Uribe: «El nuevo pacto con las FARC divide a los colombianos y estimula a otras bandas criminales»

Colombia no sale de su asombro. Rechaza un acuerdo con unos narcoterroristas en plebiscito y el Gobierno lo remoza a escondidas de la opinión pública para aprobarlo por la vía de urgencia en el Parlamento. El presidente escenifica reuniones con los partidos opositores en busca de un gran «Acuerdo Nacional para la Paz» y entretanto sella modificaciones cosméticas con los jefes de los asesinos. Juan Manuel Santos, flamante Nobel de la Paz, ha asestado «un golpe a la democracia» colombiana, según su antecesor en el cargo, Álvaro Uribe: «Estudiaremos en los próximos días un conjunto de acciones de apelación al pueblo en las calles», anuncia el hoy senador y líder del Centro Democrático (CD).  

La campaña del NO en el plebiscito del pasado 2 de octubre sufrió todo tipo de impedimentos. Recibió mucha menos financiación que la del SÍ, fue silenciada por los medios oficiales y marginada en los privados, y además vio cómo Santos vinculaba en los mítines políticos la victoria en las urnas de su acuerdo con las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a las inversiones futuras en las zonas más deprimidas del país. «Incluso dijo que subiría impuestos, porque la guerra es más cara que la paz», recuerda Uribe. Aun así, el NO ganó en el recuento, si bien por un estrecho margen.

Ahora, «el Gobierno pretende engañar a la ciudadanía culpando de la violencia a quienes no aprobamos su acuerdo de impunidad con la FARC», según el ex presidente. Sin embargo, en su opinión, «los mayores riesgos de violencia» hay que buscarlos en la responsabilidad del Gobierno Santos. «El abandono de la seguridad», desalojando al Ejército de enormes zonas selváticas, «el desmonte de la cooperación ciudadana», a la que se niega la voz olvidando su decisión en las urnas, «la desmotivación de las Fuerzas Armadas», que se sienten equiparadas a los narcoguerrilleros en el tratamiento que le dan los textos acordados, y sobre todo, «el crecimiento desmesurado del narcotráfico, la impunidad concedida a las FARC, a sus disidentes, al ELN, y a las más de 3.500 bandas criminales» que operan en el país.

Teme Uribe que las incipientes negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se vean contaminadas por la refrendación parlamentaria de un acuerdo con las FARC que les otorga tantas ventajas que «estimula el crimen impune cometido por el ELN, las bandas criminales y otros». Y es que, sabiendo que unos extorsionadores, asesinos y narcotraficantes que durante 52 años han causado más de 230.000 muertes, cuatro millones de desplazados y 45.000 desaparecidos salen tan bien parados de su desafío al Estado democrático colombiano, «ellos no querrán menos».

Sin cambios sustanciales

Los portavoces del NO, que representan a una mayoría de colombianos que rechazaron el primer acuerdo, alegan que el nuevo texto no ha logrado verdaderos avances en los puntos «fundamentales para la democracia» que los llevaron a rechazarlo. «El Gobierno mantiene los acuerdos elevados al nivel constitucional; sigue la total impunidad o penas simbólicas para los delitos de lesa humanidad; se persiste en la creación  de una Justicia paralela a la medida de los intereses de la FARC; y se considera», como antes de la renegociación, «al narcotráfico como conexo con el delito político, por ende sin sanción doméstica, sin extradición y con elegibilidad política».

Éstas y otras  son las razones del comunicado emitido en la madrugada de este miércoles por Álvaro Uribe, quien de la mano del también ex presidente Andrés Pastrana y del ex procurador general de la República, Alejandro Ordóñez, lideró la campaña del NO. Mantienen su rechazo al nuevo texto, «no obstante que hemos reconocido que en otras materias hubo avances».

El lamento de Uribe se sustancia en dos aspectos, compartidos por el del común de los colombianos que votaron contra la impunidad de las FARC. Por un lado, que se les haya engañado con reuniones que parecían tender hacia ese «Pacto Nacional para la Paz para acordar las modificaciones» mientras se negociaba en La Habana con Timochenko –hoy en Bogotá para firmar el texto definitivo– y el resto de líderes terroristas. «La implementación no permitirá corregir los errores fundamentales, que se constituyen en un mal ejemplo para el futuro del país».

Y por otro, «el golpe a la democracia» que supone huir de la votación popular para aprobar por la puerta de atrás el nuevo acuerdo.»Se sustituye por la aprobación del Congreso, asegurada por las mayorías de que dispone el Gobierno», apunta el líder del CD. «El Gobierno prefirió la imposición que divide a los colombianos que el Pacto Nacional que crearía aproximaciones», diagnostica Uribe, que concluye: «Invitamos a los ciudadanos a persistir en la lucha, que es por el futuro de la democracia».