, al depositar los 865.000 euros que obtuvo con la venta de su palacete. Jaume Matas (que ya cumplió una pena de nueve meses en el centro penitenciario de Segovia) está acusado de malversación y fraude en esta causa.

Penas mínimas para la rama valenciana

Durante el juicio, el ex director general de Deportes del Govern, Pepote Ballester, aseguró que los convenios y contratos se adjudicaron al instituto Nóos saltándose todos los controles legales por decisión expresa de Matas.

Por último, las mismas fuentes señalan que el tribunal impondrá penas que rondan los dos años de cárcel para los principales imputados de la rama valenciana del caso Nóos: Alfonso Grau (ex vicealcalde de Valencia), Luis Lobón (ex secretario de Turismo de la Comunidad Valenciana), José Manuel Aguilar (ex director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias) y Jorge Vela (ex director del Instituto Valenciano de Finanzas).